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Fuera de foco

Lo que nos dejó la revocación

Por: Renán Martínez Casas

Durante varios días, el debate público en Oaxaca sobre la revocación de mandato del gobernador se ha concentrado en los mismos ejes: si el ejercicio fue legal o fraudulento, si fue políticamente exitoso, si fortaleció o debilitó al gobierno. Son preguntas legítimas, pero parciales. Mientras la discusión se queda ahí, hay un saldo más profundo que permanece fuera del foco y que dice mucho más sobre el estado real de nuestra democracia.

Nosotros los oaxaqueños solemos analizar la política como si se tratara de una competencia inmediata: quién gana hoy, quién pierde mañana, quién sale fortalecido en la siguiente elección. Pero en un estado con una vida comunitaria intensa y con carencias históricas persistentes, valdría la pena ampliar la mirada. No basta con saber quién ganó la revocación; es indispensable preguntarnos qué dejó en la vida social y comunitaria del estado.

El primer elemento que obliga a esa reflexión es el costo. La revocación tuvo un precio aproximado de 180 millones de pesos. No se trata de discutir si es una cifra alta o baja en abstracto, sino de ponerla en perspectiva. En términos comunitarios, ese monto equivale a varias veces el presupuesto anual de muchos municipios de Oaxaca. En un estado donde hay comunidades sin acceso pleno a agua potable, servicios de salud o caminos dignos, el uso de recursos públicos nunca es neutro. En Oaxaca, gastar también es gobernar, porque cada peso expresa prioridades políticas.

Ese gasto podría defenderse si hubiera existido una crisis real que justificara el ejercicio, pero no la había. El gobernador mantiene control institucional, territorial y presupuestal. No enfrenta una amenaza efectiva a su mandato ni una crisis de gobernabilidad. Tampoco existió una exigencia social amplia y organizada que impulsara la revocación como salida política. El ejercicio no respondió a una presión ciudadana acumulada, sino a una necesidad de ratificación simbólica. En términos simples: el poder no estaba en juego; la narrativa del poder y la imagen del gobernador sí.

Hasta aquí, el análisis podría quedarse en el plano de la coyuntura política. Sin embargo, lo verdaderamente relevante aparece cuando se observa cómo se vivió el proceso en los pueblos y comunidades, ahí donde la política no es sólo discurso, sino convivencia cotidiana. Es en ese terreno donde la revocación muestra un saldo que rara vez aparece en las cifras oficiales.

Por un lado, las organizaciones comunitarias de base, personas defensoras de derechos humanos y activistas con décadas de relación con el Estado leyeron el ejercicio desde el inicio como un mecanismo de simulación. La experiencia acumulada permitió desmontar rápidamente el discurso de la “democracia participativa” y reconocer patrones conocidos: consultas impulsadas desde el poder, reglas diseñadas para no perder y una movilización institucional orientada más a la ratificación que a la deliberación.

Por otro lado, el grueso de la población —gente no militante, pero atenta a la vida pública— vivió la revocación con distancia y ambivalencia. En medio de una saturación propagandística evidente, existía una esperanza real de que el ejercicio permitiera expresar el hartazgo cotidiano frente a un gobierno percibido como lejano. Al mismo tiempo, había una desconfianza igualmente real, fundada en el conocimiento práctico de cómo se “organizan” este tipo de jornadas desde el poder. En ese contexto, el abstencionismo no fue apatía, sino escepticismo informado.

En los pueblos el voto no es únicamente una decisión individual. Es un acto que tiene consecuencias colectivas y que se evalúa a partir de la experiencia histórica. Por eso la gente calcula, mide riesgos y, en muchos casos, decide no participar cuando percibe que el resultado está previamente definido.

El saldo más delicado de la revocación no está en los números ni en los porcentajes, sino en la profundización de la polarización comunitaria. En muchas comunidades donde ganó la opción de revocar, hoy existe el temor —nada infundado— al castigo presupuestal por parte del gobierno estatal, una práctica conocida en Oaxaca. Pero incluso ese riesgo es secundario frente a lo que sí deja huella duradera: enojos abiertos, resentimientos acumulados, vínculos familiares y comunitarios fracturados por razones políticas.

Hacer política de esta manera, erosiona la confianza mutua y debilita las formas propias de organización comunitaria. La democracia no se reduce a la posibilidad de acudir a las urnas; también implica la capacidad de resolver diferencias sin destruir el tejido social. En ese sentido, la revocación dejó heridas que no se cierran con discursos triunfalistas ni con declaraciones de victoria.

En el plano estatal, el gobernador puede afirmar que “ganó” el ejercicio. Sin embargo, los datos muestran un desgaste evidente. Obtuvo alrededor de 150 mil votos menos a favor de los que consiguió cuando ganó la gubernatura en 2022, pese a una intensa movilización institucional. Además, casi cuatro de cada diez personas que participaron votaron por retirarle la confianza. A ello se suma un dato político significativo: el silencio y el desdén con que su supuesto triunfo fue recibido por figuras nacionales de su propio movimiento.

La revocación no lo derribó, pero sí le restó capital político. Y, quizá más grave, debilitó la idea misma de participación ciudadana al convertirla en un ejercicio sin consecuencias vinculantes y con costos sociales reales.

Como conciudadanos, convendría leer este episodio más allá de la disputa partidaria o del ajuste de cuentas entre élites. La lección es más amplia y nos involucra a todos. En lugar de fortalecer la democracia en Oaxaca, la revocación encendió tensiones, profundizó divisiones y dejó un tejido social más frágil, especialmente en los pueblos y comunidades.

Hay ejercicios democráticos que pueden ganarse en las actas, pero perderse en la vida cotidiana. Y en un estado como Oaxaca, eso pesa más que cualquier resultado oficial.