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Fuera de foco

Autocracia con urnas

Por: Renán Martínez Casas

México ya no puede describirse con honestidad como una democracia. El país fue clasificado por el Instituto V-Dem como autocracia electoral, una categoría reservada para regímenes donde se conserva la mecánica de las elecciones, pero se degradan de forma consistente las condiciones que hacen posible la competencia democrática real: árbitros autónomos, contrapesos, libertad crítica, independencia judicial y posibilidad efectiva de alternancia. V-Dem ubica a México en esa condición desde 2024 y documenta un proceso de autocratización iniciado alrededor de 2019.

Eso debería haber provocado un escándalo nacional. No ocurrió. El régimen logró normalizar la degradación. La vuelve rutina, discurso, costumbre. Convierte cada retroceso en trámite y cada captura institucional en “transformación”. Así, una parte del país sigue discutiendo si esto todavía merece llamarse democracia, como si el problema fuera semántico y no político. Pero ya no se trata de un matiz. México fue degradado internacionalmente porque su sistema político ya no cumple el estándar mínimo de una democracia competitiva.

Ya no tenemos una democracia competitiva. En México todavía hay boletas, partidos, campañas, spots, debates, propaganda y candidatos. También hay elecciones periódicas, pero sin equidad. El régimen no necesita cancelar las elecciones para desfigurar la democracia. Le basta con inclinar la cancha hasta volverla irreconocible.

Morena ya no compite únicamente como partido. Compite como régimen. Entra a los procesos con la fuerza del aparato público, con la exposición permanente del poder, con una narrativa diaria de legitimación, con la colonización del espacio público, con la estructura territorial construida desde el gobierno, con programas sociales políticamente capitalizados y con una maquinaria de comunicación que ningún adversario puede igualar. Administra la desigualdad electoral desde el Estado.

Por eso la oposición real existe cada vez más como figura decorativa. Puede hablar, denunciar, postular, impugnar y perder, incluso hasta con cierta dignidad. Puede incluso ganar pequeñas batallas o sostener enclaves locales. Pero otra cosa es disputar el poder nacional en condiciones razonablemente parejas. Ahí es donde la democracia mexicana se ha venido desmoronando. Una oposición reducida a testimonio no es prueba pluralismo, es prueba de desequilibrio estructural.

El PT y el PVEM no forman parte de un sistema plural de partidos. Son satélites funcionales del bloque dominante. Su papel no consiste en contener el proyecto de hegemonía, sino en negociar cuotas, posiciones, candidaturas y rentas. Cuando frenan o recortan algo, no necesariamente están defendiendo la democracia, sólo están encareciendo su subordinación. Confundir eso con vida republicana es una ingenuidad o una coartada.

La reforma electoral es una de las pruebas más contundentes de hacia dónde quiere empujar el régimen al país.

Durante meses, el oficialismo montó una comisión presidencial, organizó foros, abrió audiencias, recogió propuestas, movilizó aparato político y alimentó la expectativa de una cirugía mayor al sistema electoral. Fue una operación política sostenida, con tiempo, recursos, narrativa y propósito. El mensaje era que había que “abaratar”, “simplificar”, “depurar”, “modernizar” y “democratizar” las reglas del juego. En el diccionario de la 4T, esas palabras suelen significar una sola cosa: quitar autonomía donde todavía existe. La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral fue instalada en agosto de 2025 y entregó sus conclusiones a la Presidencia en febrero de 2026, después de decenas de audiencias y más de mil propuestas recibidas e ignoradas.

La iniciativa original de Sheinbaum, presentada a inicios de marzo, incluía cambios de mayor alcance: reducción del gasto electoral, rediseño de la representación, alteraciones de fondo en la arquitectura de competencia y una lógica general de poda institucional. No prosperó. Fue rechazada en comisiones de la Cámara de Diputados el 11 de marzo, donde incluso aliados del oficialismo se apartaron del proyecto. Días después apareció el llamado “Plan B”, una versión mucho más acotada, menos ambiciosa y políticamente más vendible. El Senado la aprobó el 26 de marzo con modificaciones que la acotaron aún más, entre ellas la eliminación de cambios a la revocación de mandato que empujaba el Ejecutivo.

Hay quien lee esa secuencia como una señal tranquilizadora. Un gesto de moderación. Una demostración de que “las instituciones siguen funcionando”. Esa lectura es peligrosamente indulgente.

Lo que ocurrió no fue una muestra de autocontención democrática. Fue un intento de avanzar más de lo que alcanzó la correlación de fuerzas. La reforma diluida no absuelve al régimen. Lo incrimina porque revela con bastante claridad lo que quiso hacer y no pudo consumar del todo.

Esto importa más de lo que parece. Un régimen no se define sólo por lo que logra imponer, sino también por lo que intenta imponer cuando cree tener fuerza suficiente. Las reformas fallidas también describen un proyecto de poder. También exhiben una intención. También muestran la dirección de su marcha. Y la dirección es inequívoca: menos contrapesos, menos autonomía, menos neutralidad institucional y más capacidad del bloque gobernante para controlar las condiciones de competencia futura.

México no está asistiendo a una simple discusión sobre eficiencia electoral o austeridad administrativa. México está presenciando la transformación gradual de la democracia en un sistema donde las elecciones sobreviven, pero el pluralismo se vuelve ornamental y la alternancia empieza a depender más del colapso del oficialismo que de una competencia abierta.

Eso es lo verdaderamente grave. No que ya haya un partido fuerte. México ha tenido partidos fuertes antes. El problema es que hoy ese partido dominante cuenta, además, con una narrativa moral que le permite justificar casi cualquier exceso como expresión de la “voluntad popular”. Bajo esa lógica, cualquier límite al poder puede presentarse como un obstáculo antidemocrático. Los contrapesos se vuelven privilegios, la crítica sabotaje, la autonomía burocracia y la legalidad estorbo. Y así se va construyendo una autocracia moderna: sin clausurar la urna, pero vaciándola de garantías.

Ya no estamos discutiendo cómo mejorar la democracia. Estamos midiendo lo que todavía no terminan de destruir. Y si el país no ha caído aún más bajo no es por vocación republicana del régimen, sino porque todavía sobreviven resistencias, inercias legales, actores, costos y límites que no ha logrado barrer por completo.

Lo más inquietante no es la fotografía actual a la que todos ponen atención. Lo más inquietante es la dirección que parece estar fuera de foco. Porque todo indica que el proyecto sigue siendo el mismo: más poder, menos obstáculos. Y cada intento fallido deja trazada la ruta del siguiente.

México todavía vota, pero eso ya no basta para llamarlo democracia. Un país donde la boleta sigue viva, pero la República entra cada vez más debilitada a la casilla.