Normalistas: alguien, irresponsablemente, fue a patear el avispero

+ El pase directo nunca fue tema de negociación; ¿quién lo incluyó?

Adrián Ortiz Romero

Habrá quien diga que las negociaciones actuales del gobierno estatal con la Sección 22 son una solución, y no un problema para Oaxaca. El problema es que la realidad y las experiencias al menos de la última década, nos han mostrado que cada que se intenta negociar y razonar con el magisterio, todo termina en problemas. ¿A quién se le ocurrió incluir a los normalistas en la mesa de negociación con la 22? ¿Qué nadie les advirtió que si ya de por sí es ociosa y perniciosa la negociación actual con el magisterio, lo es todavía más con los normalistas? Éste, para Oaxaca, es un problema más grave de lo que parece.

En efecto, a lo largo de toda la semana, grupos de egresados de las normales oaxaqueñas se han dedicado a hostigar a la ciudadanía a partir de la falta de resultados concretos en las mesas de negociación que la Sección 22 tiene instaladas con la Secretaría General de Gobierno. Los ex normalistas están inconformes porque el gobierno estatal no ha cedido a su demanda central de que les sean otorgadas plazas docentes pero sin pasar por el proceso de concurso y evaluación, que realiza el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y la SEP, para el otorgamiento de los espacios de trabajo.

En las acciones que emprendieron los exnormalistas durante toda la semana —cierre del crucero donde se ubican las oficinas centrales del IEEPO, bloqueos intermitentes a los accesos de los complejos administrativos del Gobierno del Estado, y los actos de ayer, que bien pudieron haber derivado en violencia— hubo siempre el respaldo decidido de la Sección 22, que los apoyó con logística, cobertura política, bases para la movilización, y la exigencia al gobierno de brindar atención a sus demandas, en las mesas de trabajo que, por su parte, tiene también instaladas con el gobierno estatal.

En ese sentido, es claro que muy rápido el gobierno estatal llegó al límite en la posibilidad de negociación tanto con los normalistas como con la Sección 22, y que de no haber una estrategia inteligente y pensada para encauzar las demandas magisteriales sin quebrantar la ley —cuestión de la que hasta ahora no ha habido un solo destello—, entonces lo que se deberán esperar son semanas, o meses, de mucha convulsión y movilizaciones en nuestra entidad a partir del fracaso inminente de las negociaciones.

Es muy grave el hecho de que exista la percepción de que el gobierno está dispuesto a entregarle al magisterio lo que no debe; o que, en su defecto, haya tomado precipitadamente la decisión de negociar con la Coordinadora sin considerar que los márgenes de lo que todavía el gobierno puede entregar como señal de buena voluntad al magisterio, a estas alturas son francamente mínimos.

Incluso, resultaría todavía más preocupante el hecho de que alguien haya decidido negociar con la 22, y particularmente con los normalistas, a partir del desconocimiento de los aspectos administrativos y de las intrincadas circunstancias políticas que envuelven a las demandas de otorgamiento de más plazas docentes. Fuera de esas dos primeras posibilidades, ésta última revelaría el grado de ingenuidad y de irresponsabilidad por parte de quienes habrían ordenado abrir una auténtica caja de pandora no solamente en lo que corresponde a los aspectos administrativos de la educación, sino también porque éste resulta un tema muy importante de gobernabilidad para la entidad, que ya está comenzando a generar sus primeros estertores.

NEGOCIACIÓN REGRESIVA

De hace unos dos años a la fecha, la matrícula de las escuelas normales ha caído drásticamente a partir de una razón concreta: desde la entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente, las entidades federativas y los institutos educativos estatales perdieron todas sus facultades relacionadas con la administración de los servicios educativos, y rubros como el de la asignación de plazas docentes quedó en manos de la autoridad federal y del INEE.

Ello implicó también la desaparición de las llamadas “plazas automáticas” que existían en entidades como Oaxaca. Por eso, el ingreso a las escuelas normales perdió su principal aliciente; y por eso mismo, desde entonces, la demanda central de los normalistas que se quedaron varados entre su egreso de las aulas, y su ingreso al servicio docente, ha sido que se les otorguen las plazas automáticas como una especie de “derecho adquirido” por haber ellos ingresado a la normal, y cursado sus estudios, en el tiempo en el que todavía existía la práctica del otorgamiento automático de plazas a quienes culminaban su educación como profesores.

Todo eso hace muy concreto el cuestionamiento de quién permitió, desde el gobierno de Oaxaca, que se “reviviera” —si es que alguna vez tuvo vida— la posibilidad de que ese grupo de normalistas tuviera acceso a espacios de trabajo, al margen de la evaluación y el concurso para la asignación de plazas; y quién alentó, también desde el gobierno, que incluso se llevara ese tema a las mesas de negociación cuando era ya de antemano bien sabido que ese es un tema destinado al fracaso. Por eso, no es exagerada la afirmación de que esta negociación es ociosa y perniciosa.

De hecho, una de las cuestiones que, si se recuerda, generó más problemas e inestabilidad durante el periodo de gobierno de Gabino Cué —y que incluso llegó a las mesas de negociación federales, cuando Luis Miranda estaba encargado de la atención a la CNTE en Gobernación— fue justamente la demanda cobijada por la Sección 22, de que a esos 987 normalistas se les asignara una plaza automáticamente. Esa fue una exigencia no atendida del gobierno federal, y fue uno de los factores por los que varias veces se rompieron las mesas de diálogo con la Coordinadora, e incluso por lo que los maestros rechazaron otras jugosas ofertas que les había hecho Miranda para tratar de cooptarlos para que desistieran de sus acciones radicales.

Así, una vez que los normalistas y los integrantes de la Sección 22 regresaron a Oaxaca ya sin una ruta específica de negociación, el gobierno estatal decidió no emprender ningún proceso de negociación porque sabían que ello implicaba el peligro de que la CNTE asumiera eso como una nueva oportunidad de establecer sus demandas, y de volver a movilizarse a partir de ellas. Incluso, durante ese largo periodo de silencio, muchos de los normalistas que antes habían exigido el otorgamiento automático de su plaza, decidieron ir a presentar los exámenes para obtener su plaza.

¿Qué los movió a revivir esa vieja demanda? El mal mensaje del gobierno estatal, de que con la nueva administración habría espacios para negociar lo que antes no se había podido. Esto se ha combinado con la ingenuidad del gobierno estatal, que creyó inicialmente que podría alcanzar acuerdos razonados con la Sección 22 que, además, nunca se ha engañado, ni ha engañado a nadie, porque ellos siempre han reiterado que ellos no aceptan resultados parciales sino que siempre van por el cumplimiento íntegro de sus pliegos de demandas.

¿QUIÉN DECIDIÓ NEGOCIAR?

Finalmente, lo que queda claro es que el gobierno estatal está jugando con fuego, y que además no hay razones para descartar la posibilidad de que termine quemándose. Los normalistas movilizados no aceptarán otra cosa que no sea el cumplimiento de su demanda central relacionada con el otorgamiento (ilegal) las plazas; y por esa razón, desde Segego, o desde la instancia responsable, se le debe explicar a los oaxaqueños quién decidió negociar, por qué tomó esa decisión, y cuáles fueron sus razones para suponer que podía llegar a un buen puerto, con un sector que siempre le ha dado malas lecciones —y toda una época de oprobio— a Oaxaca.

 

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