Fiscalía ejecuta orden de aprehensión contra mujer por venta de plazas en el TSJE

* Habría defraudado a su víctima con la cantidad de 320 mil pesos para laborar dentro del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca

Oaxaca de Juárez, Oax.- Los trabajos de inteligencia criminal que realiza la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) permitieron la detención de una persona del sexo femenino identificada como T.G.C., por el delito de Tráfico de Plaza dentro del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

De acuerdo con el expediente penal del caso, el 13 de octubre del año 2022, una persona ofreció a la víctima la posibilidad de obtener una plaza laboral en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJEO) a cambio de un pago superior a los 300 mil pesos.

Luego de este primer encuentro, la víctima fue enganchada y posteriormente, el 17 de octubre de 2022, la víctima entregó dinero en efectivo, así como la documentación que le habían solicitado para iniciar los trámites de la supuesta plaza, asimismo, el 21 de octubre del 2022 hizo el segundo pago al recibir el supuesto oficio de adscripción.

Después de esa fecha, la víctima perdió contacto con la mujer a la que había entregado el dinero y la documentación por lo que decidió acudir al Tribunal Superior de Justicia donde corroboró que era un engaño.

Tras recibir la denuncia, la FGEO tomó conocimiento del caso e inició las investigaciones a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales logrando obtener una orden de aprehensión contra la probable responsable,  ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones del sector metropolitano quienes la llevaron ante el juzgado correspondiente.

Luego de presentar los datos de prueba aportados por la FGEO, el Juez evaluó el expediente y calificó como legal la detención, imponiendo prisión preventiva justificada, además de que se solicitó la vinculación a proceso y se le otorgó un plazo para la celebración de la audiencia de duplicidad en la que se determinará su situación jurídica.

La venta de plazas laborales en el servicio público constituye un delito, por lo que evitar este tipo de prácticas ayuda a prevenir la comisión de esta clase de conductas criminales.

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