En 20 minutos, Congreso destituye a las y los magistrados del TJA y elige nuevos

Jaime Guerrero

Oaxaca, Oax.- Con 33 votos a favor y dos en contra, en menos de 20 minutos, la bancada de Morena, diputados del PRI, PT y PUP reformaron la Constitución para desaparecer al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, destituyeron a los y las 12 magistradas integrantes; crearon en su lugar el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca y designaron a las y los nuevos siete magistrados de ese órgano jurisdiccional, afines a la Cuarta Transformación.

Todo se empezó a fraguarse desde hace dos meses y ayer por la tarde se afinaron los últimos detalles desde Palacio de Gobierno, (en la Consejería Jurídica) mientras que, la Mesa Directiva del Congreso del Estado, convocó al pleno a sesión extraordinaria para este sábado.

Convocados los y las diputadas a las sesiones extraordinarias, simultáneamente, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General del Estado, se apoderaron de las instalaciones del otrora Tribunal de Justicia Administrativa para evitar la sustracción de documentos y bienes.

Ya en la sesión, sólo bastaron 20 minutos para consumar la reforma y facultar al gobernador, Salomón Jara Cruz, realizar las designaciones y que el Congreso aprobara las designaciones.

En la primera sesión extraordinaria se aprobó de urgente y obvia resolución, la iniciativa de reforma constitucional presentada por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Luis Alfonso Silva Romo.

Aprobada la reforma y entrada en vigor a través de su publicación en el Diario Oficial del Estado dejaron de surtir efectos los nombramientos de los magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca.
Sobre decir que deberán ser indemnizados de acuerdo con los años que les faltaban para cumplir el tiempo por el que fueron electos, y la liquidación estará sujeta a la suficiencia presupuestaria del propio Tribunal.

Asimismo, se acordó que en un plazo máximo de 60 días, el Poder Legislativo deberá emitir la Ley Orgánica de órgano jurisdiccional autónomo.

Se estableció que el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca estaría conformado por una Sala Superior, integrada por tres magistrados, y 2 salas unitarias, cuyas magistraturas, una vez que el Poder Ejecutivo designe a las personas que ocuparían esos cargos y que deberían ser ratificadas por el Congreso.

Los magistrados destituidos con la reforma fueron Manuel Velasco Alcántara, Elías Cortés López, Gloria del Carmen Camacho Meza y Paulo Tapia Palacios.

Además, Abraham Santiago Soriano, titular de la Primera Sala Unitaria; y Tania Ramos Martínez, titular de la Tercera Sala.

También, la titular de la Cuarta Sala Unitaria, Alejandra Georgina Villacaña Abascal; Quinta Sala Unitaria, Virginia Hernández Hernández; Sexta Sala Unitaria, Camelia Gaspar Martínez, y de la Sala Especializada Anticorrupción, Eduardo Calvo Ziga.

En la exposición de motivos, Silva Romo destacó que, la estructura el otrora TJAO, resultaba desproporcionada respecto a la misión constitucional y social para el que fue creado.

Refirió que del 2020 al 2022 recibió del Congreso del Estado más de 143 millones de pesos para un “pobre” desempeño.

Asimismo, se estableció que no podrán ser reelectos la secretaria o el secretario general del Tribunal Estatal Electoral, la persona titular de la Auditoría Superior de Fiscalización, los Auditores Especiales, los titulares del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales hasta después de dos años de haberse separado del cargo.

Lo mismo aplica para la Presidenta o Presidente, las Consejeras y Consejero, entre otros y así como los Magistrados y Magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción.

Ya en la segunda sesión extraordinaria, con 33 votos a favor y dos en contra –uno del PRD y uno del PRI– la bancada de Morena, PT, PUP, PVEM y diputados del PRI, aprobaron de urgente y obvia resolución –en menos de 10 minutos– las designaciones de las siete personas que fungirán ahora como magistradas y magistrados del recientemente creado Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca.

Los integrantes de la Sala Superior por un periodo de siete años serán el excoodinador Jurídico de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Mateo Martínez Martínez, quien ya se perfila como el próximo presidente del nuevo órgano jurisdiccional.

También, el exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia, exprocurador de Justicia y excontralor del exgobernador,
Gabino Cué, Manuel de Jesús López López; la exdirectora Jurídica y extitular del Órgano Interno de Control del Congreso local, Itzel Espinoza Rojas.

Los titulares de las tres salas unitarias serán Amparo Arias Rivas, abogada por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

Raúl Oswaldo Bernal Flores, exvisitador general del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y exjuez de Circuito de Valles Centrales; Javier Martín Villanueva Hernández, quien fue ratificado en el cargo y Anneliese Danae Echeverría Clavel, exabogada auxiliar de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Votaron en contra del proyecto las diputadas Angélica Rocío Melchor Vásquez (PRD) y María Luisa Matus Fuentes (PRI), mientras que los panistas Natividad y Leonardo Díaz Jiménez se ausentaron de la sesión virtual.

Una vez aprobadas las designaciones, las y los nuevos magistrados rindieron protesta ante los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso.

Cabe recordar que en el estado de Veracruz, en octubre de 2022 el Congreso de aquella entidad, reformó su Constitución para desaparecer el Tribunal de Justicia Administrativa y creó el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz.

Sin embargo, tras la impugnación de las y los magistrados destituidos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió de manera provisional aquella determinación, argumentando afectación a la garantía constitucional de la independencia judicial del Tribunal.

La Corte ordenó dejar sin efecto el “despido y liquidación” de los magistrados nombrados en 2017, cuando se creó el órgano y dejar sin efecto el nombramiento de seis magistrados que se hizo el 20 de diciembre de 2022.

error: Content is protected !!