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Fuera de foco
La CIA en México y la hipocresía soberanista.
Por: Renán Martínez Casas
El accidente automovilístico en Chihuahua que involucró a funcionarios estadounidenses —posteriormente vinculados a la CIA tras un operativo contra un narcolaboratorio— abrió un nuevo frente de tensión política y diplomática. Lo verdaderamente extraño del caso no es que hubiera agentes de esa agencia operando en México. Lo extraño es que nos hayamos enterado.
Durante días, el debate público se ha concentrado en las preguntas inmediatas: qué hacían esos agentes, quién autorizó su presencia, por qué participaban en un operativo contra un narcolaboratorio y cómo ocurrió el accidente que terminó con varias muertes. Son preguntas legítimas, pero insuficientes. Mientras la discusión se queda ahí, hay un elemento más profundo que permanece fuera del foco: este episodio no revela una anomalía, sino una práctica que existe desde hace años y que, por alguna razón, dejó de ser invisible.
La ficción rota
Durante décadas, la relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos ha operado bajo una lógica de ambigüedad deliberada. La cooperación existe, pero rara vez se reconoce en sus términos reales. Las agencias estadounidenses participan, pero no “operan”. Las autoridades mexicanas coordinan, pero no “permiten”. Es un lenguaje construido para sostener una ficción útil: la de una soberanía intacta en el discurso, aunque erosionada en los hechos.
El accidente en Chihuahua rompió esa ficción, aunque sea momentáneamente. La reacción institucional confirma el patrón. La presidenta Claudia Sheinbaum exige explicaciones. La gobernadora Maru Campos anuncia una investigación “imparcial”. Las instituciones se mueven con rapidez, pero en una dirección conocida: contener el daño, administrar la narrativa y trasladar el caso a un terreno donde el tiempo diluya la presión pública.
Nada de eso resuelve el problema de fondo. Porque el problema no es el accidente. Es el vacío legal que lo rodea.
Hipocresía soberanista
México sostiene una defensa retórica de la soberanía que no corresponde con la realidad operativa del país. Se rechaza públicamente la intervención extranjera mientras, en los hechos, se tolera o incluso se facilita bajo esquemas informales. Esa contradicción no es nueva, pero sí profundamente funcional: permite negar lo que ocurre y, al mismo tiempo, beneficiarse de ello.
La soberanía, en este contexto, se ha convertido en un recurso discursivo selectivo. Se invoca frente a Estados Unidos cuando conviene políticamente, pero se diluye frente a la expansión territorial del crimen organizado o frente a las dinámicas de cooperación que ya existen en materia de inteligencia y seguridad. Es una soberanía que se defiende hacia afuera, pero que se cede hacia adentro sin reconocimiento público.
México ya ha cedido, en los hechos, partes de su capacidad de decisión en materia de seguridad. La pregunta no es si eso debe ocurrir, sino bajo qué condiciones ocurre y quién responde por ello.
El territorio que no se gobierna
Hay un punto que suele evitarse en el debate público por incomodidad política, pero que resulta imposible ignorar: el crimen organizado ejerce control territorial en amplias regiones del país, muchas veces en alianza o colusión con autoridades locales. No se trata únicamente de presencia, sino de gobierno efectivo: regulación de actividades económicas, control de rutas, imposición de reglas y, en algunos casos, sustitución de funciones del Estado.
En ese contexto, la discusión sobre soberanía adquiere otra dimensión. Un Estado que no controla plenamente su territorio enfrenta límites reales para ejercer su autoridad. Negar esos límites no los elimina; solo los vuelve más costosos. La insistencia en una soberanía entendida como exclusividad absoluta de acción termina funcionando, paradójicamente, como una cobertura para la inacción o la simulación.
El narcotráfico, además, no es un fenómeno contenido dentro de las fronteras nacionales. Es una industria transnacional que conecta producción, distribución, consumo y lavado de dinero a través de múltiples países. Pretender enfrentarlo con marcos jurídicos estrictamente nacionales es, en el mejor de los casos, insuficiente; en el peor, funcional al statu quo.
Regular lo que ya ocurre
Por eso la discusión relevante no es si debe haber cooperación operativa con Estados Unidos. Esa cooperación ya existe. El punto es si seguirá ocurriendo en la opacidad o si será sometida a reglas claras, públicas y verificables.
Un nuevo marco jurídico en materia de seguridad no implicaría renunciar a la soberanía, sino ejercerla de manera más eficaz. Implicaría establecer condiciones precisas bajo las cuales agentes extranjeros pueden participar en operaciones en territorio nacional: quién autoriza, qué funciones pueden desempeñar, bajo qué límites, con qué mecanismos de supervisión y con qué responsabilidades legales.
La diferencia es sustantiva. Hoy, la intervención ocurre sin reglas claras y sin control democrático. Un marco regulado permitiría exactamente lo contrario: delimitar, supervisar y, llegado el caso, sancionar. Es decir, convertir una práctica informal en una política pública sujeta a escrutinio.
Esto no elimina los riesgos. Ningún esquema de cooperación internacional en materia de seguridad está exento de tensiones o abusos potenciales. Pero la ausencia de reglas no reduce esos riesgos; los amplifica. La clandestinidad no protege la soberanía, la debilita.
Las objeciones previsibles
Habrá quienes califiquen esta propuesta como una forma de intervencionismo. La objeción ignora un hecho básico: la intervención ya ocurre. La diferencia es que hoy no está regulada ni transparentada. Defender el statu quo no es defender la soberanía, sino sostener una simulación.
Otros advertirán que abrir la puerta a la participación de agencias extranjeras implica un riesgo de abuso por parte de Estados Unidos. Ese riesgo existe, pero precisamente por eso se requiere un marco jurídico claro. La regulación no es una concesión, es una herramienta de control.
También aparecerá la crítica más predecible: que aceptar este tipo de esquemas equivale a perder soberanía. Pero la soberanía no se define por la negación de la realidad, sino por la capacidad de establecer reglas sobre ella. No hay pérdida de soberanía en regular una práctica existente; la pérdida ocurre cuando esa práctica se desarrolla sin control del propio Estado.
El verdadero dilema
El accidente en Chihuahua no abre una discusión nueva, pero sí vuelve inevitable una conversación que se ha postergado durante años. México ya cede soberanía en los hechos, ya permite la participación de agencias extranjeras en distintos niveles y ya enfrenta un problema de seguridad que rebasa sus fronteras.
La disyuntiva no es entre soberanía e intervención. Es entre opacidad y regulación. Entre una práctica que ocurre en la sombra y una política que se reconoce, se define y se controla.
Persistir en la negación solo garantiza que episodios como este se repitan bajo las mismas condiciones: sin claridad, sin responsabilidades y sin aprendizaje institucional. Apostar por un nuevo marco jurídico implica asumir el costo político de decir lo que ya pasa, pero también abre la posibilidad de ordenar lo que hoy funciona en la ambigüedad.
Porque al final, el problema no es que otros actúen en nuestro territorio. El problema es que ocurra sin reglas, sin control y sin que nadie asuma públicamente las consecuencias.
Y eso, más que una defensa de la soberanía, es su renuncia silenciosa.
