Tiempo de lectura estimado: 5 min

Fuera de foco

Marx. La burocracia convertida en trinchera

Por: Renán Martínez Casas

La salida de Marx Arriaga Navarro de la Secretaría de Educación Pública ha sido leída casi exclusivamente como una escena: policías, oficinas cerradas, transmisión en vivo, discurso de víctima, acusaciones de “violencia institucional”. La atención pública quedó atrapada en el espectáculo. Lo relevante quedó desplazado.

Lo significativo no está en el forcejeo ni en la conferencia improvisada. Está en la manera en que Arriaga Navarro ejerció un cargo técnico como si fuera una trinchera política, en la forma en que justificó decisiones administrativas con retórica ideológica y en el modo en que evitó responder por su desempeño concreto.

Durante su conferencia sostuvo que le exigieron modificar materiales educativos sin fundamentos pedagógicos. Los medios informaron que había recibido cerca de mil observaciones y  de las que habría aceptado apenas una decena. Presentó el conflicto como una disputa entre criterios técnicos y decisiones arbitrarias. Sin embargo, cuando explicó su postura, no recurrió a razones educativas. No habló de procesos de aprendizaje, de metodologías, de evaluación, de formación docente ni de impacto en el aula. Defendió su trabajo con categorías políticas: “neoliberalismo”, “proyecto histórico”, “humanismo”, “transformación”.

No hubo discusión pedagógica. Hubo retórica militante.

Esa ausencia resume una distorsión de gran calado: una función pública diseñada para producir materiales educativos terminó subordinada a una retórica ideológica. El funcionario no se comportó nunca como responsable de una política pública, se comportó siempre como líder de vanguardia de una causa. El cargo dejó de ser un espacio de gestión y se convirtió en una plataforma de disputa ideológica.

En ese desplazamiento está uno de los daños más graves al país y a la democracia. Cuando las decisiones educativas se subordinan a consignas, los criterios técnicos no importan. Lo que debería resolverse con diagnósticos, evidencia y evaluación termina resolviéndose con fidelidad política al “proyecto”. Los afectados no son los funcionarios en pugna, sino los estudiantes que reciben materiales construidos con una lógica de confrontación y prejuicio, no con una lógica pedagógica.

A esto se suma el problema administrativo.

Durante semanas, internamente, circularon señalamientos sobre su elevado sueldo de más de 160 mil pesos, quejas por improvisación, denuncias de malos procesos y versiones sobre comisiones irregulares para viajes y proyectos ideologizados. En su defensa pública, Arriaga Navarro no abordó ninguno de esos temas. No explicó cifras, no aclaró procedimientos, no respondió a las inconformidades laborales. Optó por el desplazamiento: del terreno administrativo al terreno moral. No habló de recursos, habló de principios; no habló de procedimientos, habló de persecución, no habló de responsabilidades, habló de dignidad.

Ese patrón forma parte de una cultura política instalada desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en la que la legitimidad moral se coloca por encima de la legalidad administrativa. La frase “no me vengan con que la ley es la ley” sintetizó esa lógica: la norma estorba cuando contradice la causa.

En ese marco, los errores se relativizan, los excesos se justifican y las irregularidades se diluyen en un discurso de superioridad ética. El resultado no es mayor justicia social, sino debilitamiento institucional. Las reglas dejan de ser piso común y se vuelven obstáculos circunstanciales.

En su defensa de Arriaga siguió ese guion. En lugar de rendir cuentas, construyó un relato; en vez de aclarar expedientes, tendió una cortina de humo de agravio; por no responder a señalamientos, dramatizó su salida.

Completa el cuadro la política interna.

Marx no llegó solo, fue nombrado, respaldado y protegido. Su estilo confrontativo fue funcional durante un tiempo. Servía para marcar posiciones, para enviar señales, para mantener viva una retórica de combate. Mientras cumplió ese papel, sus deficiencias fueron toleradas. Su permanencia no fue resultado de su desempeño, sino de su utilidad para la facción encumbrada.

Eso explica también el momento de su salida. No coincide con una revelación repentina sobre su gestión, aparece en un momento de reacomodos, con una redefinición de prioridades, con el fin de ciertas tolerancias heredadas. Cuando el contexto cambió, su margen de acción revolucionaria se redujo. Su expediente, antes archivado, adquirió peso.

No fue una purga ideológica en sentido estricto, sino una decisión pragmática, un ajuste de cuentas y costos, un mero cálculo político. Desde esa perspectiva es un caso es el ejemplo de cómo la política termina devorándose a la gestión.

La combinación de estas tres dimensiones —la ideológica, la administrativa y la política— permite entender el episodio sin mitologías. No hay héroes ni villanos épicos, hay un funcionario que confundió militancia con gestión, una estructura que lo permitió y un sistema que lo corrigió sólo cuando le resultó conveniente.

Lo ocurrido revela la fragilidad de las instituciones cuando se subordinan a identidades políticas. Cuando el cargo se interpreta como trinchera y la técnica se vuelve secundaria, cuando la moral sustituye a la norma y la rendición de cuentas se diluye; cuando la utilidad política pesa más que el desempeño, la calidad del servicio público se deteriora.

En educación, ese deterioro tiene efectos acumulativos. No se manifiesta de inmediato, pero se instala en contenidos deficientes, en procesos improvisados, en políticas diseñadas para confrontar más que para formar. El daño se mide en generaciones.

Por eso el problema no termina con la salida de Arriaga Navarro. El problema es el modelo que lo hizo posible. Un modelo que premia la lealtad sobre la competencia, la narrativa sobre el método, la épica sobre la evaluación. Mientras ese modelo siga vigente, el relevo de nombres no resolverá la distorsión de fondo, sólo cambiarán los personajes. El guion seguirá siendo el mismo.