* Se carecen de mecanismos efectivos para la interlocución y resolución de conflictos, alerta diputada del PT

Oaxaca, Oax.- Para generar un protocolo de actuación apegado a derechos humanos por parte del personal de seguridad a efecto de generar condiciones de concertación en caso de bloqueo o cierres del complejo legislativo, la diputada local del PT, Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz, propuso un exhorto a la presidencia de la Mesa Directiva.

Para también dar vista a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXV Legislatura local e instalen cámaras de video vigilancia en las entradas del Congreso, con el fin de transparentar la actuación ante este tipo de eventos y registrar probables actos que puedan ser calificados como agresiones en contra de la ciudadanía en general.

Vázquez Ruiz resaltó con cifras del 2012 al 2020 del Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales; de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca del 2012 y 2014, y de diversos medios de comunicación, que durante las últimas décadas, la dinámica social y política de nuestra entidad ha estado polarizada por el aumento de la protesta social y el Poder Legislativo no está exento de esta dinámica.

Reiteró que ante la fallida forma de dar respuesta a los asuntos dentro de nuestro sistema político local, resulta necesario reconocer que no existe un mecanismo institucionalizado para atender este tipo de situaciones cuando se presentan en la sede del Poder Legislativo del estado de Oaxaca.

La legisladora por el Partido del Trabajo (PT) anotó que el aumento de la protesta social ha sido en parte por la omisión por parte de otras autoridades municipales y estatales, por ello, ante este tipo de condiciones, el Congreso debe de contar con un protocolo de atención que brinde certeza para la concertación y el diálogo efectivo, cuando le corresponda atender las demandas legítimas de la población.

Las bondades de la existencia de este tipo de mecanismos no solo permiten la coherencia en la actuación, ya que mediante este se establece la obligatoriedad de la coordinación con el gobierno estatal y municipal o autoridades involucradas y su debida rendición de cuentas, lo cual permitiría un seguimiento y monitoreo a los asuntos de gobernabilidad en el Estado, señaló la parlamentaria.

Bajo este contexto, señaló que si bien no se puede descontar la actuación por parte de algunos actores que apuestan a la violencia como forma de presión, el Congreso siempre será respetuoso de no promover ni caer en la provocación de la misma y para ello servirán la instalación de cámaras de video- vigilancia y el protocolo de actuación, para dejar constancia de ello y de su respeto irrestricto a los derechos humanos.