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Ciudad de México.- El Secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, anunció el sábado una serie de medidas bajo la política America First para responder a lo que calificó como el “flagrante desprecio” de México al Acuerdo de Transporte Aéreo bilateral firmado en 2015. Como parte de estas acciones, el Departamento de Transporte advirtió que “se reserva el derecho de rechazar solicitudes de vuelos desde México si este no toma medidas correctivas”.

Las acciones, que incluyen controles regulatorios y la posible retirada de la inmunidad antimonopolio a la alianza Delta/Aeroméxico, buscan sancionar lo que Washington considera una conducta “anticompetitiva” por parte del gobierno mexicano.

“Joe Biden y Pete Buttigieg deliberadamente permitieron que México violara nuestro acuerdo bilateral de aviación”, señaló Duffy en el comunicado oficial. “Eso se termina hoy. Que estas acciones sirvan como advertencia para cualquier país que crea que puede aprovecharse de EE.UU., nuestras aerolíneas y nuestro mercado. America First significa luchar por el principio fundamental de la equidad”.

El Departamento de Transporte estadounidense argumenta que desde 2022 México ha incumplido el acuerdo bilateral al rescindir abruptamente slots en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) y forzar la salida de aerolíneas de carga estadounidenses. Según el comunicado, la justificación fue permitir la construcción para aliviar la saturación del aeropuerto, pero “tres años después” dicha obra “aún no se ha materializado”.

En 2023, México también obligó a las aerolíneas de carga estadounidenses a abandonar el AICM “bajo el mismo argumento de saturación”, dando solo “108 días hábiles de preaviso” y sin tomar “ninguna medida para restaurar los derechos operativos de estas compañías”, a pesar de lo establecido en el acuerdo bilateral.

El comunicado destaca que México “carece de un sistema de asignación de slots transparente y no discriminatorio, conforme a los estándares internacionales y aplicado de forma consistente”, lo que plantea “serias preocupaciones sobre la competitividad a largo plazo del mercado Estados Unidos-México”.

En respuesta, el Departamento de Transporte anunció tres acciones clave para corregir lo que considera una ruptura del equilibrio competitivo en el mercado aéreo bilateral. La primera es una orden conforme a la Parte 213, que exige a las aerolíneas mexicanas presentar al Departamento sus horarios para todas las operaciones que realicen en territorio estadounidense.

La segunda medida es una orden conforme a la Parte 212, que obliga a cualquier aerolínea mexicana a obtener aprobación previa del Departamento antes de operar vuelos chárter de pasajeros o carga con aeronaves grandes hacia o desde Estados Unidos.

Finalmente, el gobierno estadounidense emitió una orden suplementaria de “mostrar causa”, en la que se propone la retirada de la inmunidad antimonopolio (ATI) que actualmente beneficia a la alianza entre Delta y Aeroméxico, una acción que busca “tomar medidas correctivas para abordar los problemas de competencia en el mercado”.

Sobre esta última medida, el documento señala que “desde 2022, México ha alterado significativamente las condiciones del mercado aéreo de manera que reducen la competencia y permiten a los competidores dominantes obtener una ventaja injusta”, y advierte que “el Departamento se reserva el derecho de rechazar solicitudes de vuelos desde México si este no toma medidas correctivas”.

Aunque la revocación de la inmunidad antimonopolio impediría a Delta y Aeroméxico compartir ingresos o coordinar tarifas y capacidad, ambas compañías “podrían continuar colaborando mediante acuerdos más limitados como el código compartido, marketing conjunto y programas de viajero frecuente”. Además, “Delta conservaría su participación accionaria en Aeroméxico y podría mantener sin restricciones todas sus operaciones existentes en el mercado EE.UU.-México”.

Finalmente, el secretario Duffy advirtió que otras naciones también están siendo monitoreadas. “Estamos observando a los Estados europeos para asegurarnos de que apliquen el enfoque equilibrado en la reducción de ruido y no impongan restricciones operativas injustificadas”, afirmó. “El Departamento está comprometido a hacer cumplir nuestros acuerdos para asegurar que los mercados de aviación sean justos y promuevan la competencia”.

Tras el anuncio del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), el Gobierno de México defendió las medidas adoptadas en el sistema aeroportuario del Valle de México, argumentando que están orientadas a “mejorar la seguridad, eficiencia y competitividad del sector aéreo”. A través de un comunicado difundido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, subrayó que las decisiones, incluida la reubicación de las operaciones de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), forman parte de una estrategia integral.

El gobierno mexicano señaló que “la construcción, en tiempo récord, del AIFA mejoró las condiciones de operación y de seguridad aeronáutica que se presentaban como resultado de la saturación del AICM”. Además, defendió los beneficios obtenidos con la reorganización operacional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre ellos una reducción del 22 % en el tiempo de ocupación en pista, 83 % menos tiempo de espera en migración y una mejora del 69 % en los filtros de seguridad. “Tercer lugar mundial en puntualidad, resultado de una menor saturación, menos demoras y procesos más ágiles para los usuarios”, añadió el comunicado.

En cuanto al traslado de operaciones de carga al AIFA, el Gobierno de México resaltó que el número de aerolíneas cargueras se incrementó en un 161 %, “al pasar de 18 en el AICM a 47 operando actualmente en el AIFA”. Apuntó que desde febrero de 2023 se han movilizado más de 843 mil toneladas, y se subrayó que el nuevo aeropuerto cuenta con “disponibilidad total de slots, sin restricciones horarias, en una infraestructura moderna, robusta y especializada”.

Finalmente, el Gobierno de México reiteró su disposición al diálogo internacional y reafirmó que “continuará trabajando de manera coordinada con todos los actores involucrados —aerolíneas, autoridades extranjeras y organismos internacionales— para asegurar que las decisiones adoptadas se traduzcan en beneficios tangibles para los pasajeros y en un crecimiento sostenible para la industria aérea”.

Fuente: Agencia