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Jaime Guerrero

Oaxaca, Oax.- La revocación de mil 344 plazas ilegales de burócratas del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado de Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO), es combatir la corrupción de gobiernos pasados, debido a que se entregaban a novios, novias, familiares y había «venta nocturna» con costos que van de los 250 mil hasta los 500 o 600 mil pesos, afirmó el Gobierno del Estado.

A través de una publicación oficial, la administración de Salomón Jara Cruz afirmó que la medida aprobada por el Congreso, a propuesta del mandatario, generará más de 2 mil millones de pesos para fortalecer los programas de Bienestar.

Reiteró que en menos de una década, se incrementaron las plazas de base de 8 mil 187 a 12 mil 244, representando más del 47%, lo cual significa un aumento de más de 2 mil 24 millones pagados en servicios personales.

Y afirmó que las mil 344 plazas revocadas hoy, fueron entregadas a amigos, familiares, novias, novios, esposas o esposos, sin que las personas beneficiadas cumplieran con los requisitos que marca la ley para otorgar un beneficio de esta naturaleza.

“Por ejemplo, se detectó la entrega de nombramientos a personal que no cumplía con el tiempo mínimo para ello, que es de seis meses, y algunas tenían apenas tres o cuatro meses”, refirió la publicación.

En otros casos, informó, hubo una «Venta Nocturna» de plazas, con costos que van de los 250 mil hasta los 500 o 600 mil pesos.

En defensa de la medida tomada, presumió que se reduce el pago de la nómina en servicios personales en aproximadamente 500 millones de pesos anuales, lo que equivale a un ahorro de más de 2 mil 205 millones de pesos durante los próximos 4 años.

Afirma que eso recursos serán destinados en beneficio de los más necesitados a través de diversos programas sociales “que nuestro gobierno implementó, para obras en las ocho regiones y para mejorar la seguridad pública”.

Asimismo, se reduce el riesgo de colapsar el Fondo de Pensiones del Gobierno del Estado en beneficio de personas jubiladas, pensionadas y pensionistas.

“Esta medida es un claro ejemplo de la lucha contra la corrupción que tanto prohijaron los gobiernos pasados, lo cual es resultado de las malas prácticas y de actos de corrupción que están siendo investigados por las autoridades jurisdiccionales”, sostuvo.