Edil de Juquila debe entregar participaciones a San Marcos Zacatepec

Paloma Duarte

Oaxaca, Oax.- Con el fin de que se esclarezca la situación que atraviesan por la falta de recursos, autoridades de San Marcos Zacatepec, Juquila, Oaxaca, dieron a conocer los detalles de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a favor de esta Agencia Municipal en el proceso iniciado contra la autoridad de Santa Catarina Juquila, Oaxaca, por la defensa de sus derechos colectivos.

En rueda de prensa, el abogado Ari Orlando Morales Reyes, acompañado del agente municipal, Modesto Mata Cruz, señaló que el  TEPJF ordena al Ayuntamiento de Santa Catarina Juquila entregar los recursos económicos a la comunidad de San Marcos Zacatepec.

Explicó que el 25 de abril de 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió por unanimidad declarar concluida la consulta que se había ordenado en la sentencia principal de fecha 9 de marzo de 2017 relativa a la comunidad chatina de San Marcos Zacatepec, que pertenece administrativamente al municipio de Santa Catarina Juquila, en la región de la Costa de Oaxaca. Se trata del asunto SUP-JDC-19996/2016

Abundó que la resolución que revocó una anterior del Tribunal Electoral de Oaxaca, ordena al Ayuntamiento de Santa Catarina Juquila entregar el monto de los recursos económicos establecidos en la propuesta hecha por la agencia municipal de San Marcos Zacatepec, en un plazo de 30 días a partir de que le sea notificada dicha resolución.

La Sala Superior estima que las autoridades de Santa Catarina Juquila no cumplieron la sentencia interlocutoria dictada el 26 de diciembre, ni tampoco la sentencia de la que derivó el presente incidente. Además señaló que el presidente municipal actuó con dolo y desplegó una conducta omisiva que vulnera el uso, goce y ejercicio efectivo de los derechos de autodeterminación, autonomía y autogobierno de la comunidad indígena de San Marcos Zacatepec, en relación con su derecho a la participación política, lo que incide en el funcionamiento normal de la administración comunitaria.

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