Mareña Renovables: si se va, todos perdemos

Adrián Ortiz Romero

+ Incapacidad, intereses y desidia, hacen coctel

energEl posible retiro de la millonaria inversión de Mareña Renovables tiene hoy una connotación nacional, por el menosprecio a los pueblos indígenas, por la avidez de hacer negocios rápidos antes que verdaderamente garantizar una inversión a largo plazo, y por la desidia del gobierno para atender un tema tan delicado como este. El amague directo hecho por la directiva de esa empresa, es sólo la punta de lanza de todo un proceso negociador que ha estado viciado desde el principio, y afectado por intereses que han ido del descuido a la voracidad.

En efecto, desde hace más de un año, Mareña Renovables espera las condiciones adecuadas para emprender su desarrollo eólico —considerado el más grande de América Latina— en las comunidades de Santa María y San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec. Desde que comenzó a planear el desarrollo, esa empresa contrató a un despacho mexicano de gestores-negociadores, que sería el encargado de generar las condiciones sociales y políticas mínimas en las comunidades involucradas, para que sus pobladores accedieran a participar en el proyecto, y para controlar cualquier tipo de eventualidad relacionada con los grupos de lucha social que existen en la zona. Ese despacho de gestores-negociadores está encabezado por el oaxaqueño Julio Esponda, y cuenta con la participación y asesoría del ex gobernador Diódoro Carrasco.

Ahí, al parecer, inician las torceduras de este asunto. Pues aseguran quienes conocen el tema que Mareña dio por hecho que contando con la asesoría y seguimiento de un ex mandatario (con fuertes ligas y ascendencia en el gobierno actual), podría tener aseguradas las condiciones mínimas para que la inversión estuviera garantizada. Y los asesores, en aras de ver su negocio cristalizado en el menor tiempo posible, habrían minimizado la necesidad de hacer un trabajo social y político milimétrico en cada una de las comunidades, y con cada uno de los grupos sociales con presencia en la zona, y dieron por sentado que habría adherencia al proyecto eólico. Este fue el primer gran error. ¿Por qué?

Porque al parecer no calcularon correctamente cuando menos tres cuestiones. Primera, que las decisiones que afectan a toda la comunidad en los pueblos indígenas se procesan de una forma particular, en la que debe haber diálogo y sensibilidad. Segunda, que supusieron que el gobierno les daría todo el respaldo en el control de la gobernabilidad derivado de las ligas entre el Gobierno actual y el ex Mandatario. Y tercera, que la avidez por el chantaje de algunos grupos sociales podría ser controlada sin mayor contratiempo. Y parece que fallaron en todo.

Fallaron en lo primero, porque si algo tienen claro hoy las comunidades indígenas, es que tienen derechos derivados de instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a consultarlos en temas que relacionen a su gobierno, su forma de convivencia o su territorio, y a respetar su determinación. Aunque sí hubo trabajo en este sentido, lo hecho no fue suficiente para convencer a los pobladores originarios que el establecimiento del complejo eólico era lo mejor que podía ocurrirles. Esa fue una primera traba que, a la luz de las dos siguientes, hoy se aparece como la menos importante.

Fallaron también en la segunda. Pues los negociadores contratados por Mareña no calcularon que hoy el gobierno tiene otros intereses políticos en la zona, y que por esa razón su apoyo no sería dado como un tema dado por hecho. Todos se hallaron con las resistencias propias de funcionarios del gobierno estatal que, al mismo tiempo, tenían intereses políticos directos en la zona, que además esos intereses estaban relacionados con grupos que por chantaje o avidez se iban a presentar como opositores a Mareña; y que, por si eso fuera poco, el gobierno estatal habría de tener un manejo político desastroso en la contención de esos intereses.

Y finalmente fallaron en el cálculo sobre los grupos sociales. Pues es cierto, Ucizoni de Carlos Beas puede representar a 20 personas —como lo han afirmado estos días–. Pero esas 20 personas han tenido la capacidad suficiente como dejar en un segundo plano la voluntad de la mayoría de los habitantes de las comunidades involucradas, y de hacer valer, por la fuerza, su intento por detener el proyecto o negociar beneficios a cambio de dejarlo continuar. Si el despacho de negociadores contratado por Mareña consideró que con unos cuántos pesos podría controlar el asunto, falló gravemente.

LA MEZQUINDAD, POR DOQUIER

Ahora bien, eso no significa que toda la responsabilidad se encuentre en la avidez y la insensibilidad de Carrasco como negociador y mediador en un asunto como éste. En realidad esa es sólo una parte de todo este problema, que se profundizó por la voracidad de grupos como Ucizoni que dicen representar a todas las poblaciones involucradas, cuando en realidad no son siquiera identificados por los pobladores y mucho menos tienen liderazgo y representación en la zona.

Y esta doble desgracia se enmarca con un gobierno que no ha sabido mediar entre sus propios aliados (Carrasco, por un lado, que trae de la mano a Mareña; y a los grupos de “izquierda”, que son quienes bloquean el proyecto, pero que son con quienes el régimen pretende ganar las próximas elecciones); y que, al contrario, con su indolencia ha permitido que este asunto llegue a niveles críticos de confrontación, y que hoy Mareña Renovables esté a punto de retirar su inversión no sólo de Oaxaca, sino del país.

Por todo eso, este problema tiene una dimensión nacional: si Mareña se va, no sólo será Oaxaca, sino México, quien quedará ante la mirada internacional como un país que no garantiza inversiones. Se perderá también una inversión multimillonaria, y la oportunidad de desarrollo para las comunidades indígenas que hoy viven en la más honda pobreza. Y Oaxaca constatará su imagen de una entidad ingobernable y hostil a todos aquellos que pretenden aprovechar sus riquezas naturales.

MÁS INTERLOCUTORES

Una última razón sobre por qué este es un problema nacional: por las circunstancias, el gobierno estatal ya fue rebasado. Y debe ser la Federación quien atienda políticamente este problema y haga lo necesario por resolverlo. Mareña no debe irse. Pero si se queda debe ser a través del convencimiento y del respeto a los pueblos, y también con la garantía de que su presencia traerá beneficios y desarrollo para todos, sin ser sólo un negocio para un puñado de políticos y líderes de la lucha social.

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