Oaxaca, Oax.- Trabajadores de Gugar mostraron su desesperación luego de que la empresa ubicada en San Bartolo Coyotepec lleva 16 días a manos de un grupo de personas encabezadas por el diputado Horacio Sosa Villavicencio y su hermano, el exdiputado Flavio Sosa Villavicencio, por lo que exigieron garantías para poder ingresar a la planta y así llevar el sustento diario a sus familias.

Al respecto, las y los trabajadores que se negaron a dar sus nombres por miedo al grupo que bloquea los accesos a la planta purificadora revelaron que la protesta cumple ya 16 días, al tiempo de cuestionar quién está detrás de ella y sobre todo quién se encarga de pagar a la gente que acampa allí día y noche, ya que muchos de ellos no son pobladores de San Bartolo Coyotepec, sino de municipios conurbados como la Villa de Zaachila, por lo que el gasto sin duda debe ser muy alto para financiar su movimiento.

Recordaron que el dueño de la empresa cumplió ya su parte al establecer  los primeros acuerdos con la gente que se opone a la operación de la planta en San Bartolo Coyotepec, por lo que es urgente que este grupo de personas libere los accesos a la purificadora para que las decenas de familias que dependen de ella puedan continuar con sus empleos.

Sin duda, señalaron, lo que mueve el cierre de nuestra fuente de trabajo son intereses políticos y económicos de los hermanos (Horacio y Flavio) Sosa Villavicencio, “quienes a pesar de haber cerrado Gugar insisten en seguir desestabilizando nuestra comunidad y confrontándonos con gente que ni siquiera vive aquí”.

Tan viciado está el tema que incluso el comisariado de Bienes Comunales es cuñado de Horacio y Flavio y añadieron que de buena fuente se han enterado que entre el grupo que sigue en poder de la planta hay personas de colonias de la Villa de Zaachila, entre ellos de la Vicente Guerrero, a quienes amedrentan y amenazan con cobrarles una multa en caso de no asistir, lo que demuestra la intromisión de los hermanos en otras comunidades de Oaxaca.

Cabe mencionar al respecto que hay una sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario, el cual determinó que “si el núcleo de población comunal insiste en la entrega del inmueble en que se encuentran instaladas las empresas de Grupo Gugar, los promoventes deben pagar los gastos útiles que hubiesen realizado en el inmueble en cuestión”, que es donde aún persiste la disputa legal entre la empresa oaxaqueña y la comunidad de San Bartolo Coyotepec, esto ante la millonaria inversión que han realizado los dueños.