Agregó que este tipo de acciones no deben ser minimizadas, sino tomadas en cuenta, pues ellas tienen derecho a ser escuchadas, además su actuación representa un avance respecto a desnormalizar la violencia y un cambio de paradigma por parte de las adolescentes y las jóvenes, quienes por medio de estas acciones pacíficas reclaman ser escuchadas y que se les garantice su derecho a vivir libres de violencia.
Ante esto, la Defensoría llamó al Estado a tomar medidas integrales que permitan garantizar a las alumnas una educación libre de violencia, así como que tome medidas para sancionar y prevenir este tipo de casos.
La Defensoría advirtió que cualquier forma de violencia en instituciones educativas es una grave violación a los derechos a la integridad y libertad personal de las adolescentes y las jóvenes, quienes son las principales víctimas, especialmente cuando se trata del acoso y abuso sexual, pues son agredidas tanto por sus compañeros y docentes.
La DDHPO resaltó que las denuncias en las que se señala como responsables a docentes o personal de las instituciones educativas son altamente preocupantes, por el contexto en el que se presentan, ya que existe una relación desigual, pues los docentes y trabajadores de las instituciones educativas ostentan posiciones de poder frente a las estudiantes, lo que aumenta su vulnerabilidad.
Por ello, la Defensoría de los Derechos Humanos hace un llamado al Estado a que realice las acciones necesarias que permitan primero conocer la magnitud de la situación y atender en forma individual e integral cada uno de los casos y en los que se requiera brinde el acompañamiento a las adolescentes y jóvenes que necesiten presentar una denuncia ante instancias procuradoras de justicia.
Asimismo, la institución autónoma señaló que es necesario que los diferentes niveles educativos de la entidad cuenten con protocolos de actuación ante casos de violencia de género como el acoso al interior de las instituciones educativas, para que puedan brindar una atención inmediata e integral.
Finalmente, la Defensoría también instó a que los procesos que se inicien realmente deriven en sanciones efectivas hacia quienes violenten a las adolescente y jóvenes con acciones como el acoso, agresiones, expresiones verbales, misoginia, ciberacoso, intimidaciones y entre otras.