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Fuera de foco
Después del minuto de silencio
Por: Renán Martínez Casas
Alejandro Leyva murió almorzando como almuerza la mayoría de la gente en Oaxaca: en un puesto de memelas, a media mañana, sin la sospecha de que ese fuera a ser su último almuerzo. Dos hombres llegaron en motocicleta, uno bajó, le disparó por la espalda y ambos huyeron. Minutos después arrancó el otro proceso, el que en México ya se sabe de memoria: la condena del gobernador, el despliegue de peritos, el anuncio de que la Fiscalía General de la República atrae el caso, la promesa de que «esto no quedará impune». Un libreto conocido.
Elena Cosentino, directora del Instituto Internacional para la Seguridad de los Periodistas, lo dijo con precisión a propósito del informe anual de la organización sobre el año pasado: el problema no es que a nadie le importe cuando matan periodistas. El problema es que no pasa nada después. Los ejércitos siguen operando igual, las redacciones siguen operando igual, y la historia continúa sin esas personas. Cosentino hablaba de Gaza, de Ucrania, de zonas con guerra declarada. Pero la frase describe con exactitud lo que ocurre en San Pablo Etla, en Nanchital, en Poza Rica, en Chilpancingo: la ausencia de consecuencia convertida en régimen normal.
Leyva es el séptimo u octavo periodista asesinado en México en lo que va de 2026, dependiendo de la organización que lleve la cuenta. Artículo 19 documentaba trece casos en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum hasta mediados de julio, sin incluir todavía el suyo. La cifra por sí sola no dice poco, pero detrás podemos observar algo más. De los periodistas que integran esa lista —Kristian Uriel Martínez Zavala en Guanajuato, José Carlos González Herrera y Ronald Paz Pedro en Guerrero, Miguel Ángel Beltrán Martínez en Durango, Roxana Guzmán Ramírez y Luis Ángel López Valdés en Veracruz, ahora Leyva en Oaxaca— casi ninguno trabajaba para un medio nacional ni contaba con el respaldo de una estructura corporativa. Eran directores de portales locales, columnistas de opinión, reporteros de nota policiaca, comunicadores que sostenían su propio proyecto informativo con recursos mínimos. El periodismo que muere en México no es, salvo excepciones, el periodismo que tiene departamento legal.
Esa asimetría es exactamente la que Cosentino identifica como una de las heridas más difíciles de cerrar en el oficio: la protección disponible para el corresponsal enviado a cubrir un conflicto lejano no es la misma que la de quien investiga a un alcalde, a un cacique regional o a una célula del crimen organizado en su propio municipio, sin más respaldo que su cámara y su nombre. En Oaxaca, un estado donde la vida pública se organiza todavía en buena medida desde lo comunitario y lo territorial, esa desprotección tiene un peso adicional: el periodista crítico no se enfrenta solamente a un gobierno, sino a redes de intereses económicos y políticos que operan con la lógica de la cercanía, donde señalar a un funcionario por su nombre significa señalar también a alguien con quien se comparte territorio.
Hay un segundo elemento que conviene no dejar pasar: la impunidad no es solamente la ausencia de justicia para las víctimas ya asesinadas. Es, sobre todo, un incentivo para quien todavía está calculando si vale la pena disparar. Cuando el costo de matar a un periodista tiende a cero —ni consecuencia legal, ni política, ni reputacional—, la violencia deja de ser un riesgo y se convierte en una herramienta eficiente para silenciar molestias. Dieciséis periodistas asesinados en Oaxaca desde 2019 no es una estadística trágica aislada; es la evidencia de que el mecanismo funciona, de que efectivamente sirve para algo.
A esa cadena hay que sumarle un eslabón que suele pasar desapercibido porque no deja cadáver: el descrédito público como antesala de la agresión. Cuando el poder cuestiona públicamente la honestidad de un periodista, lo acusa de mentir o de tener intereses ocultos, no está simplemente respondiendo a una crítica. Está señalando un blanco. Leyva llevaba semanas exhibiendo a un senador cercano al gobernador por presunto huachicol y despojo de tierras en el Istmo, y meses antes había denunciado sentirse perseguido por el propio gobierno estatal. No hay, por ahora, evidencia pública de una campaña de desprestigio explícita en su contra, y sería irresponsable afirmar un vínculo causal que la investigación todavía no ha establecido. Pero el patrón general —denuncia periodística, respuesta hostil desde el poder, violencia después— es demasiado recurrente en el país como para no tenerlo presente como hipótesis de trabajo.
El acoso digital forma parte de esa misma cadena, aunque rara vez se le trate con la misma gravedad que un ataque físico. Amenazas en redes, campañas coordinadas de desprestigio, doxxing: para quienes hoy diseñan protocolos de seguridad en redacciones de otras partes del mundo, ya no son categorías separadas de la violencia física, sino etapas de un mismo proceso. En México, donde buena parte del periodismo local se ejerce casi en solitario, sin equipo legal ni área de comunicación que contenga esos ataques, esa etapa previa suele pasar sin registro, hasta que ya es demasiado tarde para prevenir lo que viene después.
Y está, finalmente, lo que casi nunca se documenta: el desgaste. Ejercer el oficio bajo amenaza constante, sabiendo que el colega de al lado también puede ser el siguiente, tiene un costo psicológico que ninguna fiscalía contempla y que ningún comunicado de condena repara. La salud mental de quienes siguen escribiendo después de cada asesinato no es un tema secundario del periodismo mexicano; es una de las razones por las que cada vez hay menos periodismo de investigación local, no porque falte vocación, sino porque falta quién sostenga a quien decide seguir haciéndolo.
Frente a todo esto, la respuesta ha sido casi siempre individual: cada medio, cada periodista, gestionando su propio riesgo por su cuenta, mientras la competencia entre organizaciones informativas sigue intacta incluso frente a la amenaza compartida. En otros contextos, la coordinación entre medios rivales en materia de seguridad —el intercambio de información, la ayuda mutua, la construcción de protocolos comunes— ha demostrado ser lo único que realmente cambia algo, precisamente porque desplaza la responsabilidad de lo individual a lo colectivo. En México, esa clase de cooperación sigue siendo excepcional, y con frecuencia se limita a los pronunciamientos posteriores al crimen, no a la prevención antes de que ocurra.
Leyva será, probablemente, un nombre más en el conteo del próximo informe. Su caso se sumará a una lista que crece con la regularidad suficiente como para dejar de sorprender, que es exactamente la definición de normalización. La pregunta que debería quedar después del minuto de silencio no es sólo quién lo mató, sino cuánto tiempo más puede un país sostener un periodismo local que sobrevive pese al Estado, no gracias a él.
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