Dicho recurso se interpuso, debido a que las modificaciones legislativas que se plantearon en el Decreto publicado crean condiciones que merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda.
En su recurso, la autoridad electoral considera que el citado Decreto contraviene el modelo de comunicación social y propaganda gubernamental establecido en el artículo 134 Constitucional, con lo cual se impide al INE ejercer su función de salvaguardar, entre otros principios, la imparcialidad y la equidad en la contienda.
Se reclaman diversas violaciones al proceso legislativo al haberse aprobado apresuradamente y sin cumplir todas las etapas y formalidades, lo que derivó en la falta de una debida discusión, transgrediendo el principio de democracia deliberativa. El grupo parlamentario de mayor representación en la Cámara de Diputados, en un evidente fraude a la ley, hizo suya la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para que se le diera trámite urgente y se le dispensaran todos los trámites legislativos correspondientes, por lo que ésta no fue turnada a comisiones para su respectivo dictamen.