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Fuera de foco

Examen de la UNAM. Costo y mérito

Por: Renán Martínez Casas

Mientras el foco del debate público se concentraba en los tramposos, en las empresas que ofrecían aprobar el examen por unos miles de pesos y en las nuevas posibilidades que la inteligencia artificial abrió para burlar los sistemas de vigilancia, otro hecho igual de relevante ocurría casi fuera de escena. La Universidad Nacional Autónoma de México enfrentaba la mayor crisis de confianza en uno de sus procesos más sensibles y tenía que decidir cómo responder.

El problema comenzó cuando se publicaron los resultados del primer examen de admisión a licenciatura aplicado masivamente en línea. Muy pronto aparecieron señales difíciles de ignorar: puntajes extraordinariamente altos, resultados atípicos en carreras de alta demanda, testimonios de aspirantes que presumían haber utilizado herramientas tecnológicas para obtener ventaja y una creciente sospecha de que el proceso no había logrado distinguir con suficiente certeza entre quienes habían estudiado y quienes habían hecho trampa.

Era, sin duda, un escándalo. Pero el fraude nunca fue el único problema. El verdadero desafío consistía en determinar qué debía hacer la universidad una vez que la credibilidad del procedimiento había quedado en entredicho.

Las respuestas fáciles estaban sobre la mesa. Defender el proceso y atribuir las críticas a casos aislados. Minimizar el problema. Cancelar todo el examen y empezar de nuevo. O dejar las cosas como estaban para evitar el costo político y administrativo de modificar una decisión ya tomada.

La rectoría eligió otro camino. Suspendió temporalmente las inscripciones, integró una comisión técnica de alto nivel y le encomendó revisar con rapidez la información disponible para proponer una salida. Cuatro días después, la comisión presentó una solución que evitó tanto la cancelación general del proceso como la convalidación automática de todos los resultados: convocar a un nuevo examen presencial para un universo específico de aspirantes cuyos resultados requerían confirmación.

No era una solución perfecta. Probablemente no existía una. Era, más bien, un intento por reconstruir la confianza allí donde el procedimiento había dejado de ofrecer certeza suficiente.

La decisión provocó molestias. Miles de jóvenes que habían presentado honestamente su examen tendrían que volver a hacerlo. Para cualquiera de ellos, la noticia difícilmente podía resultar agradable. Sin embargo, detrás de esa medida existía una pregunta mucho más profunda que la simple logística de una nueva evaluación: ¿cómo proteger el valor de un proceso de selección cuando ya no existe plena confianza en sus resultados?

La respuesta de la universidad fue preservar el principio que da sentido al examen mismo. Un examen de admisión no existe únicamente para distribuir lugares. Existe para hacerlo bajo reglas comunes. Si esas reglas dejan de ofrecer garantías razonables de igualdad entre quienes participan, el resultado pierde legitimidad, incluso para quienes actuaron correctamente.

Por eso el centro de esta historia no es una defensa abstracta de la meritocracia, concepto que admite muchas discusiones en otros terrenos. El punto aquí es más concreto. El mérito sólo puede reconocerse cuando las reglas que permiten medirlo conservan credibilidad. Si cualquiera puede obtener el mismo resultado mediante el engaño, el esfuerzo deja de ser un criterio confiable para asignar un lugar.

En ese sentido, la decisión de repetir parte del proceso no buscó premiar ni castigar a nadie. Buscó preservar la legitimidad del mecanismo mediante el cual la universidad distingue entre miles de aspirantes que compiten por un número limitado de espacios.

Hay otro aspecto que merece atención. Con frecuencia, las instituciones públicas mexicanas entienden las crisis como problemas de comunicación. Su prioridad consiste en controlar daños, proteger la imagen institucional o reducir el costo político inmediato. El episodio de la UNAM siguió una ruta distinta. La discusión no giró únicamente alrededor del fraude descubierto, sino alrededor de la necesidad de reconstruir la confianza en las reglas del propio procedimiento. Esa diferencia no es menor.

Las instituciones administran mucho más que presupuestos, edificios o personal. Administran confianza. Cada concurso público, cada licitación, cada elección, cada examen y cada sentencia dependen, en última instancia, de que la sociedad considere legítimas las reglas bajo las cuales fueron tomadas esas decisiones. Cuando esa legitimidad se rompe, ninguna declaración institucional basta para recuperarla.

También resulta significativo que las decisiones no terminaran con el informe técnico. Horas después se anunció el relevo de la persona titular de la Secretaría General de la UNAM, área de la que depende la administración escolar. No existe información pública que permita afirmar una relación causal entre ambos hechos. Lo verificable es que el cambio ocurrió en medio de la crisis y pasó a formar parte de las decisiones institucionales posteriores al escándalo.

Más allá de ese relevo específico, el episodio deja una reflexión que rebasa ampliamente a la universidad.

Vivimos en una época en la que la inteligencia artificial vuelve más sofisticadas las formas de hacer trampa, pero también en la que la confianza pública depende cada vez más de la capacidad de las instituciones para revisar, corregir y fortalecer sus propios procedimientos. La tecnología modifica los instrumentos; no elimina la necesidad de reglas creíbles.

El fraude ocupará durante algún tiempo la memoria pública de este proceso de admisión. Se recordarán las capturas de pantalla, las redes de apoyo clandestinas, las promesas de aprobar sin estudiar y las discusiones sobre inteligencia artificial. Pero quizá, cuando pase el escándalo, lo verdaderamente importante sea otra cosa: que una de las instituciones públicas más grandes del país decidió someter su propio procedimiento a revisión, aceptar los costos de corregirlo y proteger el principio que da sentido a cualquier examen de admisión: que el lugar obtenido corresponda, en la mayor medida posible, al esfuerzo y la capacidad de quien lo ganó. Porque los fraudes dañan un proceso; renunciar a defender el mérito termina por dañar a la institución entera.

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