Los bloqueos no se resolverán con nuevas leyes

José Luis Fierro

La semana pasada, durante un encuentro con empresarios del sector turístico, funcionarios estatales y federales del ramo, entre ellos, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa anunció que en breve enviará una propuesta de ley al Congreso estatal para regular las marchas, plantones y bloqueos.

Los aplausos fueron inmediatos, por supuesto, el cansancio de los ciudadanos hacia los bloqueos vengan de quien sea, resultan más que una molestia, son una afectación a la vida social y a la economía.

Durante su anuncio, el gobernador Murat Hinojosa admitió que esos grupos sociales y sindicales realizan los bloqueos y plantones para obtener algún beneficio.

Se dice que, para solucionar un problema, lo primero es identificarlo y aquí el punto es justamente ese, que dichos grupos realizan tales acciones para obtener algo y desafortunadamente es que, en la gran mayoría de las ocasiones lo consiguen.

Si el propio gobierno tuviera la voluntad de no negociar por abajo de la mesa, no sería necesario presentar una iniciativa regulatoria de marchas o bloqueos, tampoco un referéndum buscando el apoyo ciudadano para aplicar la ley.

Lamentablemente, la solución no radica en nuevas leyes, sino en aplicar las que ya existen, aplicar medidas de ingeniería vial, redistribución del flujo vehicular en contingencias, creación de mayor infraestructura que evite el “estrangulamiento” vial en los puntos donde dichos grupos bloquean.

Es decir, ante la falta de aplicación de la ley, ya sea por cálculos políticos-electorales o debilidad política, las medidas deben ser de otro tipo, no solamente la creación de nuevas leyes.

Es posible que la nueva súper Consejería Jurídica del Gobierno Estatal, que este año tuvo para ejercer un presupuesto de 24 millones de pesos y que en el Presupuesto de Egresos del 2018 se plantea que sean más de 300 millones de pesos; trate de justificar su existencia y su inusitado presupuesto inventándose una nueva ley que en la práctica sería un motivo más de burla de esos grupos sociales y sindicales hacia el Estado de derecho.

El anuncio de nuevas leyes no es la solución, la ciudad de Oaxaca y sus municipios circunvecinos requieren un enfoque distinto, de concertación para dinamizar el tráfico vehicular, regular verdaderamente el transporte público y a sus operadores, otorgar alternativas viales mejoradas y de nueva creación que eviten que un simple grupo de personas desquicien una zona de la capital o el área metropolitana.

El diálogo debe prevalecer, la concertación política también, el dominio de la ley debería ser el objetivo primario a cumplir pero también debemos reconocer que la inercia de los movimientos sociales o sindicales no se puede romper de un día para otro, y para ello, los gobiernos municipales y el estatal deben crear alternativas que no sólo mitiguen, sino que solucionen la gravedad cotidiana de los bloqueos, marchas y plantones.

 

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