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* Se avanza en el diálogo con los comuneros para llegar a acuerdos, afirmó

Jorge Vega Aguilar

Oaxaca, Oax.- El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, afirmó que en el conflicto suscitado en Bajos de Coyula y El Arenal, pertenecientes a Santa María Huatulco, «hay mucho ruido», pero «está alimentado por 9 empresas inmobiliarias que compraron lo que no era factible de comprar: terrenos federales».

«Ni que estuvieran chiquitos o a lo mejor pensaron que el gobierno actual es como el de antes, cuando había funcionarios coludidos con los cárteles del despojo que decían: compra y te doy el permiso».

«Aquí no va a ocurrir eso, pues compraron zona federal», advirtió el responsable de la política interna en la entidad y aseguró que esa situación tiene sus consecuencias.

«Por lo menos están involucradas 9 empresas que pensaban iban a hacer desarrollos inmobiliarios en esa área, pero lo veo complicado», señaló Romero López.

En conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad dijo que el gobierno estatal no está en contra de esos desarrollos, «pero no pueden ser en sitios destinados a la conservación de áreas protegidas o de impacto ambiental».

En este sentido, expresó que por eso el gobierno se quiere poner de acuerdo con los comuneros, y manifestó la disposición del presidente Andres Manuel López Obrador de regularizar la situación de más de 2 mil 500 hectáreas de los núcleos agrarios de Bajos de Coyula y El Arenal, para lograr que haya certidumbre en la posesión de la tierra.

Indicó que la gente, los comuneros, son los propietarios históricos de la tierra, y eso se va a respetar porque el presidente López Obrador quiere que ese territorio esté protegido, cuidado y ordenado, y puntualizó que nadie va a ser despojado ni excluido.

«Pero se trata de que esos terrenos no sean de otras inmobiliarias de manos extranjeras y corporativos como ha ocurrido en la Riviera Maya, en el estado de Guerrero o en otras entidades del país donde las tierras más bellas y las más importantes pasan a manos del capital y los ciudadanos sólo son mano de obra mal pagada», apuntó.

Romero López se refirió a la reunión que tuvo en el transcurso de esta semana con los comuneros de esos núcleos agrarios, y la calificó como «muy provechosa».

Pero consideró que «hay que poner las cartas sobre la mesa, porque no puede haber más simulación».

«¿Se quiere el territorio para aprovecharlo, cuidarlo, vivirlo, o para desarrollar proyectos inmobiliarios?, hay que hablar con la verdad», subrayó.

Expuso que en la reunión de trabajo estuvieron funcionarios de primer nivel enviados por el presidente López Obrador, y se establecieron diversos compromisos.

Resaltó que lo que está en el fondo del asunto es el agua, el cuidado del medio ambiente, «pero el capítulo no está cerrado, por el contrario, hay diálogo».

Los acuerdos establecen que los comuneros se comprometieron a retirar las acciones de bloqueo, anteponiendo el diálogo; el 21 de agosto habrá una reunión de seguimiento con la Secretaría de Gobierno.

Se programará una nueva mesa de trabajo del 9 al 13 de septiembre próximo y las autoridades propondrán alternativas para regularizar la tierra y ordenar la zona de reserva, descartando anular el decreto de área protegida.

Romero López invitó a los comuneros de esos núcleos agrarios a avanzar, y aseguró que «nada se va a hacer a sus espaldas, pero sí, es necesario que se avance», reiteró.

Dijo que no hay necesidad de bloquear y afectar el aeropuerto de Huatulco y las operaciones aéreas, porque los habitantes de ese destino en su mayoría viven del campo, la pesca y la prestación de servicios turísticos.

«Por eso, no se puede mandar esa señal desde Oaxaca, de que los bloqueos van a ser actos repetitivos, no sólo por las implicaciones sociales o económicas, sino también por las legales de atentar contra una instalación estratégica», agregó.

«Quedamos en buenos términos», señaló, y transmitió el mensaje del gobernador Salomón Jara Cruz de que «somos hermanos, paisanos y se quiere lo mejor para Huatulco, Bajos de Coyula y El Arenal».

En el encuentro participaron funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), Comisión Nacional de Áreas Protegidas, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Coordinación de Delegados de Paz Social de la Secretaría de Gobierno.