Jaime Guerrero
Oaxaca, Oax.- Con 34 votos a favor, la LXV Legislatura del Congreso de Oaxaca hizo historia en la defensa de los derechos de las mujeres y las infancias, al aprobar una reforma a siete artículos de la Constitución, para restringir el acceso a cargos públicos y de elección popular a personas condenadas por violencia familiar, delitos sexuales y no estar inscrito como persona deudora alimentaria morosa en cualquier registro oficial a menos que acredite estar al corriente del pago, cancele en su totalidad la deuda o bien, tramite el descuento pertinente ante las instancias que así correspondan.
La iniciativa expone que esta limitante sea vinculante para las y los servidores públicos pertenecientes a la Administración Pública Estatal, integrantes del Poder Judicial del Estado –jueces, secretarios y magistrados–, así como las personas titulares e integrantes de los órganos constitucionalmente autónomos.
Entre los órganos autónomos estatales, destaca el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca; la Auditoría Superior de Fiscalización; la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; el Tribunal de Justicia Administrativa; el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno, así como la Fiscalía General del Estado –incluyendo a ministerios públicos, policías investigadores, facilitadores, entre otros–.
Asimismo, se contempla que este requisito sea exigible para las personas que deseen postularse como diputados o diputadas locales. También, para las personas integrantes de los ayuntamientos en los 570 municipios del estado.
Se prevé que la presente modificación, sea vinculante únicamente a partir de las oficinas y todos los niveles burocráticos superiores.
El dictamen emana de las iniciativas presentadas por las diputadas, Mariana Benítez Tiburcio, María Luisa Matus Fuentes, Lizbeth Anaid Concha Ojeda del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Yesenia Nolasco Ramírez, Haydee Irma Reyes Soto, del Grupo Parlamentario de Morena; Antonia Natividad Díaz Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz; del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Ysabel Martina Herrera Molina, Minerva Leonor López Calderón del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Eva Diego Cruz y Gabriela Pérez López del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Adriana Altamirano Rosales del partido Nueva Alianza y Xóchitl Jazmín Velázquez Vásquez del Partido Unidad Popular, Concepción Rueda Gómez y Melina Hernández Sosa.
Así como la presentada por el Gobernador, Salomón Jara Cruz, de cuya propuesta se centró la reforma constitucional.
Rueda Gómez destacó que las nuevas disposiciones también incluyen a las personas que aspiren a ocupar un cargo en las Secretarías del gobierno estatal, en órganos auxiliares o en el servicio público dentro de los municipios de la entidad.
La legisladora señaló que con ello se busca moralizar el servicio público en Oaxaca: “Un deudor, violentador y acosador difícilmente será un buen servidor público”, expresó.
Bajo la consigna “Ningún agresor en el poder”, Benítez Tiburcio destacó que la sociedad demanda que las y los servidores públicos que accedan a cargos de decisión no sean agresores de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Y es que dijo que los delitos de violencia familiar tienen mayor incidencia delictiva en el país y en Oaxaca, tan es así que, en 2022 se iniciaron 7083 carpetas de investigación por violencia familiar en Oaxaca; y por violencia sexual manifestada en delitos de violación, abuso y hostigamiento sexual, entre otros, se iniciaron 1625 carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado.
“Como Estado no podemos permitir que personas que conciben el poder de esta forma arbitraria y violenta, sobre todo contra las mujeres y la niñez, accedan a cargos de decisión. Con esta reforma el Estado de Oaxaca envía un mensaje a la sociedad de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y la niñez”, advirtió.
Respecto al requisito de no ser persona deudora alimentaria morosa, celebró que el gobernador Salomón Jara, como aliado de las mujeres, haya reforzado ese último requisito en su iniciativa presentada el pasado 1 de febrero.
Benítez Tiburcio aclaró que la reforma no restringe de forma absoluta la libertad de acceso a un cargo público, sino que eleva los costos jurídicos de demorar en el pago de alimentos, ya que bastará con que el deudor alimentario se ponga al corriente con el pago de alimentos para acceder al cargo público.
En la exposición de motivos, se establece el compromiso para garantizar el Interés Superior de las Niñas, Niños y Adolescentes, respecto al derecho alimenticio como seguridad a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
Asimismo, esta reforma en el ámbito de la vinculación con el interés superior de la niñez, se apoya de facto en la obligación de los progenitores para lograr el desarrollo integral y holístico del niño, niña y adolescente.