Oaxaca, Oax.- Con el fin de evitar que se hereden deudas de proveedores a las nuevas administraciones estatales y municipales, la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz, propuso una reforma a la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del gobierno estatal y diversas disposiciones legales.

Durante la exposición de motivos, la legisladora local afirmó que las consecuencias de los casos de impago a proveedores al final de los sexenios o trienios en los ayuntamientos, se multiplican cada fin de periodo de gobierno y que se han vuelto parte de los usos y costumbres de nuestro sistema político.

Afirmó que por una parte, se afecta la hacienda pública de la administración entrante comprometiendo sus recursos públicos, lo cual deriva además en contratación de más deuda pública para poder pagar las deudas que deja la administración saliente.

Y por otra –dijo– se afecta el patrimonio de las familias que en la actividad comercial tienen un sustento y que en buena parte es la que dinamiza la economía del estado, afectando también la competitividad estatal.

Vázquez Ruiz puso como ejemplo la deuda a proveedores que dejó el exgobernador Gabino Cué a la nueva administración estatal en el 2016, “el angelito” nada más quedó a deber 2500 millones de pesos, ¡ahí nomás humildemente!, señaló la legisladora petista.

Por ello, ante este grave problema, la propuesta se basa en la idea de contar con  mecanismos eficaces que prevengan y sancionen de forma severa el incumplimiento de pago a proveedores por parte de los funcionarios en turno.

Cuando se contrate algún bien o servicio se deberá garantizar la capacidad económica de pago de la dependencia y en caso de incumplimiento en los pagos el funcionario será inhabilitado y además podrá ir a la cárcel hasta 5 años en caso de no reparar el daño y perjuicio que le ocasiona al proveedor.

Asimismo, la iniciativa contempla la obligación de transparentar tanto adeudos como pagos de los bienes y servicios contratados ya que en la actualidad no es pública tal información.

Finalmente, subrayó que el ejercicio de esta libertad del uso de la hacienda pública ya sea conforme a lo establecido en cada presupuesto anual aprobado o por medio del financiamiento externo se han establecido límites y criterios en distintos ordenamientos legales para evitar determinadas conductas nocivas en el uso y destino de esos recursos públicos, pero no así cuando se trata de deudas a proveedores y ahí es donde se justifica la propuesta.