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Fuera de foco

Registro de celulares: Una crisis de confianza

Por: Renán Martínez Casas

Claudia Sheinbaum enfrenta una nueva crisis de confianza: la resistencia de millones de personas a registrar sus líneas telefónicas en el padrón obligatorio impulsado por su gobierno.

La semana pasada, la presidenta aseguró que más de la mitad de las líneas celulares ya fueron registradas. No presentó cifras. Tampoco lo hizo Pepe Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, quien deberá informar sobre el avance del proceso la próxima semana. Y cuando se le preguntó sobre una posible prórroga al plazo que vence el 30 de junio, prefirió dejar la respuesta para la próxima semana.

La escena revela una contradicción evidente. Durante meses las autoridades insistieron en que no habría prórroga y que el plazo debía cumplirse. Sin embargo, a pocos días de su vencimiento, la posibilidad de una ampliación ya forma parte de la conversación pública y diversos reportes periodísticos apuntan en esa dirección. Si el registro avanzara con la rapidez y aceptación previstas, esa discusión ni siquiera existiría.

La respuesta está menos en la tecnología y más en la política. Menos en las plataformas digitales y más en la confianza.

El dato relevante no es cuántas líneas han sido registradas. El dato relevante es cuántas no.

A pocos días de la fecha límite seguimos hablando de decenas de millones de teléfonos pendientes de vinculación. Podemos discutir si son 80 millones, 70 o 60. Podemos esperar las nuevas cifras que el gobierno promete presentar. Pero hay algo que ya resulta difícil de ocultar: el registro no está avanzando con la rapidez ni con la aceptación social que el gobierno esperaba para lograr su meta.

Desde el inicio, el registro obligatorio de líneas telefónicas provocó una reacción de rechazo entre amplios sectores de la población: millones de personas simplemente decidieron no hacerlo.

La explicación oficial sostiene que el registro permitirá combatir delitos como la extorsión o el secuestro. El gobierno insiste en que los datos serán resguardados por las empresas de telefonía y que no será usado para espionaje. Además, como ocurre con frecuencia, las críticas han sido cuestionadas por la presidenta como parte de las campañas impulsadas por quienes buscan desacreditar a la administración federal.

Pero esa explicación deja fuera el elemento central de la historia. La desconfianza.

La resistencia al registro nació de la percepción social ampliamente extendida de que entregar más información personal al Estado implica riesgos que nadie quiere correr.

México acumula una larga historia de filtraciones de datos personales, hackeos a instituciones públicas, vulneraciones de sistemas gubernamentales y espionaje ilegal. Los incidentes ocurren una y otra vez.

Por eso resulta ingenuo pensar que la discusión gira exclusivamente alrededor de los detalles técnicos del registro. La mayoría de las personas no está realizando un análisis jurídico de la reforma ni comparando experiencias internacionales. Lo que hace es algo mucho más sencillo: preguntarse si confía o no. Y para millones de personas la respuesta parece ser negativa.

Esa desconfianza existía desde antes. Lo interesante es que los acontecimientos recientes han comenzado a alimentarla todavía más.

En las últimas semanas se han conocido casos de personas que descubrieron líneas telefónicas registradas a su nombre sin haber realizado el trámite. También han aparecido reportes sobre tarjetas SIM comercializadas con registros asociados a terceros. Algunos usuarios han denunciado dificultades para corregir registros indebidos una vez detectados. Paralelamente, especialistas han advertido sobre los riesgos asociados al robo de identidad y a la posible aparición de mercados informales alrededor de estas restricciones.

Ninguno de estos episodios explica por sí mismo la resistencia ciudadana. Lo que hacen es reforzarla porque cada nuevo problema se entiende como una confirmación.

A ello se suma otro elemento. Hasta ahora no existe evidencia contundente de que registros obligatorios de esta naturaleza reduzcan de manera significativa delitos como la extorsión telefónica. Diversos especialistas han señalado que este tipo de mecanismos suele generar fenómenos de sustitución: los delincuentes recurren a identidades falsas, utilizan líneas registradas a nombre de terceros o migran hacia otras modalidades de comunicación.

La delincuencia se adapta.

Hoy la pregunta es ¿qué hará el gobierno si millones de líneas siguen sin registrarse cuando llegue la fecha límite?

La posibilidad de una desconexión masiva parece poco realista. Suspender decenas de millones de líneas implicaría afectar actividades económicas, operaciones bancarias, servicios digitales, plataformas de transporte y buena parte de la vida cotidiana de millones de personas. Sería una decisión políticamente costosa y socialmente desastrosa.

Todo indica que el gobierno se encamina hacia una prórroga o hacia algún mecanismo equivalente que le permita evitar los costos de una desconexión masiva. No porque el problema haya desaparecido, sino porque resulta difícil sostener una fecha límite cuando millones de líneas permanecen fuera del registro.

Si la ampliación termina concretándose, probablemente será presentada como una muestra de sensibilidad institucional, como una decisión orientada a facilitar el cumplimiento o a escuchar las preocupaciones de la ciudadanía. Esa narrativa será políticamente comprensible. Lo que resultará más difícil de ocultar es que el gobierno llegó a este punto después de haber sostenido durante meses que no habría prórrogas.

Una prórroga no resolvería el problema central. Sólo lo pospondría porque el verdadero desafío nunca ha sido tecnológico. Tampoco jurídico. Ni siquiera administrativo. El verdadero problema es que una parte importante de la sociedad no confía.

No confía plenamente en las instituciones que impulsan la medida. No confía en la capacidad del sistema para proteger información sensible. No confía en que los beneficios prometidos compensen los riesgos percibidos. Y no confía lo suficiente como para entregar voluntariamente más datos personales sin hacerse preguntas.

Quizá la próxima semana el gobierno presente cifras más alentadoras. Quizá el registro continúe avanzando. Quizá la fecha límite termine modificándose. Todo eso es posible. Lo que parece mucho más difícil de modificar es el clima de desconfianza que este episodio ha dejado al descubierto.

Porque las políticas públicas que dependen de la colaboración ciudadana requieren algo más que leyes, plataformas digitales y campañas de difusión. Requieren credibilidad y eso es precisamente de lo que carece este gobierno.

Lo que estamos observando es una prueba de confianza entre el Estado y la ciudadanía. Si en los próximos días el gobierno anuncia una prórroga, como todo parece indicar, no estará resolviendo el problema. Estará administrándolo. Porque el principal obstáculo para el registro obligatorio de celulares nunca ha sido el calendario ni la plataforma tecnológica.

Ha sido la desconfianza. Y ninguna prórroga puede corregir eso.

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