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Jaime Guerrero

Oaxaca, Oax.- Bajo la legítima defensa de la propiedad y zonas naturales, la Asamblea Comunitaria El Coyul y la Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul, Oax., S. C., se disputan mil 400 hectáreas de tierras y playas para su posterior lotificación y venta con desarrolladores inmobiliarios.

Por un lado la Asamblea Comunitaria El Coyul denunció que la Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul desarrolló una fraudulenta asamblea ordinaria, el 26 de abril pasado, porque carece de cualquier legitimidad sobre las tierras pertenecientes a la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul, fundada en 1972 por los verdaderos propietarios de las tierras.

El objetivo es la fragmentación, lotificación y reparto de tierras privadas de uso colectivo, mediante un supuesto mecanismo de tómbola.

El plan sería orquestado por Alfredo Manuel Mena Alonso, a través de la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias Costa Istmo (Unecaci), con la colaboración de Joel Ricárdez López y Rigoberto Cruz Cartas, quien se hace pasar por presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul Oax., S.C., sin tener reconocimiento de los verdaderos socios.

Frente a ello, exigen a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una inspección urgente y a profundidad de la zona de Playa La Ensenada-Morro-Ayuta, la suspensión de actividades ilegales y el inicio de procedimientos administrativos y penales contra los responsables.

En contraparte, un grupo de la Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul denunció la usurpación realizada por Saúl Robles Aragón, Román Sosa Miñón, Rolando Sosa Cabrera, Fidencio Perea Avendaño, Santiago López, Ana Gabriela Sumano Domínguez, Mario Quintero, Gumersinda Sosa Miñón y Nicandro Guevara López, al hacerse pasar por integrantes de su sociedad.

Afirman que, Rigoberto Cruz Cartas, David Ruiz Castellanos y José de la Cruz Sosa (presidente, secretario y tesorero de la Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul), fueron denunciados por estas personas –quienes forman parte de la Sociedad Agrícola El Maluco–, ante la Fiscalía en Juchitán de Zaragoza.

La querella fue ocultada por los denunciantes, “para perjudicar al consejo de administración de la Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul y a 400 familias que la integran”.

Los integrantes de la Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul llaman a sus socios a estar atentos por este caso de fraude y suplantación.

Acusan que fueron Saúl Robles Aragón, Patricio Fernández Silva y Emilio Robles, en contubernio con Luis Nambos, pretendieron falsificar una escritura junto con el notario de Zimatlán de Álvarez, Eduardo García Corpus.

“Se hacen pasar por miembros de nuestra Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul a sabiendas que todos ellos pertenecen a la Sociedad Agrícola El Maluco, quien perdió la titularidad del predio Ayuta, desde el año 2015, como quedó demostrado en el juicio 297/2012, cuando se confirmó una sentencia en la que obligó a Elio Robles y José Luis Iribarren a entregar el predio Ayuta, mismo que fue entregado en el año 2016, por el actuario del Juzgado Civil de Salina Cruz, Juan Gabriel Jiménez Hernández”, afirman los miembros de El Coyul.

En medio de la disputa, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, deslindó a Angelino López Cortés, subsecretario de Desarrollo Democrático, de los señalamientos, respecto a que obtendría beneficios de esas negociaciones.

Por lo pronto, confirmó que existe la disputa de dos grupos por extensiones de tierra en El Coyul.

Romero López aceptó atender a las partes en disputa.

No obstante, dijo que será la Procuraduría y los tribunales agrarios, quienes resuelvan en definitiva la disputa de las extensiones de tierra.

Recordó que desde la administración del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, se hizo la propuesta de emitir un decreto de área natural protegida.

En medio de la disputa, reveló que el día de ayer, un grupo en disputa le entregaron fotos de un proyecto de desarrollo inmobiliario denominado “Punta Faro” que “quieren desarrollar, y tal tal vez esté en su derecho”.

Romero López refirió que, al grupo al que recibió subsecretario, Angelino, pertenece a la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y la Libertad, denominada también Asamblea Comunitaria El Coyul, organización comunitaria donde participan asambleas, autoridades indígenas, tradicionales y agrarias que se oponen a ese proyecto.

“El grupo que acusa al subsecretario Angelino por atender a esta parte, como yo lo hago con ésta y otras, pues dice que aquí le quiere dar 50 hectáreas, pues si ya está lotificado ya tumbaron. Si tienen derecho o que lo demuestren ante las autoridades. El subsecretario Angelino, por instrucciones del gobernador buscamos solucionar este tipo de conflictos, no nos inmiscuimos a favor de una parte o de otra”, reviró.

Si socialmente fueron despojados, explicó que lo va a determinar una autoridad y si socialmente fue adecuado el proceso jurídico de designación de los representantes de las sociedades, pueden desarrollar lo que gusten en  el lugar que está en medio de una laguna y del mar, pese a que representa un riesgo ante fenómenos naturales.

Refirió que cuando protestaron y bloquearon, los comuneros de Huatulco, de Bajos de Coyula y El Arenal, fue porque no querían que el presidente, López Obrador, hiciera un decreto donde se declaraba área natural protegida.

Detrás de esas protestas y bloqueos estaban desarrolladores inmobiliarios.

“Querían una reserva para desarrollar y hacer fraccionamientos para extranjeros”.

Por lo pronto, Romero López dijo desconocer si es real el proyecto de desarrollo inmobiliario en El Coyul que le presentó un grupo en disputa.

“Si los que se sienten afectados por el subsecretario tienen y nos dicen, no es cierto que queremos hacer esto, o si lo queremos hacer, y tenemos derecho, adelante. Pero hay otra parte que se opone y hay que conciliar”.

Romero López recalcó que buscan una solución sin estar de ningún lado, protegiendo las áreas naturales, y en caso de establecerse un proyecto de desarrollo inmobiliario, que se apegue a los estándares que establece la ley.

Este fenómeno está relacionado con toda la Ribera desde Salina Cruz hasta Huatulco.