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Fuera de foco

La advertencia está hecha

Por: Renán Martínez Casas

Mientras millones de mexicanos seguíamos la inauguración del Mundial, comentábamos el partido o discutíamos las protestas en la Ciudad de México, otra historia avanzaba lejos de los estadios y de los reflectores. No ocupó transmisiones especiales ni alimentó las conversaciones cotidianas, pero probablemente tendrá más consecuencias para el futuro político del país que cualquier resultado deportivo de las próximas semanas. Mientras eso pasaba, Estados Unidos movió una pieza en su estrategia que ya no parece tan orientada a investigar como a actuar.

Una decisión tomada

El bombardeo estadounidense que eliminó en territorio Venezolano a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, fue presentada como un golpe contra una organización criminal que Washington considera una amenaza para su seguridad nacional. Sin embargo, el verdadero significado de este episodio no se encuentra en Venezuela ni en la figura del jefe criminal abatido. Lo relevante es que confirma, una vez más, que Estados Unidos está dispuesto a llevar su ofensiva contra determinadas organizaciones y sus dirigentes mucho más lejos de lo que la región estaba acostumbrada.

Estados Unidos no necesita probar que puede localizar, vigilar o eliminar objetivos fuera de sus fronteras. Lo que volvió a mostrar fue voluntad política para hacerlo.

Por eso el episodio venezolano importa en México. No porque el escenario vaya a replicarse de manera automática, sino porque revela una disposición que ya está produciendo consecuencias concretas. La pregunta sobre si Washington está dispuesto a actuar ha quedado atrás. Los hechos se encargaron de responderla.

La lista sin confirmación

En paralelo a estos acontecimientos, funcionarios mexicanos y estadounidenses sostuvieron nuevas reuniones de seguridad. Oficialmente se trató de encuentros para revisar avances en cooperación bilateral, combate al crimen organizado y coordinación institucional. Extraoficialmente, el contexto es mucho más complejo.

Resulta difícil imaginar que después de extradiciones, infiltraciones, testimonios protegidos, seguimientos financieros y declaraciones de operadores criminales, las agencias estadounidenses carezcan de información detallada sobre actores políticos mexicanos señalados por distintos expedientes. Nadie necesita conocer la lista específica para entender existen. Nadie acumula durante años semejante volumen de información para después archivarla indefinidamente.

Durante meses han circulado versiones sobre nombres concretos. Algunos aparecen una y otra vez en conversaciones políticas, columnas, filtraciones y redes sociales. Todos conocemos los nombres de los involucrados. Pero más allá de la precisión de cada versión, el dato verdaderamente importante no son los nombres que trascienden, sino la convicción creciente de que Washington ya identificó a quienes considera objetivos prioritarios.

La contradicción más inquietante

Mientras el gobierno se concentraba en buscar responsables políticos de las manifestaciones de colectivos de víctimas, madres buscadoras y organizaciones civiles que denunciaban la violencia, las desapariciones y la impunidad que siguen marcando amplias regiones del país, y en desacreditar a quienes participaban en ellas, Estados Unidos intensificaba una ofensiva precisamente contra las organizaciones criminales responsables de ese sufrimiento y contra quienes considera sus facilitadores o protectores.

La escena resulta profundamente reveladora. Las madres buscadoras llevan años señalando la existencia de estructuras criminales protegidas por redes de complicidad política, económica e institucional. Lo hacen porque sus hijos desaparecieron, porque las fiscalías no respondieron, porque el Estado llegó tarde o simplemente nunca llegó.

Las principales víctimas de la violencia parecen coincidir más con el diagnóstico estadounidense sobre la profundidad del problema que con el discurso de un gobierno que continúa respondiendo desde la lógica de la defensa partidista. Mientras unas buscan fosas clandestinas y exigen justicia, el régimen sigue preocupado por controlar el relato.

No es una ironía. Es una tragedia política que EEUU los persiga mientras el gobierno mexicano las investiga a ellas.

El costo de proteger a narcogobernantes

La cuestión de fondo ya no es lo que Estados Unidos piensa. Tampoco lo que investiga ni mucho menos lo que sospecha. La cuestión es lo que está haciendo.

Cada nuevo episodio muestra una estrategia que combina presión diplomática, cooperación judicial, inteligencia financiera, acciones operativas y una evidente disposición a escalar cuando considera necesario hacerlo.

Porque mientras la administración de Claudia Sheinbaum continúa cerrando filas alrededor de personajes señalados recurrentemente por presuntos vínculos con estructuras criminales, Estados Unidos avanza en sentido contrario. Mientras una parte del aparato político insiste en presentar cualquier cuestionamiento como un ataque partidista de las derechas de ambos países, la presión norteamericana continúa acumulándose.

Toda protección tiene un costo. Toda apuesta política implica riesgos. Y llega un momento en que proteger a determinados personajes deja de ser un problema interno para convertirse en un problema de Estado. Porque las consecuencias de esa protección no las pagará únicamente Morena ni quienes hoy ocupan cargos públicos. Las pagará el país.

Mientras rueda el balón

Quizá dentro de algunos meses se recuerden los goles, las polémicas arbitrales o las imágenes más llamativas de este Mundial. Sin embargo, la historia más importante de estas semanas probablemente ocurrió en en reuniones de seguridad, en oficinas diplomáticas, en expedientes judiciales y en operaciones que muestran hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos cuando decide convertir una prioridad política en una prioridad de Estado.

Ésa es la advertencia que se esconde detrás del episodio venezolano. Habla de una determinación política que difícilmente desaparecerá con comunicados diplomáticos, discursos sobre soberanía o llamados a defender la soberanía.

La pregunta ya no es qué hará Washington. Washington ya eligió un rumbo y comenzó a recorrerlo. La pregunta es cuánto tiempo más seguirá Claudia Sheinbaum utilizando el capital político, institucional y diplomático del Estado mexicano para proteger a personajes que Estados Unidos considera narcoterroristas.

Mientras el balón sigue rodando, otra cuenta regresiva también avanza. No la marcan los relojes de los estadios ni los calendarios de la FIFA. La marcan los expedientes que se acumulan en Washington, los testimonios que continúan apareciendo y la decisión política de utilizarlos.

Y todo indica que esa cuenta no se detendrá porque en México se mire hacia otro lado.

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