¿Sabrán PRI y gobierno que las organizaciones sociales van en su contra en 2018?

+ Paradoja: El gobierno quiere tener cerca a opositores, pero éstos se unen en su contra

Adrián Ortiz Romero

Todos los movimientos, en el trato del gobierno con las organizaciones sociales y con la Sección 22 del SNTE, tienen algún grado de relación política con la elección presidencial de 2018. A partir de esta realidad, debería existir un análisis menos ordinario que el de suponer que, ahora, el gobierno caminará de la mano con las organizaciones sociales y el magisterio, y que esto no le generará un efecto contraproducente el año próximo. Sólo basta con considerar algunas coordenadas aparentemente sueltas, para corroborarlo.

En efecto, desde el mes de diciembre del año pasado la nueva administración estatal ha dado muestras reiteradas de su disposición a trabajar con las organizaciones sociales y con el magisterio. Con unos y otros, ha dado continuas y suficientes muestras de disposición, y a todos les ha prometido y reiterado su apertura y el establecimiento de una relación incluyente. En el lenguaje y lógica de las organizaciones sociales y el magisterio, esa disposición e inclusión debe traducirse específicamente en recursos económicos y en un reparto presupuestal favorable que les permita seguir manteniendo sus respectivas clientelas, y a sus agremiados.

El problema que existe, de entrada, es que esa relación carece totalmente de derroteros políticos, y ese es un problema tanto para el gobierno como para el grupo gobernante. ¿Por qué verlos y analizarlos por separado? Porque mientras para el gobierno su principal problema es la gobernabilidad, para el grupo gobernante su principal preocupación es, o debiera ser, la preservación del poder. Parece que en esos aspectos no existe un análisis concreto y medianamente apegado a la realidad, y por eso se están tomando decisiones que pueden ser riesgosas e improductivas tanto para el gobierno como para el grupo gobernante. Vale la pena ir por partes.

Primero, una relación sin derroteros políticos con las organizaciones sociales y con el magisterio, es un problema para el gobierno porque —como ocurre ahora mismo— la buena intención del gobierno por entablar con ellos una relación incluyente, democrática y civilizada no sólo no garantiza la paz social y la gobernabilidad, sino que tampoco ofrece certeza alguna de que la aplicación de los recursos tendrá como resultado el abatimiento de alguno de los muchos problemas sociales que existen en Oaxaca.

De hecho, lo que hasta el momento existe es una relación mucho más cercana al chantaje y a los intentos de subordinar al gobierno a las exigencias de las organizaciones sociales, que un diálogo civilizado en el que en el centro de la discusión estuvieran los problemas sociales y los mecanismos y visiones para resolverlos. En la realidad, las organizaciones campesinas y de lucha social, se han dedicado de lleno a exigir recursos públicos a fondo perdido bajo la amenaza de que, de no recibirlos en el tiempo y la forma que exigen, lastimarán la endeble paz social y la gobernabilidad en la entidad. Eso es exactamente igual con la Sección 22 del SNTE, sólo que ahí la amenaza está enfocada a la entrega de prebendas y privilegios relacionados con los trabajadores de la educación.

Por esas razones, si la relación del gobierno con las organizaciones sociales y el magisterio no tiene límites definidos ni puertos concretos de arribo, entonces es como estar en medio de una ruleta rusa. No hay certeza alguna de relacionada con la gobernabilidad ni con la paz públicas; no hay ninguna seguridad relacionada con el ejercicio de los recursos por las organizaciones; y tampoco hay una concertación en la que las organizaciones ofrezcan al menos cierto grado de confianza en que la buena relación no es sino la máscara de un chantaje. En esas condiciones, el gobierno debía comenzar a actuar con prudencia ante lo que puede ser el inicio de un problema —y un chantaje— de grandes proporciones propiciado por un error en el análisis global de la situación.

UN PROBLEMA ELECTORAL

Ahora bien, al problema del gobierno le es concomitante el problema del grupo que gobierna. ¿La nueva administración estatal —vista como grupo de poder— está consciente de que esas mismas organizaciones con las que dialoga y aparentemente acuerda, son las mismas que en tiempo real se están agrupando en su contra, no sólo para tener un mejor control —ellos— de la gobernabilidad, sino también para ir en contra del PRI en la elección presidencial de 2018?

Ayer, por ejemplo, en el marco del aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, diversas organizaciones sociales (UACOL, CCCP, Comuna de Oaxaca, MULT y FPR, entre otras) coordinación con la Sección 22 del SNTE fijaron un posicionamiento “sobre los últimos acontecimientos ocurridos en Oaxaca”.

¿Cuál era el fondo de dicho posicionamiento? Rechazar diversas acciones del Gobierno del Estado relacionadas no necesariamente con la gobernabilidad, sino con la relación que en particular ha entablado con cada uno de ellos, y condicionar la paz al cumplimiento de diversas demandas. Esto, porque resulta que todos, en alguna medida, tienen ya alguna relación formal con la nueva administración estatal. Pero igualmente todos, en alguna medida, tienen también ya algún grado de disenso con el gobierno de Alejandro Murat —que resultaría hasta natural, pero que es también un signo de lo que vendrá en el marco del proceso electoral del año próximo.

Pues resulta que si buscamos el común denominador de todas esas organizaciones, incluyendo a la Sección 22, encontraremos rápidamente que todas son aliadas ideológicas, políticas y hasta incondicionales con Andrés Manuel López Obrador y con Morena. ¿De verdad el gobierno de Oaxaca —como grupo— calcula que todos ellos pueden entablar una relación civilizada con la administración estatal, pero que pase lo que pase, e independientemente de cuántos recursos estatales se destinen a ellas, de todos modos serán adversarios electorales en 2018?

Hay una circunstancia más que debe ser considerada: en Oaxaca, y aún con la victoria electoral de 2016, el resultado de los comicios arrojó más de un millón de votos en contra del PRI. Esas fuerzas de oposición, juntas o cada una por su lado, buscarán mantener ese nivel de votación no priista en los comicios de 2018.

Y quién sabe qué estrategia electoral podría estar ya armando el priismo oaxaqueño para tratar de contrarrestar esa situación. Pero lo que sí queda claro de entrada es que quienes ya tienen una ruta política y de financiamiento, son todas las organizaciones sociales que hoy se están sirviendo y condicionando los recursos a cambio de la paz social en Oaxaca, y que los utilizarán para sus fines en 2018 independientemente del tipo de “buena relación” que logren entablar con la administración estatal.

BUSCAR EQUILIBRIOS

Al final, nada de esto se trata de que rompan relaciones o que terminen de echarse en brazos de las organizaciones sociales, sino de que puedan dar los pasos calculados y analizados que hasta ahora no parece que existan. Más bien, lo que se ve es una relación planteada al margen de cualquier análisis, y sólo con una intuición por demás básica, que genera más suspicacias que certidumbres a la luz de los escenarios posibles de los meses y años siguientes. Hoy debieran preguntarse, con honestidad, si esas relaciones y tratos que están planteando con el magisterio y las organizaciones sociales les serán útiles en el mediano y largo plazo para conservar el poder. Ojalá sepan lo que están haciendo. Aunque a la luz de los hechos, parece lo contrario.

 

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