Oaxaca, Oax.- Agresiones hacia mujeres en total impunidad, (particularmente el caso de la saxofonista María Elena Ríos) por tráfico de influencias y demoras en las labores de investigación, avaladas y provocadas por Alejandro Magno González, en calidad de Vicefiscal y Fiscal del Estado, es lo que pesa y automáticamente descalifica al actual candidato a Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, recomendado por el mismo gobernador de Oaxaca.

Son cinco magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca las que serán renovadas en los próximos días, pero hay candidatos que no deberían ser siquiera considerados, por la historia de su vida y actuar como funcionarios, tal es el caso de Alejandro Magno González Antonio

Este «servidor público» ha sido señalado por la propia Maria Elena Ríos y grupos feministas como uno de los responsables de la impunidad que mantiene el caso de la saxofonista María Elena Ríos, quien fue atacada con ácido por órdenes del exdiputado del PRI, Juan Vera Carrizal y su hijo, Juan Antonio Vera Hernández.

Respecto a su labor en la Fiscalía General, también cuestionaron su actuar en el caso de la fotoperiodista, María del Sol Cruz Jarquín, quien fue asesinada en Juchitán de Zaragoza durante el proceso electoral del 2018, y cuyo feminicidio permanece impune, ya que según las defensoras de derechos humanos, Alejandro Magno estuvo «coludido» con el exfiscal Rubén Vasconcelos Méndez, para ocultar información relevante a la familia de la joven de 27 años.

Las activistas señalaron las omisiones de Magno González para brindar atención a las denuncias por violencia de género y, cuestionaron su perfil para ocupar el cargo al que aspira, indicando que no cumple con los requisitos que marca la ley en el Artículo 101, fracción VI, de la Constitución local, que específicamente señala que el aspirante no debió de haber sido Fiscal General del Estado, en el año anterior a su nombramiento.

La ley se hizo para cumplirse y en esto deben ser ejemplo tanto el gobernador del estado, como los diputados de la LXIV legislatura.

La demanda para no aprobar el nombramiento propuesto por el Ejecutivo, está dirigida a las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, conformada por las morenistas Elisa Zepeda Lagunas, Magaly López Domínguez y Karina Espino Carmona, así como por la priista María Lilia Arcelia Mendoza Cruz y el representante del Partido del Trabajo, Noé Doroteo Castillejos, quienes deberán presentar las ternas ante el Pleno; el cual tendrá hasta el 27 de octubre para tomar una decisión.

Entre el resto de aspirantes a magistrados se encuentran Berenice Ramírez Jiménez, Kyryat Masedany Flores Sánchez, Juan Carlos Díaz Carranza, Genaro Cruz Cruz, Jorge Armando Félix Toledano, María Antonia Esteva Domínguez, Oswaldo Pacheco Ramírez y Manlio Rigoberto Hernández Domínguez.