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Fuera de foco
¿De dónde salen los torturadores?
Por: Renán Martínez Casas
Mientras el país volvía a envolverse en banderas, discutía alineaciones, organizaba reuniones para ver el Mundial y alimentaba ese nacionalismo que cada cuatro años encuentra en el futbol un motivo para proclamarse orgulloso de sí mismo, Oaxaca también entraba en la temporada de la Guelaguetza. La cobertura mediática se va llenando de desfiles, conciertos, gastronomía, turismo y celebraciones. En medio de esa atmósfera festiva se dio a conocer una noticia devastadora: Oaxaca ocupa el primer lugar nacional en expedientes abiertos por tortura o tratos crueles y degradantes del fuero federal. Sumados los casos del fuero común, la cifra alcanza mil 251 carpetas abiertas.
Los datos fueron presentados por la propia Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca con información de la Fiscalía General de la República. Son números oficiales. Muestran una realidad que lleva años construyéndose y, sin embargo, apenas logró abrirse paso entre la avalancha de noticias. Tal vez esa convivencia entre la celebración y el horror diga algo sobre nuestra manera de mirar el país. Siempre hay un acontecimiento capaz de desplazar al anterior. Siempre hay una fiesta, una polémica o una coyuntura que termina cubriendo aquello que exige una conversación mucho más larga.
Las cifras también obligan a leer con cuidado. Esos casi dos mil casos corresponden a expedientes abiertos, no a responsables sancionados. La distancia entre una cosa y otra ayuda a entender por qué la impunidad sigue siendo uno de los principales combustibles de la violencia. A nivel nacional, apenas alrededor del uno por ciento de las investigaciones por tortura llega a judicializarse. La inmensa mayoría queda atrapada en el largo recorrido de la denuncia sin alcanzar siquiera la posibilidad de que un juez conozca el caso.
La impunidad tampoco es un problema exclusivo de la tortura. Atraviesa prácticamente todos los delitos que más lastiman al país. Homicidios, desapariciones, extorsiones, feminicidios, corrupción o delitos ambientales suelen recorrer el mismo camino: una denuncia, una investigación deficiente y un desenlace incierto. La tortura es un síntoma especialmente brutal de una enfermedad mucho más amplia. Cuando el Estado demuestra que tiene pocas posibilidades de investigar y sancionar a quienes violan la ley, delinquir implica un riesgo sorprendentemente bajo.
Hace décadas que el Estado mexicano responde casi siempre del mismo modo frente a los grandes problemas de seguridad y justicia. Crea nuevas leyes, instala mecanismos, anuncia fiscalías especializadas, presenta protocolos, abre registros, modifica códigos penales. La producción de instrumentos legales parece inagotable. Mucho menos frecuente resulta encontrar el mismo empeño para investigar con profesionalismo, sancionar a los responsables, depurar corporaciones, fortalecer ministerios públicos y mucho menos intervenir sobre las condiciones que alimentan la violencia como pregona tan efusivamente el régimen actual.
La experiencia ha demostrado una y otra vez que aumentar las penas no disminuye la comisión de los delitos. Lo que realmente modifica la conducta de quien está dispuesto a delinquir es la probabilidad de ser descubierto, investigado y castigado. Mientras esa probabilidad siga siendo tan baja, cualquier reforma legal terminará siempre siendo más a una declaración política que a una solución.
Cada nuevo mecanismo transmite la impresión de que algo se está haciendo, aunque los resultados sigan mostrando que la violencia continúa y que la impunidad permanece prácticamente intacta. Administrar un problema consiste precisamente en impedir que se desborde sin eliminar las causas que lo producen. Resolverlo exige decisiones mucho más difíciles, menos espectaculares y, casi siempre, menos rentables políticamente.
Es un error, sin embargo, depositar toda la responsabilidad en las instituciones públicas. La violencia institucional no sobrevive únicamente porque existan autoridades dispuestas a ejercerla; también sobrevive cuando la sociedad participa de ella.
Los policías que torturan, los funcionarios que fabrican delitos, los custodios que golpean o los servidores públicos que abusan de su poder no surgieron de una realidad distinta a la nuestra. Se formaron en familias donde la violencia era una forma aceptable de corregir; en escuelas donde humillar producía obediencia; en grupos de amigos donde la fuerza otorgaba prestigio; en pandillas, porras y espacios cotidianos donde imponerse mediante el miedo significaba ganar respeto. La violencia se aprende mucho antes de vestir un uniforme o recibir un nombramiento.
También se aprende a convivir con ella. Se aprende cuando el insulto sustituye al argumento, cuando el golpe parece un recurso legítimo para resolver conflictos, cuando la humillación divierte, cuando el abuso deja de sorprender y cuando la fuerza empieza a confundirse con autoridad. Se aprende cuando un padre presume que «enderezó» a golpes a su hijo, cuando una escuela tolera el acoso como si fuera parte del crecimiento, cuando una comunidad guarda silencio frente a quien abusa de su poder porque «siempre ha sido así». La violencia institucional no aparece de la nada. Es una prolongación de violencias que la propia sociedad produce, reproduce y transmite de una generación a otra.
Nada de esto disminuye la responsabilidad del Estado. Al contrario. La vuelve todavía más grande. Precisamente porque la violencia tiene raíces sociales profundas, las instituciones tendrían que convertirse en el espacio donde esa lógica se detiene, no donde se perfecciona. Cuando un agente del Estado tortura, no actúa solamente como un individuo que comete un delito; utiliza el poder público para convertir la violencia en una práctica institucional y demuestra que ni siquiera quienes están obligados a proteger la ley se sienten obligados a respetarla.
Oaxaca no necesita otro mecanismo si los ya existentes no funcionan. Tampoco necesita leyes cada vez más severas si quienes torturan siguen teniendo pocas posibilidades de enfrentar a la justicia. Necesita instituciones capaces de investigar, sancionar y prevenir. Necesita gobiernos que dejen de administrar estadísticas y empiecen a resolver problemas.
La noticia de los expedientes abiertos por tortura no debería perderse entre los festejos, las ceremonias y las fotografías de temporada. Obliga a mirar de frente una realidad que lleva demasiado tiempo instalada entre nosotros.
¿Cuándo empezamos a aceptar la violencia como parte de la vida cotidiana? ¿En qué momento dejaremos de verla únicamente como una responsabilidad del Estado y reconoceremos que también la estamos formando en nuestras casas, nuestras escuelas, nuestros grupos y nuestras comunidades? ¿Cuántas formas de violencia seguimos enseñando mientras exigimos que desaparezcan? ¿Cómo vamos a erradicar la tortura si seguimos educando generaciones enteras para ejercer la violencia o convivir con ella?
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