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Renán Martínez Casas
La extracción de Nicolás Maduro de territorio venezolano por parte del gobierno de Donald Trump no es una invasión militar, como algunos han querido presentar, sino eso: una extracción, una intervención militar quirúrgica, una operación de arresto extraterritorial para enfrentar acusaciones por narcoterrorismo en Estados Unidos. Esa distinción no exonera el hecho central: hubo intervención militar y violación del derecho internacional.
Negarlo es deshonesto. Justificarlo sin reservas, también. Estados Unidos no inauguró nada nuevo. Esta acción se inscribe en una larga continuidad intervencionista que atraviesa décadas y gobiernos, con distintos discursos y pretextos, pero con una lógica constante: la primacía de su poder sobre el orden jurídico internacional cuando sus intereses estratégicos están en juego. No es precedente; es reiteración. Y como tal, debe ser condenada.
Pero la condena no puede convertirse en coartada para ignorar que la dictadura venezolana no era un régimen en transición, ni en riesgo real de colapso interno ni inminente. Era y sigue siendo una estructura autoritaria funcional, sostenida por una cúpula militar, aparatos de inteligencia, colectivos armados, redes de corrupción y una represión sistemática contra la oposición política y social.
Durante años, el costo de esa estabilidad autoritaria no fueron sólo las sanciones económicas, sino algo brutal: persecución, cárcel, exilio, silenciamiento. En los días previos a su captura, Maduro incluso recurrió a gestos desesperados: sacar a algunos opositores de prisión sin liberarlos de cargos, manteniéndolos bajo amenaza judicial permanente. No fue apertura democrática; fue administración del miedo.
La intervención realmente es la peor de las soluciones posibles, pero la única que podía ya introducir un quiebre real. No es una solución deseable. No es una solución justa. Es una solución extrema. Pero es una solución. O al menos, el inicio de una solución.
Sin ella, la dictadura no enfrentaba ningún punto de inflexión efectivo. El régimen había demostrado su capacidad para resistir sanciones, condenas internacionales, aislamiento diplomático y denuncias de organismos de derechos humanos. Nada de eso alteró sustancialmente el equilibrio interno del poder.
La extracción de Maduro no derriba automáticamente la dictadura. Tampoco inaugura, por sí sola, la democracia. Pero rompe una inercia histórica y devuelve algo que el autoritarismo había erosionado hasta el agotamiento: la posibilidad de que el futuro no sea una repetición infinita del presente. Ahí reside su carácter funcional para una sociedad exhausta.
Reconocer ese quiebre no implica caer en el relato épico ni en la celebración acrítica. Hacerlo tiene el riesgo de confundir justicia con espectáculo.
Desde el primer minuto, la extracción de Maduro fue acompañada por una avalancha de imágenes falsas, videos manipulados, escenas generadas con inteligencia artificial, narrativas de humillación y castigo. Un circo digital diseñado tanto para el aplauso como para la indignación. La desinformación no es un efecto colateral, es parte del campo de batalla simbólico.
Cuando la justicia se presenta como espectáculo se convierte en castigo social, en escarnio público, en mercancía emocional, se degrada su sentido democrático. El objetivo deja de ser la rendición de cuentas y pasa a ser la satisfacción moral de una audiencia o de otra. Y eso tiene sus propios peligros.
La humillación simbólica puede ser políticamente rentable, pero erosiona las bases del Estado de derecho que supuestamente se quiere reconstruir. Hoy el castigado es el dictador, pero la historia está llena de transiciones que fracasaron precisamente por confundir venganza con justicia.
A esto se suma otro riesgo: la impunidad negociada presentada como estabilidad. La dictadura venezolana no era un hombre solo. Era y sigue siendo una estructura. Militares de alto rango, servicios de inteligencia, operadores financieros, cuadros políticos territoriales. Hoy, el poder formal sigue en manos de una cúpula fiel al madurismo, aunque todo indica que su cohesión se debilitará y que sectores “moderados” de la misma dictadura intentarán reposicionarse como interlocutores aceptables.
La pregunta, entonces, no es quién manda hoy, sino qué tipo de transición se está incubando. ¿Habrá justicia real para los responsables de crímenes graves? ¿Se desmantelará el aparato represivo o sólo se maquillará? ¿Se desarmarán los colectivos? ¿Se someterá a los militares al control civil? ¿Cómo tomará el control del gobierno la oposición democrática?
El éxito de este quiebre no se medirá en días ni en titulares, sino en meses y años. Por eso, la posición democrática no puede ser ni la celebración acrítica ni la condena automática. Debe ser más incómoda: condenar el intervencionismo, reconocer su función histórica en este caso, rechazar el espectáculo punitivo y exigir que la justicia no se convierta en un relato de poder, sino en un proceso institucional verificable. La democracia no nace del aplauso ni del escarnio. Nace del desmontaje paciente y conflictivo de las estructuras autoritarias.
La caída de Maduro no es el final de la dictadura, pero por primera vez en mucho tiempo hay una grieta real en la dictadura venezolana y una puerta abierta a la democracia.
Los hechos están en desarrollo vertiginoso y su evolución, sin duda implicarán matices, y hasta contradicciones con lo que digo. Equivocarse es siempre posible, corregir cuando es necesario, es honesto. Peor sería no correr el riesgo de decirlo.
Y, pues sí, feliz año nuevo al bravo pueblo.
