Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó dos nuevas órdenes de aprehensión en contra del expresidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, y de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

Autoridades judiciales confirmaron que las órdenes de aprehensión fueron libradas desde el 16 de septiembre por el juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, quien determinó que existen indicios suficientes para relacionar a la pareja con el grupo criminal Guerreros Unidos, acusado de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Además, el mismo juez libró una orden de aprehensión por el mismo delito y por el de desaparición forzada en contra Felipe Flores, secretario de Seguridad Pública del municipio durante la administración de Abarca.

El pasado 14 de septiembre, a ocho años de los acontecimientos en Iguala, se informó que un juez federal absolvió a Abarca por la desaparición de los estudiantes, pero este permaneció en la cárcel debido a que también tiene en su contra otros dos procesos penales, uno de ellos precisamente por delincuencia organizada y el otro por homicidio.

Las autoridades consultadas señalaron que las nuevas órdenes de aprehensión se derivaron de los trabajos de investigación realizados por la Comisión de Verdad para el caso Ayotzinapa. Estas también incluyen a cuatro integrantes de Guerreros Unidos.

Luego de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, autoridades del país señalaron directamente a Abarca como el principal responsable de ordenar el ataque policial que culminó con la desaparición de 43 estudiantes.

Por estas acusaciones, el exalcalde fue detenido el 5 de noviembre de ese año y enviado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde 10 días después un juez federal dictó en su contra auto de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada, secuestro de siete personas y homicidio calificado.

Luego de que la semana pasada se diera a conocer la absolución de Abarca, organizaciones civiles como Fundar y el Centro Prodh explicaron que la sentencia a favor del exalcalde se derivó de una acusación iniciada en 2014 por la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la cual “presentó numerosas irregularidades, incluyendo la práctica extensiva de la tortura”.

Por ejemplo, señalaron que fue incorrecta la tipificación del delito, pues este fue tratado como secuestro y no como desaparición forzada. Por esta razón, aseguraron que, más que ser responsabilidad del juez, la absolución fue culpa del trabajo realizado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR), que tuvo una serie de irregularidades en el proceso contra el exfuncionario.

Fuente: Agencia