Va Jara contra abogado integrante del “Cártel del Despojo”

Jaime Guerrero

Oaxaca, Oax.- El gobernador Salomón Jara Cruz sentenció al polémico abogado señalado de múltiples actos de corrupción, fraude y despojo de propiedades en colusión con notarios, Enrique Toro Ferrer: “Que se prepare. Nos declaró pelea legal, pero la vamos a dar bien y se tiene que aguantar”.

Al fijar posicionamiento a las versiones de procesos jurídicos contra el decreto de expropiación de la exfábrica de triplay y el polígono de Punta Colorada en la región de la Costa que promueve el abogado –señalado por el mandatario de pertenecer al llamado “Cártel del Despojo”– informó que es falso que exista una suspensión ordenada por una autoridad jurisdiccional federal contra la expropiación del complejo de la exfábrica.

Refirió que un ciudadano “anónimo” que “viene de Toro Ferrer”, presentó una demanda de amparo contra el decreto de expropiación, ostentándose como propietario de una parte de ese predio.

No obstante, el pasado 19 de septiembre de 2023, el juez Cuarto de Distrito desechó la demanda por causa de improcedencia, de forma extemporánea.

Tras el desechamiento, Toro Ferrer interpuso a través de otra persona, un recurso de queja y el 19 de enero de este 2024, el Tribunal Colegiado resolvió que, aún cuando el amparo fue presentado de manera extemporánea, debe admitirse a trámite la demanda.

De acuerdo a Jara Cruz, están a la espera de ser notificados del juicio de amparo.

En medio del litigio, el gobernador reveló que Toro Ferrer ha buscado acordar en los casos de la exfábrica de Triplay y de Punta Colorada, en donde tiene metidas las manos.

“Dice que Punta Colorada es la mitad de él. Igual que la exfábrica de Triplay. Ya lo estamos investigando. Estábamos esperado que hiciera esto (las demandas de amparo), ahora ya no nos vamos a detener. Vamos a ir más en serio de lo que se espera”, le advirtió al polémico abogado.

“No quiere dejar trabajar, vamos a seguir trabajando nosotros. No vamos a permitir que Toro Ferrer y todo ese trabajo de corrupción que hizo, durante muchos años porque fue protegido en pasados sexenios”, recalcó.

En el caso del polígono de Punta Colorada, informó que el Juzgado Sexto de Distrito concedió una suspensión definitiva contra actos de autoridad, en virtud de que un grupo de ciudadanos presentaron una demanda de amparo en la que está detrás Toro Ferrer contra la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Semarnat, la Presidencia de la República, el Ayuntamiento de Santa María Colotepec y de San Pedro Mixtepec, así como dependencias del Gobierno del Estado.

Toro Ferrer reclama la omisión de verificar y velar por el derecho humano a un medio ambiente sano.

“Cuándo se interesa el Toro Ferrer en el medio ambiente y los que están demandando. Nunca”, criticó Jara Cruz.

Refirió que Toro Ferrer, también reclama la inminente expedición, autorización, visto bueno u otorgamiento de cualquier permiso licencia, visto bueno que tengan por objeto el permitir el desarrollo de cualquier proceso constructivo en la playa y zona de Punta Colorada en detrimento de la flora y fauna de la zona.

Criticó entonces que Toro Ferrer y sus socios sí se puedan quedar con las tierras, expropiar y no pase nada para poder construir, hacer hoteles y viviendas.

“Son hipócritas”, asestó Jara Cruz.

De acuerdo al gobernador, a la fecha ni en Gubernatura, ni en Consejería Jurídica tienen registro de notificaciones. “No hemos recibido nada, ni sello ni firma ni nada”.

Criticó que por “mensajería (por instrucciones de Toro Ferrer) pusieron a una persona en la calle para que lo recibiera”. Esa acción la calificó como una “chicanada jurídica”.

Advirtió entonces a Toro Ferrer: “Que se prepare. Nos declaró esta pelea legal, pero la vamos a dar bien y vamos a dar conocer la próxima semana, todo lo que hizo. Ya investigamos y se tiene que aguantar”.

Jara Cruz reveló que Toro Ferrer ha ido a pedir con intermediarios que deja una parte de Triplay a cambio de Punta Colorada.

El mandatario refirió que cuando rindieron el informe justificado ante los órganos jurisdiccionales, negando los hechos porque no hay actos de autoridad, ya que jurídicamente no existe al día de hoy algún acto, sólo expresiones de la necesidad de desarrollar un proyecto que sirva para atender la demanda de servicios en Puerto Escondido.

Admitió que su gobierno pretende sanear las aguas negras y trabajar, sin embargo, Toro Ferrer no lo va querer permitir; por tanto, “no nos vamos a quedar cruzados de brazos”, sentenció.

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