Adrián Ortiz Romero Cuevas 

Sin preguntarle a nadie, y sin considerar la más mínima ponderación entre la estratagema del progresismo frente a los derechos de los habitantes de la capital oaxaqueña, el edil Francisco Martínez Neri decidió convertir el Paseo Juárez en un espacio “amigable” para la gente que desea fumar mariguana en la vía pública. Pensando en que esto lo ubicaba como un gobernante de avanzada, desdeñó no sólo a los niños y las familias oaxaqueñas que usan ese espacio público como zona de recreación y esparcimiento, sino también a la ley.

En efecto, en abril pasado el Edil citadino emitió una autorización —que no hizo del conocimiento previo del Cabildo, y que por ende éste no avaló— para que en el parque El Llano se permitiera que las personas que desearan consumir mariguana lo hicieran libremente, con el único límite de que no afectaran a terceros. Esto, seguramente emulando al gobierno morenista de la Ciudad de México que también ha dado su anuencia para que en ciertos espacios abiertos se pueda consumir dicho producto sin restricción, a partir del hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que el uso lúdico de la mariguana no es ilegal, y que por ende las personas pueden hacerlo sin reserva alguna.

En todo esto, el problema es que tanto el Gobierno de la Ciudad de México como el municipal de la capital oaxaqueña, han malentendido el sentido de la resolución de la Suprema Corte. Pues si bien el Alto Tribunal consideró que el uso lúdico de la mariguana no contraviene la ley y que, por ende, las personas no pueden ser perseguidas ni criminalizadas por poseer la cantidad necesaria para su consumo o —literalmente— por fumarla, lo cierto es que con esa declaratoria la Corte no dijo que su uso está ajeno a la regulación y, a la luz de un concepto denominado “parámetro de control de regularidad constitucional”, queda claro que el derecho que tienen las personas a fumar mariguana, o cualquier otro producto como el tabaco, no los exime —ni a ellos ni a la autoridad— de considerar y respetar los derechos de los demás. ¿A qué nos referimos?

A que por un lado está la posibilidad libre de las personas para fumar mariguana, el cual se funda en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; pero frente a ello se encuentran otros derechos como el de la salud, la recreación, el deporte y la cultura, así como con relevancia los derechos de la niñez —que están considerados como de interés superior para la sociedad, tanto en la legislación nacional como en la internacional— así como el derecho que tienen todas las personas a vivir y convivir en espacios libres de contaminantes.

Y es que, aunque pareciera que la disposición emitida por el Edil citadino para que el Parque El Llano fuera un espacio amigable con los consumidores de mariguana, y con ello envolverse en un halo de progresismo con el que intentan suplir y esconder diversas insuficiencias de la gestión municipal, lo cierto es que todo esto es una estratagema. La Corte definió como legal el consumo de la mariguana, pero con ello no le dio carta abierta para que su consumo sea libre en cualquier espacio.

Ello no ocurre hoy ni siquiera con el tabaco, que es el producto fumable más usado por la gente, y que además de ser cada vez más rechazado socialmente hoy su consumo está sujeto a fuertes regulaciones en espacios abiertos y cerrados en los que conviven más personas. Por ello, suponer que las regulaciones del tabaco no son de inicio equiparables frente a la mariguana, no sólo constituye un error, sino que deliberadamente es un desprecio a su propia figura como autoridad, y a la inteligencia e integridad de la ciudadanía.

LA AUTORIDAD, FUERA DE SÍ

Lamentablemente, el Parque El Llano hoy es zona de encuentro para fumadores de mariguana que han aprovechado la artimaña municipal de autorizarles ese espacio público para consumir dicho producto. Lo hacen, ejerciendo su derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero en medio de niñas y niños que ocupan también ese espacio para aprender a patinar, para montar bicicleta, para bailar, o simplemente para jugar; lo hacen frente a familias y personas de la tercera edad que acuden a ese lugar a ejercitarse; o a familias que van a respirar aire fresco; a pasar la mañana o la tarde entre los árboles y las fuentes del parque o, lo que es tradicional, a comer un elote o un esquite.

Así, los fumadores de mariguana pueden hacerlo libremente en sus domicilios, pero la autoridad dio un brinco equivocado, precipitado e irreflexivo, y les autorizó la utilización de dicho espacio sin tener ninguna atribución para dicho efecto. ¿Quién regula el uso de la mariguana? La Corte dijo que el uso debe ocurrir previo a la obtención de un permiso emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; y que su uso estaba restringido a no causar ningún tipo de molestias a terceros. Y si bien la autoridad municipal es la constitucionalmente encargada de la regulación de parques y jardines, también es cierto que su potestad tiene como límite no causarle molestias o amenazar la integridad o los derechos de las demás personas.

Y lamentablemente pareciera que el gobierno de la capital está aprovechando el desánimo ciudadano frente a la propia autoridad. Los oaxaqueños hemos visto cómo la ciudad continúa en un franco proceso de deterioro sin que nada ni nadie pueda o quiera detenerlo; que la connivencia —la complicidad, pues— entre autoridades y exautoridades municipales es a tal nivel, que los antecesores dejaron a la capital desfondada y desmantelada, y la autoridad actual no ha movido un dedo para perseguirlos, que por eso pareciera que los oaxaqueños ya perdieron la confianza en la autoridad y en la ley.

Pues cometer tal despropósito como convertir en un espacio recreativo y familiar para los niños y las familias, en un espacio “friendly” para el consumo de mariguana, implica diversos riesgos y afrentas que la autoridad municipal debía ver con más seriedad. La posesión de mariguana y su consumo son legales, pero no la venta. Y el riesgo que corre la ciudadanía es tener que convivir no sólo con consumidores sino también con vendedores del producto que, ellos sí, realizan una actividad ilegal. Y a nadie le gustaría que luego de batallar tanto para que sus hijos o familia dejaran de ser fumadores pasivos de tabaco, ahora lo sean inopinadamente, pero de mariguana.

Francisco Martínez Neri debería ver con seriedad este asunto y tomar medidas para evitar que este espacio público deje de ser familiar y recreativo. Debe ponderar por encima de sus engañosos anhelos progresistas, los derechos de los niños y de las familias.

Quizá el Edil no lo sabe o deliberadamente no lo recuerda, pero el octavo párrafo del artículo 4 de la Constitución federal dice a la letra: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.” 

Por encima de cualquier suposición, es obligación del Edil de la capital oaxaqueña cumplir con este mandato constitucional.

EPITAFIO 

La ciudadanía se quedó sola ante la sinrazón. Y si la autoridad municipal está mal, queda claro que el Gobierno del Estado y la Federación están igual o peor, porque simplemente han esquivado el tema, cuando debía ser su obligación —igualmente constitucional—, exigirle a la autoridad municipal, incluso a través de una controversia ante la Corte, que revoque dicha autorización que pisotea los derechos de la niñez oaxaqueña.

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