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Jaime Guerrero

Oaxaca, Oax.- Con 37 votos, el pleno del Congreso del Estado exhortó a la titular de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública del Gobierno del Estado de Oaxaca, Leticia Reyes López, a realizar una investigación al adeudo y forma de pago suscrito el 23 de marzo de 2021, entre el exgobernador, Alejandro Murat Hinojosa y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el que se compensarían dos mil 832 millones 609 mil 819 pesos y en su caso, realice las acciones para fincar o deslindar las responsabilidades por presuntos desvíos.

Votaron a favor del punto de acuerdo contra el hoy senador de Morena, la bancada morenista, el PT, Fuerza Por México, Verde Ecologista de México, Grupo Plural y los diputados del PRI y MC.

Estos últimos pidieron no seguir culpando al pasado y asumir la responsabilidad del presente como legisladores que forman parte de un Poder.

El priista, Javier Casique, aclaró que no defiende a nadie, pero es necesario cambiar los formatos de comparecencias para que los servidores públicos, verdaderamente rindan cuentas de sus responsabilidades.

La diputada de MC, Alejandra García Morlan, calificó como vergonzoso que Morena y sus aliados sólo se dediquen a culpar al pasado y como legisladores de “territorio” se reforme la ley y en consecuencia se dé respuesta a las demandas en salud.

El diputado del PT, Dante Montaño Montero, recordó que fue en el sexenio de Gabino Cué Monteagudo, cuando se endeudó a Oaxaca con mas de 30 mil millones.

La diputada del Verde Ecologista de México, Eva Diego Cruz, recordó que la grave crisis de salud en Oaxaca viene de sexenios atrás; por tanto es necesario llegar hasta las últimas consecuencias.

La mayoría de los diputados de Morena se dedicaron a ensalzar la labor de su jefe político, Salomón Jara Cruz, quien junto con el Gobierno del expresidente, Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, han dado respuesta a las necesidades en materia de salud a Oaxaca.

La exdiputada del PRI, Lizbeth Concha Ojeda, sólo guardó silencio, pero votó a favor de indagar a su exjefe político.

El tribuna, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Benjamín Viveros Montalvo, criticó que la omisión se arrastra desde el año 2008 y ha generado un impacto financiero severo, que alcanza la cantidad de casi 3 mil millones de pesos.

Este adeudo no es solo una cifra en los libros contables; es el reflejo de una omisión sistemática que afecta directamente a las y los trabajadores del Estado, a quienes se les ha negado el acceso a prestaciones a las que legítimamente tienen derecho.

Refirió que en marzo de 2021, en un intento por remediar adeudos, se firmó un Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago entre el Gobierno del Estado y el ISSSTE.

Sin embargo, a la fecha no existen pruebas de que el Ejecutivo haya cumplido con la obligación de informar detalladamente a este Congreso sobre el estado del cumplimiento de dicho convenio. Esta omisión es inaceptable.

“Nos enfrentamos a un acto de corrupción monumental, una omisión deliberada que no solo afectó las finanzas públicas, sino que pisoteó los derechos de miles de trabajadores del estado. Por más de una década, de 2008 a 2020, los gobiernos estatales ignoraron su obligación de pagar las cuotas y aportaciones al ISSSTE, condenando a los trabajadores a la incertidumbre”, expuso.

Destacó que, gracias a la política de no endeudamiento del gobernador Salomón Jara y a la responsabilidad del pago con esta deuda, se ha podido salir adelante, pero que no se confundan, no vamos a solapar a ningún responsable, indicó.

A su juicio, el principal culpable de este escándalo es la administración pasada.

“Quienes tuvieron en sus manos la posibilidad de corregir esta deuda histórica y no lo hicieron. Seis años pasaron para poner en orden las finanzas del estado, para garantizar el derecho de los trabajadores y para cumplir con la ley. Pero prefirieron mirar hacia otro lado, prefirieron encubrir la corrupción y proteger a quienes se beneficiaron de este desfalco”, lanzó.

Indicó que, a pesar de estar obligados por el Decreto 2455 a informar al Congreso sobre el cumplimiento del convenio firmado en 2021, nunca lo hicieron.

¿Por qué? Porque sabían que ese gobierno seguía hundiendo al estado en deudas impagables, en omisiones criminales y en el abandono absoluto de sus trabajadores.

Si hay indicios de delitos, exigiremos que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción actúe de inmediato y presente las denuncias correspondientes. Ningún exgobernador, por influyente que sea, puede estar por encima de la ley, remató.

Cabe mencionar que el Convenio de Reconocimiento de Adeudo, firmado en 2021, reconoce una
deuda que, si bien fue heredada, estuvo al alcance del gobierno estatal del periodo 2016-2022 para regularizarse desde el momento en que se asumieron las responsabilidades de la administración estatal.