* El mecanismo de seguimiento pondrá atención en las contrataciones realizadas por los gobiernos federal, estatales y municipales, así como instrumentos internacionales que México utiliza

* TMX informará regularmente sobre los niveles de transparencia con los que se adquieren vacunas y tratamientos para la emergencia sanitaria

Ciudad de México.- Ante la decisión del Gobierno Federal de autorizar la gestión y compra directa de vacunas por parte de entidades federativas y municipios, Transparencia Mexicana, la oficina en México de Transparencia Internacional, activó un mecanismo de seguimiento para contrastar los niveles de acceso a la información en la contratación de las vacunas. El mecanismo incluirá las adquisiciones que se realicen con recursos fiscales mexicanos a través de UNOPS, el Fondo Rotatorio de la OPS y COVAX.

En coordinación con la Iniciativa Global para las Contrataciones Abiertas (Open Contracting Partnership, OCP), Transparencia Mexicana analizará qué tan abiertas son las contrataciones del Gobierno Federal y las 32 entidades federativas del país para la adquisición de vacunas y tratamientos para enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-19.

Transparencia Mexicana consideró que sin perjuicio de los derechos de las empresas para proteger patentes y otras estrategias comerciales, se puede ampliar significativamente el nivel de transparencia y apertura gubernamental sobre el uso de recursos públicos invertidos en la adquisición de las vacunas y tratamientos.

Las decisiones que tomen la federación, los estados de la república y algunos municipios con capacidad financiera para adquirirlas, excederán el periodo de emergencia sanitaria. Lo decidido por autoridades federales y estatales afectará no sólo la compra de la aplicación inicial y refuerzos. Muy probablemente se convertirá en una compra sistemática y recurrente del Estado mexicano para la próxima década.

Transparencia Mexicana establecerá comunicación con autoridades federales, estatales y municipales, así como con órganos autónomos, para asegurarse que se cumpla cabalmente lo dispuesto en los artículos 6, 28 y 134 constitucionales, que norman la transparencia, las adquisiciones gubernamentales y la competencia económica en territorio nacional.