Las mareas negras en Salina Cruz

Las mareas negras provocadas por hidrocarburos son una imagen recurrente en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, donde se encuentra ubicada la refinería Antonio Dovalí Jaime de Pemex, empresa productiva de México (llamada así por la reforma energética). De los registros más recientes destacan las ocurridas en 2009, en 2012 y tan solo en este año van tres derrames. El pasado 7 de septiembre y a raíz de la falla en la infraestructura petrolera que provocó el terremoto en la región istmeña, se presentó un derrame de petróleo. De acuerdo con los diferentes comunicados por parte de la población de la zona, no se observan acciones contundentes para la reparación de la falla, contener el avance de la contaminación y mitigar los daños ecológicos que está causando el vertido del hidrocarburo. Los incidentes a causa de los desperfectos en la infraestructura han continuado e inclusive el pasado 13 de octubre se volvió a presentar otro derrame, lo cual recrudece la situación de emergencia ambiental que se está viviendo en la región.

Según Juan Freire, Luis Fernández, Eduardo González-Gurriarán & R. Muiño, las mareas negras son eventos puntuales, pero agudos de contaminación y como tales, generan efectos a corto plazo muy evidentes y en ocasiones espectaculares, y a medio y largo plazo, menos aparentes, pero en muchas ocasiones más importantes desde el punto de vista ecológico y económico. Una consecuencia de estas escalas temporales es la percepción social del problema, con un elevado interés y preocupación inicial, que se suele reducir drásticamente mucho antes de que el impacto realmente desaparezca.

Los efectos ecológicos de las mareas negras son muy variables, de modo que vertidos aparentemente similares pueden desencadenar procesos muy diferentes, dependiendo de diversas circunstancias, por lo que es imprescindible descender a los detalles técnicos para comprender las consecuencias de catástrofes de este tipo. Así, cuestiones tan diversas como la química del producto derramado, la granulometría de los sedimentos afectados o la época del año del vertido y su relación con los ciclos reproductivos de las especies, sólo por poner algunos ejemplos, pueden ser factores decisivos en la evolución del problema.

Los derrames de hidrocarburos pueden provocar la muerte de todo organismo viviente en una comunidad biológica determinada. Los manglares son muy sensibles a estas sustancias debido a que las películas de petróleo impiden que el oxígeno llegue a las raíces subterráneas. Una capa de petróleo conduce a la muerte a un manglar y a la fauna que allí habita. De igual manera las huevas y larvas de peces en bahías de poca profundidad pueden ser víctimas de una elevada mortandad en virtud de los derrames. Las aves que se mueven por la frontera agua-aire corren peligro también. Los mariscos (tanto moluscos como crustáceos), gusanos de varios tipos, erizos de mar y corales son altamente susceptibles a sufrir fuertes bajas por crudos de petróleo. Muchas algas tienen una importancia económica ya sea como alimentos o para extraer productos como el agar. Las algas cultivadas con este fin pierden su valor comercial al verse contaminadas. El tiempo que necesita la naturaleza para recuperarse puede variar de unos pocos días a más de 10 años.

Un vertido de hidrocarburos constituye un problema de una gran complejidad biológica, social y económica. En primer lugar, afecta al ecosistema (incluyendo al ser humano como parte del mismo), que es un sistema complejo compuesto de numerosos elementos que interaccionan entre ellos, creando una dinámica no lineal de difícil predicción.

Cierto es que Petróleos Mexicanos, por ser el responsable de las instalaciones petroleras de Salina Cruz, tiene la obligación de ejecutar medidas para contrarrestar los efectos del derrame. También es responsabilidad de las instancias federales y estatales el evaluar los daños y vigilar que se lleven a cabo, de manera pronta y efectiva, las medidas necesarias para remediar las afectaciones; esto, en función de los perjuicios e impactos que están significando para el medio ambiente y la economía de la zona. Entre las diferentes instancias con responsabilidades se encuentran la Semarnat, Profepa, ASEA, Semaedeso y Protección Civil, entre las más significativas.

Desde la perspectiva legal ambiental, la omisión en que han incurrido las autoridades contraviene las disposiciones señaladas en los artículos 27, 28, 29 y 54 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental de la Agencia Nacional, así como lo dispuesto en la normatividad de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, especialmente en su artículo 13, fracción IX del Reglamento Interior y las Reglas de Operación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos –CONASEA– entre las de mayor relevancia.

Desde la perspectiva legal operacional, la responsabilidad para vigilar y, en su caso, sancionar al infractor, en este caso Pemex, recae en primera instancia en la Semarnat, quien con base al artículo 416 del Código Penal Federal, deberá hacer las denuncias correspondientes en contra de los probables infractores. En términos sectoriales, es la ASEA quien debe requerir, sancionar y dictar medidas correctivas, tales como reparación de daño, evaluación inmediata y de largo plazo, a efecto de conocer los efectos causados a los ecosistemas marinos y a las comunidades que viven en las cercanías de las playas que son afectadas por las mareas negras. Asimismo, es necesario medir y evaluar el alcance de los impactos de los derrames en sus vertientes sociales (salud, alimentación y acceso de pescadores al recurso), contaminación del ecosistema marino y sus especies, hechos que se contraponen al Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano.

En consecuencia, el OAC estima que, valorando el trabajo de Pemex, esa institución debe abstenerse de arrojar hidrocarburos contaminantes al océano. De igual manera, le solicita a la Semarnat que asuma su responsabilidad legal para vigilar, monitorear y, en su caso, sancionar a Pemex si continúa con sus actividades contrarias al bienestar ambiental y social.

El Observatorio Ambiental Ciudadano de Oaxaca –OAC–, en función del objetivo que se ha propuesto para “Integrar un mecanismo formal de control social y corresponsabilidad, para el diseño, vigilancia y cumplimiento de los planes, proyectos, programas, estrategias, procesos, obras y servicios públicos relacionados con la política ambiental en el estado de Oaxaca, así como para hacer propuestas de solución”, hace un llamado a las diferentes instituciones relacionadas con el tema para que se haga efectiva la normatividad ambiental, a fin de resolver la contingencia ambiental causada por los derrames y sus consecuentes mareas negras.

 

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