Mientras no reformen la Secretaría General de Gobierno, todo seguirá de cabeza

+ Gobierno debe buscar liderazgos homogéneos, no insistir en reparto entre grupos

Adrián Ortiz Romero

El abrupto relevo en la Secretaría General de Gobierno (Segego) debiera servirle al grupo gobernante para un análisis autocrítico de fondo, y no sólo para resolver lo coyuntural —que radica en el relevo del titular de la dependencia. Dicho análisis de fondo tendría que versar sobre qué tipo de Secretaría General le podría ser útil al gobierno, y si la actual estructura de la Segego es un aporte o un lastre para la gobernabilidad. A la par de ello, un criterio fundamental tendría que radicar en el establecimiento de una línea más vertical y homogénea en quien encabece la labor relativa a la gobernabilidad. El reto no es sencillo. Pero la coyuntura permite esta posibilidad.

En efecto, vale la pena preguntarse si la Secretaría General de Gobierno sirve en las condiciones actuales, y si junto con el cambio de titular tendría también que haber una modificación operativa a la estructura y alcances de la dependencia. Ello, en primera instancia, tendría aún que responderlo Alejandro Avilés, que ex profeso se confeccionó una dependencia a modo cuando todavía era integrante y pastor de la LXII Legislatura, aunque en los hechos tuvo innumerables problemas de operación que, en buena medida, marcaron la pauta de su cese (disfrazado de renuncia). Además, en esa discusión tendría que participar la persona en quien recaerá la responsabilidad de relevar a Avilés.

El asunto, en esta lógica, no es de vanidades ni de poses, sino estrictamente de un sentido pragmático para tratar de proveerle algo mejor a Oaxaca. Durante años —al menos los seis de la administración de Gabino Cué— la Segego estuvo sometida a un desgaste constante propiciado por los propios grupos internos, que durante toda la gestión gabinista trataron de sobreponerse a sus pares. Desde que llegó a la dependencia Irma Piñeyro —que había sido candidata a la gubernatura por Nueva Alianza, y a la que Cué designó como un mensaje inicial de inclusión y pluralidad en la integración de su gabinete—, los principales integrantes del entonces nuevo grupo gobernante intentaron derrocarla, a través del desgaste institucional a la Segego. ¿Qué hicieron?

Por un lado Benjamín Robles Montoya, y por el otro Jorge Castillo Díaz, se dedicaron a desacreditar a la dependencia frente a los demás entes del gobierno. Materialmente, dejaron a Irma Piñeyro sin ninguna capacidad de interlocución y de influencia al interior del gabinete, a partir del acuerdo —y de la amenaza— a todos los demás secretarios y directores de los organismos estatales, de que atender sus peticiones significaba perder la gracia de aquellos, que eran los dos pilares más cercanos al Gobernador.

Por esa razón, nadie atendía, ni ayudaba a Piñeyro a resolver los problemas que llegaban a la Segego. Y en eso, se marcó una primera pauta de descrédito (que intentaba ser personal contra Piñeyro, pero que terminó siendo institucional contra la Segego), que luego se acentuó con el relevo en el cargo por parte del ex gobernador Jesús Martínez Álvarez, que intentó generar una Secretaría General fuerte y nuevamente fue desacreditado —por una especie de conspiración entre los grupos que encabezaban Robles y Castillo Díaz— en otro golpe institucional en contra de la Segego.

QUE PAGUEN LAS INSTITUCIONES

Martínez Álvarez tuvo dos intenciones para la Secretaría General: la primera consistía en el restablecimiento de las delegaciones de gobierno, y la segunda consistía en lograr una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en la que se estableciera al titular de la Secretaría General como jefe de gabinete. Martínez consiguió parcialmente el primero de los objetivos con la creación de la Subsecretaría de Operación Regional.

Pero no sólo no logró, sino que fue arrollado en su intención de modificar la ley para robustecer la presencia de la Secretaría General entre el gabinete. Pues lejos de quedar robustecida, nuevamente el acuerdo oprobioso entre los grupos de Robles y Castillo, consiguieron debilitar a la Segego, que en ese momento perdió la mayoría de las entidades que estaban sectorizadas a la dependencia, y ello envió un nuevo mensaje de desconsideración no sólo en contra de Martínez Álvarez —a quien nunca dejaron operar, y que terminó renunciando y distanciándose del grupo gobernante al punto del pleito— sino de la Secretaría General.

Así terminó el sexenio, y Avilés nunca se preguntó qué necesitaba ese modelo para operar correctamente. Más bien, lo que intentó en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ocurrida en septiembre del año pasado, fue tomar la mayor cantidad de espacios posibles para tener, en su lógica, la mayor cantidad de poder respecto a la integración del gabinete. Por eso la Segego nuevamente asumió las delegaciones de gobierno —que no fue sino el cambio de nombre de las coordinaciones regionales que ya existían, y que entonces como ahora eran inoperantes— e intentó ganar espacios al interior del gabinete.

Lo que seguramente Avilés nunca consideró es que la influencia de la Secretaría General no se traduce por qué tanto margen de operación tiene hacia dentro, sino qué tanta influencia tiene con relación a las demás secretarías del gobierno. Por eso, en una integración ‘plural’ —o de reparto entre grupos, como también se podría leer— su influencia resultó relativa, y sus excesos y errores iniciales significaron una señal en sentido contrario de lo que quizá habría querido para mostrarse como un secretario fuerte.

Avilés, de hecho, nunca demostró ascendencia con el Gobernador —es decir, que éste lo escuchara y respetara su opinión—; nunca demostró asertividad en el manejo de los conflictos políticos; tampoco demostró control ni influencia con cualquier otro ente que no fueran los partidos políticos; fue rápidamente desacreditado por las principales organizaciones sociales, encabezadas por la Sección 22 que, por su misma falta de ascendencia respecto al gabinete, no lo reconoció como un interlocutor válido, y luego abiertamente pidió su renuncia; y todo lo coronó con sus rápidas muestras de corrupción, de manejo patrimonialista del presupuesto y recursos de la dependencia, y de avidez en asuntos como su insistencia machacona en temas en los que contradecía al Gobernador, como la permanencia de los administradores municipales.

Por eso hoy quien vaya a resultar como nuevo titular de la General de Gobierno debe preguntarse con seriedad si esa estructura actual —que es un Frankenstein entre el pasado y las ambiciones de Avilés— le sirve a él o ella para desarrollar una gestión a favor Oaxaca, o si es necesaria una reingeniería de la dependencia para que en verdad pueda ser operativa independientemente de qué tantos cargos tiene el Secretario para repartir entre sus allegados.

En el fondo, hay un elemento subjetivo que se debe considerar, y es que quien sea designado como titular de la dependencia sea en verdad alguien que entrevere el entendimiento real de los procesos políticos y de gobernabilidad de la entidad —y que no sea una repetición de la soberbia e insensibilidad que se aprecia claramente en muchos funcionarios de la administración estatal, que siguen pensando que el gobierno de Oaxaca es una dependencia federal—, con el respeto y el respaldo político del Gobernador para ser, de jure o de facto, un jefe de gabinete que se pueda allegar de la ayuda todo el gobierno para resolver los problemas de la entidad.

¿REPETIR EL PASADO?

Si no se cumplen esos parámetros mínimos, y no existe ese ejercicio de autocrítica sobre la administración pública, entonces no podremos esperar sino una repetición de los excesos, errores y debilidades que llevaron a Avilés al fracaso.

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