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Renán Martínez Casas

En Oaxaca estamos viviendo algo que se presenta como un avance democrático: una revocación de mandato a mitad del sexenio del gobernador. En el papel suena bien, pero como casi todo en política, el problema no es sólo lo que se dice, sino cómo está diseñado y para qué se usa.

Hoy quiero que hablemos de eso, gente buena gente de Diálogos comunitarios: no de personas, no de filias ni fobias, sino del mecanismo, de sus efectos y de lo que deja en nuestras comunidades.

¿De dónde sale esta revocación? ¿Esta revocación nace del hartazgo ciudadano o nace desde el poder? En Oaxaca, la ley de revocación fue promovida por el propio gobernador, fue reformada por su mayoría legislativa y fue activada por organizaciones afines a su gobierno.

Eso cambia completamente el sentido del ejercicio. No estamos frente a una revocación impulsada por la pérdida de confianza social, sino frente a un proceso de ratificación política con otro nombre. Legal, sí. Pero políticamente muy distinto a lo que se nos quiere vender.

La supuesta revocación, tiene un diseño que casi no se explica. Hay un dato clave que rara vez se dice completo: para que la revocación tenga efectos reales, tiene que participar al menos el 40% del padrón electoral. Eso significa alrededor de un millón doscientas mil personas votando.

Para ponerlo en contexto: el gobernador llegó al poder con menos de 700 mil votos y con una participación menor a ese porcentaje. ¿Qué nos dice esto? Que el mecanismo está diseñado para que sea mucho más difícil quitar a un gobernador que ponerlo. Eso no es casualidad, es una decisión política incorporada en la ley.

¿Es neutral? Bueno, aquí tenemos otro problema: el proceso no ha sido neutral. Ha habido propaganda retirada por la autoridad electoral, sanciones por inducción del voto con servidores públicos, e intervención del Ejecutivo en distintas etapas del procedimiento. No es rumor ni exageración, hay resoluciones y medidas cautelares documentadas.

Pero el verdadero costo, más allá de lo legal y lo electoral, es algo más profundo. Este proceso cuesta alrededor de 180 millones de pesos. en un estado con violencia en expansión, servicios públicos colapsados, comunidades vulnerables y tensionadas. Sin embargo, el mayor costo no es el dinero. El costo real es la polarización en los pueblos, la presión entre vecinos, el desgaste comunitario y la normalización de que la democracia sea un trámite controlado desde el poder.

La lección más importante de todo esto es que la democracia no se mide sólo por votar, sino por quién diseña el proceso y con qué reglas. Un mecanismo puede ser legal y, aun así, no fortalecer a la ciudadanía. Puede servir más para legitimar al poder que para controlarlo.

La pregunta no es quién gana esta consulta. La pregunta es ¿qué aprendemos como sociedad sobre cómo se ejerce y se controla el poder? Desde lo comunitario hay que informarnos antes de decidir, no votar por consigna, ni por presión, ni por miedo. Tenemos que cuidar la convivencia en nuestra comunidad, ningún proceso político vale la fractura del tejido social ni el enfrentamiento entre vecinos. En nuestras comunidades no podemos reducir la democracia a una jornada. La democracia se ejerce todos los días: exigiendo cuentas, denunciando abusos y organizándonos como comunidad, más allá de una urna.

Esta revocación pasará. El resultado se anunciará. Pero lo que quede en nuestras comunidades, la forma en que nos tratamos y nos organizamos, eso sí es responsabilidad nuestra. Esa es la conversación, gente buena gente, que vale la pena tener.