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Fuera de foco

Comandanta 8M

Por: Renán Martínez Casas

El 8 de marzo nació como una jornada de lucha política impulsada por mujeres trabajadoras que exigían derechos, dignidad y condiciones de vida justas. Cuando la dirigente socialista Clara Zetkin propuso en 1910 la creación de un día internacional para las mujeres, pensaba en organización, movilización y denuncia.

Con el tiempo, la conmemoración se consolidó y fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas, pero su sentido original no cambió: el 8M es una jornada de lucha, un recordatorio de que la violencia, la desigualdad y la discriminación siguen siendo realidades estructurales.

Por eso resultó particularmente revelador que la presidenta Claudia Sheinbaum decidiera conmemorar el Día Internacional de la Mujer en el Campo Marte, rodeada por los altos mandos de las fuerzas armadas, mientras miles de mujeres marchaban en las calles del país para exigir justicia frente a feminicidios, desapariciones y agresiones. El evento institucional del poder colocó al aparato militar como protagonista de la conmemoración.

El gesto tiene una carga simbólica imposible de ignorar. El 8M es históricamente una jornada de protesta civil contra estructuras de poder que reproducen violencia y desigualdad. Convertirlo en un acto militar implica desplazar ese significado de la denuncia social hacia la narrativa institucional.

La presidenta defendió el acto como un reconocimiento a las mujeres que forman parte de las Fuerzas Armadas. Destacó que más de cuarenta mil mujeres integran hoy el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, y las describió como “tejedoras de la patria”.

En términos formales, el argumento parece razonable: las mujeres militares también enfrentan discriminación y merecen visibilidad. Sin embargo, el problema no está en reconocer su presencia, sino en hacerlo ignorando las denuncias de violencia que existen dentro de esas mismas instituciones.

En octubre de 2024, la soldado Estefanny Carmona, de 20 años, adscrita a un batallón en Acapulco, murió por dos disparos en la cabeza. La versión inicial habló de un accidente durante prácticas de tiro, pero su familia denunció que la joven había presentado previamente una queja por acoso sexual contra un superior.

El caso terminó con la detención de un sargento, aunque bajo cargos administrativos menores y no por feminicidio.

Semanas después, en noviembre de ese mismo año, la soldado Sherlyn Manzanares, de 23 años, fue encontrada muerta en Coyuca de Benítez. Las autoridades militares hablaron de un accidente de motocicleta, pero los exámenes médicos revelaron múltiples golpes y trauma craneoencefálico severo.

Hasta ahora, la investigación permanece en el ámbito interno del Ejército.

A inicios de 2026, Dalila Acosta, integrante de la Guardia Nacional en Acapulco, fue hallada sin vida con un impacto de bala. La versión oficial fue suicidio. Sin embargo, familiares y organizaciones civiles han señalado inconsistencias en la investigación y denuncian que el caso podría formar parte de un patrón de muertes sospechosas de mujeres dentro de corporaciones armadas.

A estos episodios se suman denuncias públicas de violencia doméstica vinculadas a mandos militares, como el caso de Verónica Sánchez, quien acusó a su exesposo —un capitán de operaciones especiales de la Marina— de agresiones físicas, vigilancia y acoso durante años sin que la institución interviniera.

Vistos de manera aislada, cada caso podría explicarse como un episodio particular. Pero en conjunto revelan la existencia permanente de violencia institucional fuera del escrutinio público.

Las Fuerzas Armadas mexicanas operan bajo esquemas de opacidad jurídica y disciplinaria que dificultan la investigación independiente de abusos, especialmente cuando las víctimas forman parte de la propia institución.

Este contexto vuelve aún más ominoso el mensaje político del 8M militarizado. Al presentar a las Fuerzas Armadas como un espacio ejemplar de inclusión y disciplina, el gobierno omite deliberadamente los conflictos internos que enfrentan muchas mujeres dentro de esas corporaciones.

La contradicción se vuelve más insultante cuando se observa la postura internacional del gobierno mexicano frente al tema de la militarización. En diversos foros multilaterales, representantes del Estado han sostenido que México no atraviesa un proceso de militarización de la seguridad pública, pese al creciente papel de las Fuerzas Armadas en tareas civiles y policiales.

Ese discurso choca con la realidad institucional del país.

Durante el régimen de la 4T, el Ejército y la Marina han ampliado su presencia en áreas que van desde la seguridad pública hasta la administración de puertos, aduanas, obras de infraestructura y programas sociales. La Guardia Nacional, creada originalmente como una corporación civil, terminó bajo control operativo militar.

Celebrar el 8M en un campo militar es una afirmación política que normaliza la centralidad de las instituciones castrenses en la vida pública del país.

Mientras tanto, en las calles, las demandas del movimiento feminista siguen siendo esencialmente las mismas: justicia para las víctimas de feminicidio, investigación real de las desapariciones, protección efectiva frente a la violencia y erradicación de la impunidad.

México continúa registrando niveles alarmantes de violencia contra las mujeres. Decenas de feminicidios se cometen cada mes, miles de mujeres permanecen desaparecidas y los mecanismos institucionales de protección siguen mostrando graves deficiencias.

En ese contexto, el contraste entre las marchas del 8M y la ceremonia militar del Campo Marte no podría ser más elocuente. Una presidenta rodeada de mandos militares celebrando el Día Internacional de la Mujer en un recinto castrense mientras, fuera de ese espacio, miles de mujeres marchaban denunciando la violencia que el Estado sigue sin resolver.

El 8 de marzo nació como una jornada para cuestionar al poder, no para legitimar sus narrativas.

En esa escena hay un símbolo que resume el momento político: un país donde las mujeres siguen luchando por justicia y un gobierno que, en lugar de desmontar la impunidad, parece administrarla.

En esa lógica, la presidenta termina ocupando un papel que nadie imaginó para el 8 de marzo: el de Comandanta 8M.