Jaime Guerrero

Oaxaca, Oax.- El coordinador de la Comisión de Protección de Datos del Sistema Nacional de Transparencia, Javier Martínez, alertó que los formatos para las declaraciones patrimoniales, aprobadas por el Sistema Nacional Anticorrupción, violan los derechos de los funcionarios.

En su ponencia «Retos de la Implementación de la Ley de Datos Personales», organizada por el IAIP, el coordinador advirtió también una vez que entren en vigor los formatos de declaración patrimonial que se interpondrían denuncias, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en materia de transparencia.

«La Corte apenas va a transitar a esa ponderación cuando se particularice en cada caso, el caso de los formatos», ante el derecho de los servidores públicos a resguardar sus datos.

«La gente tiene derecho a saber cuánto gano, pero no tiene derecho a saber en qué me los gasto”.

Martínez aseguró que estos formatos, que hace una semana fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y que entraron en vigor el 1 de diciembre; comprende el llenado de 500 rubros, que abarca los ámbitos patrimonial, de interés y fiscal de los funcionarios públicos.

Recordó que, además, estos formatos los obliga a entregar la información de sus parejas.

Concedió que la gente tiene derecho a saber el número de teléfono que me paga el Instituto, pero no tiene derecho a saber cuál es el número que pago yo con mi sueldo.

El integrante de Sistema Nacional de Transparencia destacó que la reglamentación emitida por el Sistema Nacional Anticorrupción se contrapone con lo establecido en la Ley General de Transparencia, en materia de la declaración patrimonial.

Lo anterior, debido a que las publicaciones de las declaraciones están sujetas a la autorización del funcionario y que sea en una versión pública.

Por lo pronto, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio la razón a la reglamentación del Sistema Anticorrupción.

Y es que dijo que los funcionarios pueden ser víctimas de la delincuencia, pues se sabrá sobre todos sus ingresos.

En tanto, criticó que los formatos no hacen distinción de información derivada de la función pública, de aquella que es ajena a ésta.

«Yo me pregunto cómo quito de esa declaración patrimonial de ese patrimonio que formé no necesariamente con recurso público, que no es una violación a un dato personal de un tercero que no tendría que exponerse», asentó.