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Fuera de foco

Gobernar el desacuerdo

Por: Renán Martínez Casas

En días pasados, la discusión pública nacional sobre los acontecimientos ocurridos en Mitla se ha concentrado en una pregunta inmediata: quién tuvo la razón. Para algunos, la responsabilidad recae en los maestros que bloquearon una vía fundamental para la movilidad regional; para otros, en quienes decidieron retirar el bloqueo mediante la confrontación directa. Sin embargo, más allá de la disputa coyuntural, el episodio obliga a observar un problema más profundo y permanente: la dificultad de conciliar derechos legítimos cuando éstos entran en conflicto.

El derecho a la protesta y el derecho a la libre circulación forman parte del entramado básico de cualquier democracia. Ambos tienen sustento constitucional. Ambos son necesarios para la vida pública. Y ambos protegen libertades esenciales.

Sin embargo, en la discusión cotidiana suele instalarse una idea equivocada: que uno de ellos debe imponerse necesariamente sobre el otro. No es así. El derecho a manifestarse no elimina el derecho de terceros a desplazarse libremente, del mismo modo que la libertad de tránsito no puede utilizarse para cancelar la protesta social. El problema aparece cuando se pretende ejercer cualquiera de ellos de manera absoluta.

Una manifestación que paraliza por completo una región durante periodos prolongados afecta actividades económicas, servicios, trabajo, educación y vida comunitaria. Pero una respuesta orientada exclusivamente a garantizar la circulación, ignorando las causas y demandas de quienes protestan, termina erosionando libertades fundamentales y empobreciendo la vida democrática.

La verdadera dificultad no consiste en decidir cuál derecho vale más. Consiste en encontrar mecanismos que permitan la coexistencia de ambos.

En México, históricamente, las autoridades han tendido a permitir que el conflicto siga su curso hasta donde las circunstancias políticas lo permitan. No necesariamente porque consideren que el derecho a la protesta es superior, sino porque intervenir implica costos políticos y riesgos de escalamiento.

Comúnmente se opta por tolerar bloqueos, plantones o cierres carreteros mientras se busca una negociación paralela. El problema es que esa estrategia suele trasladar el costo del conflicto a terceros que no participan directamente en él.

Existe una sola excepción. A principios de este siglo, algunas movilizaciones estudiantiles en el entonces Distrito Federal fueron canalizadas mediante acuerdos que permitieron mantener la protesta sin bloquear totalmente vías estratégicas. No importa tanto quién ocupaba entonces la jefatura de Gobierno ni quiénes fueron los manifestantes. Lo relevante es que existió un intento de conciliación y fue exitoso.

El Estado mexicano nunca desarrolló de manera consistente una cultura institucional orientada a armonizar derechos en conflicto. Entre la tolerancia pasiva y la intervención tardía suele existir un amplio espacio de negociación que nunca se explora con seriedad.

Hay una idea profundamente equivocada en buena parte de nuestra conversación pública: creer que los conflictos representan fallas del sistema. En realidad ocurre lo contrario. Las sociedades democráticas producen conflictos de manera permanente porque están compuestas por personas, grupos y comunidades con intereses distintos, necesidades distintas y visiones distintas del mundo.

Trabajadores y empleadores. Comunidades y gobiernos. Empresarios y ambientalistas. Pueblos indígenas y megaproyectos. Manifestantes y usuarios de servicios públicos. Nada de esto es anormal. La política existe precisamente porque existen conflictos. Gobernar no significa eliminarlos. Gobernar significa administrarlos.

Por eso debería preocuparnos más que el conflicto deja de procesarse mediante instituciones y se resuelva mediante relaciones de fuerza, que quien tiene la razón.

Lo ocurrido en Mitla debería interpretarse desde esa perspectiva. Más allá de las versiones enfrentadas, de las responsabilidades específicas o de las investigaciones que eventualmente determinen hechos concretos, el episodio revela la ruptura total de los mecanismos de intermediación.

Existe un desacuerdo entre actores con intereses contrapuestos. Por un lado, un movimiento magisterial que considera legítimo utilizar medidas de presión para impulsar demandas que considera justas. Por otro, sectores de una comunidad que perciben afectaciones directas a su vida económica, laboral y cotidiana. Entre ambos debería existir una estructura institucional capaz de construir salidas, generar acuerdos, establecer límites razonables y evitar que el conflicto escale. Eso es, precisamente, lo que se espera de los gobiernos.

Como esa mediación no ocurre, el espacio público se llena de incertidumbre. Los actores dejan de confiar en que las instituciones resolverán el problema y buscan soluciones por cuenta propia. Es entonces cuando la política retrocede y la confrontación avanza.

Hay otro elemento que merece atención. Se habla de “el pueblo” como si se tratara de un actor homogéneo con una sola voluntad y una sola posición frente a los acontecimientos. Pero ninguna comunidad funciona de esa manera. Las comunidades están compuestas por grupos, liderazgos, intereses económicos, organizaciones, afinidades políticas y visiones distintas sobre los problemas públicos. Mitla no es una excepción.

Reducir lo ocurrido a un enfrentamiento entre “los maestros” y “el pueblo” simplifica una realidad mucho más compleja. Lo que suele aparecer como una reacción colectiva casi siempre contiene matices, diferencias y disputas internas que permanecen fuera de la narrativa pública.

Comprender esa complejidad resulta indispensable para evitar lecturas simplistas y para entender que los conflictos sociales rara vez se reducen a dos bandos claramente definidos.

Quizá la pregunta más importante no sea quién ganó el enfrentamiento. Tampoco quién tuvo más razón. La cuestión de fondo es otra: ¿qué tan capaces son nuestras instituciones de administrar desacuerdos inevitables sin que éstos desemboquen en violencia?

Porque el problema central no es que existan bloqueos. Tampoco que existan protestas. Ni siquiera que exista inconformidad social. Todo eso forma parte normal de la vida democrática. Lo preocupante es cuando la única salida visible termina siendo la confrontación.

En ese momento ya no estamos discutiendo derechos. Estamos observando el fracaso de los mecanismos que deberían permitir su coexistencia.

La violencia suele aparecer cuando nadie fue capaz de construir acuerdos a tiempo. Puede ofrecer soluciones inmediatas, pero deja intactas las causas que originaron el conflicto y suele añadir nuevas fracturas a las ya existentes.

Por eso los episodios de confrontación terminan afectando a todos los involucrados y también a quienes ni siquiera participaron directamente en ellos.

La madurez democrática no consiste en evitar los conflictos. Consiste en impedir que terminen resolviéndose a golpes.