Jaime Guerrero
Oaxaca, Oax.- Un grupo de feministas –convocadas por la diputada de Morena, Lizeth Arroyo Rodríguez– colocó un tendedero en el Congreso local, donde exhibió a mujeres y hombres que son jueces y magistrados, cuya actuación ha revictimizado a las mujeres que denuncian violencia vicaria.
Además, apareció el nombre de las magistradas, Sonia Luz Urieta, María de Lourdes Rojas Ríos, Alicia Medina, así como María Eugenia y por el lado de magistrados, Arturo de la Vega, Humberto Vázquez, Armando Lustre, José Luis Ríos y Olmer Figueroa.
“Lo que pretendemos es que se sancione la violencia institucional a la que somos objeto. Al sufrir violencia vicaria donde se utilizan a los niños para lastimar a las madres, también se acompaña de varias violencias como física, psicológica, patrimonial, social”, dijo una de las participantes.
Cuestionaron que al presentar las denuncias o las demandas ante las autoridades judiciales y del ministerio público, ahí vuelven a ser revictimizadas con la violencia institucional.
“Por eso, estamos apoyando la propuesta de la diputada Liz Arroyo que busca castigar la violencia vicaria con una pena de entre 4 a 8 años de privación de la libertad”, expresó.
Dijo que por medio de los acuerdos y sentencias sin perspectiva de género, sin perspectiva de infancia, que carecen de protocolos en el trato con niños y niños, los jueces y juezas, lastiman con su actuar a las mujeres.
“Revictimizan con el trato, con su violencia institucional y la falta de empatía, así como con su actuación machista”, refirió.
En tribuna, Arroyo Rodríguez reforzó y destacó que el 8 de marzo, invita a visibilizar que en Oaxaca las mujeres no estamos seguras ni en la casa.
A su juicio, resultado de la mala administración del sexenio anterior de Alejandro Murat el que hoy pretende ser el candidato presidencial de este país.
Pese a que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubica a Oaxaca está en primer lugar por feminicidios, superando al Estado de México y a Veracruz, en los tres primero meses de Salomón Jara Cruz.
Destacó entonces, su iniciativa de ley estatal para HACER OBLIGATORIA LA FORMACIÓN DE TODAS LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE GÉNERO Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES en los tres poderes, los órganos descentralizados, desconcentrados y autónomos, a nivel estatal y municipal, y que sea considerado como falta grave la negativa de recibir capacitación.
Lo anterior para dar cumplimiento a las Recomendaciones Generales 19 y 33 emitidas por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.