El destino de la reforma educativa no está en manos de AMLO, sino del Congreso

Adrián Ortiz Romero

De gira en Oaxaca, el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador mantuvo su promesa de derogar la reforma educativa. Lo dijo con énfasis para congraciarse con los grupos magisteriales —de Oaxaca y del sureste del país— a los que intenta conquistar, aunque reconociendo tácitamente que la posibilidad de cumplir dicha promesa no está en sus manos, sino en las potestades del Congreso, en el que no sabe si tendrá mayoría. Al final, de todos modos la reforma educativa deberá revisarse. Pero nada asegura que sí ocurra lo que aquí vino a prometer el tabasqueño.

En efecto, de gira por nuestra entidad, López Obrador lanzó el sábado un decálogo de compromisos básicos para la educación y magisterio, donde incluye cancelar la  reforma educativa y hacer uso de sus facultades como titular del ejecutivo para detener las afectaciones laborales y administrativas al magisterio nacional. “Habrá justicia a todos los afectados por la imposición de la reforma educativa, a cesados, despedidos y víctimas de la violencia”, dijo durante el encuentro realizado con maestros.

Además, dijo que alistará una iniciativa de reforma para evitar que las leyes vulneren a los maestros, que se respete la independencia y autonomía de trabajadores de la educación, además de prometer que su gobierno no intervendrá en la vida interna de organización para garantizar democracia sindical. Y luego ayer, de gira por Chiapas, a López Obrador se le cuestionó si como presidente enviará una iniciativa preferente para derogar la reforma educativa y, concretamente, respondió: “Si, en este caso sí. Quitar todas las leyes o artículos de leyes que afecten la dignidad del magisterio”.

Ante estas afirmaciones, se constatan varias cuestiones. La primera, que López Obrador tiene una clara convicción por la derogación de la reforma educativa, aunque carece de un plan alterno para que esto no signifique un retroceso y un conflicto jurídico que puede ser de muy largo aliento entre su gobierno intentando derogar la reforma, y ciudadanos, organizaciones y hasta partidos, tratando —y seguramente también litigando— para que eso no ocurra.

Otra cuestión que queda clara, es que a pesar de su convicción y sus promesas, ni él mismo tiene claro cómo podría ocurrir una posible derogación de la reforma educativa. La situación es bastante clara. En caso de ganar la presidencia, Andrés Manuel no podría derogar la reforma por decreto, ya que existe una facultad expresa en el artículo 73 de la Constitución de la República, que le otorga al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de evaluación de la educación, y los demás criterios que son necesarios para la vigencia y aplicación de la reforma en cuestión. Por esa razón, Andrés Manuel se pronuncia en contra de la reforma, pero no establece parámetros sobre cómo podría conseguirlo sin la colaboración del Poder Legislativo.

Una tercer cuestión que también se clarifica, es que independientemente de si Andrés Manuel López Obrador gana la Presidencia de la República, y de si logra o no impulsar que se discuta en el Congreso la posible modificación de la legislación en materia de evaluación docente, e incluso si logra una posible derogación, lo cierto es que de todos modos con sus planteamientos y sus coqueteos al magisterio nacional —tanto el de la CNTE, a quienes intenta cautivar en el sureste del país, como al del SNTE, a quien busca también atraer mediante la oferta de la reforma y el perdón a la ex lideresa Elba Esther Gordillo—, lo que habrá de ocurrir prácticamente en cualquier escenario, es la revisión de la reforma a través de la presión.

Sí. Finalmente, los maestros presionarán a quien sea presidente para que se revise la situación actual de la evaluación, y el funcionamiento de los órganos encargados de la aplicación de esos mecanismos.

LUCHA INMINENTE

Apuntamos el 4 de abril en este espacio, algo que va a tomando forma rumbo a confirmarse: que gane o pierda, Andrés Manuel López Obrador prendió esa mecha de la inminente movilización magisterial, al tratar de lanzar propuestas que simpatizaran lo mismo con la CNTE que con los profesores del SNTE identificados con Elba Esther Gordillo. Queda claro que no todos los maestros del país mantienen una postura en contra de la evaluación, igual que como resulta cierto que muchos de ellos —los gordillistas— podrían asumir la derogación de la reforma educativa más allá de su contenido, sino como una necesidad de reivindicación del poder de la ex lideresa magisterial, que fue encarcelada por el impulsor de la reforma educativa, y que en un régimen opuesto tendría como sanción política la derogación de la reforma como una manifestación del poder recuperado por la hoy defenestrada maestra Gordillo, en un posible reascenso al poder.

El problema hoy, apuntamos en aquella ocasión, es que independientemente de lo que ocurra el 1 de julio, de todos modos la CNTE tratará de volver a la carga con respecto a la derogación de la reforma. Hace algunas semanas, López Obrador remarcó su postura relacionada con la reforma educativa, pero dijo que su forma de terminar con las normas que rigen a la evaluación docente —médula de la reforma educativa— sería a través del proceso legislativo (es decir, enviando una iniciativa que modificara el contenido constitucional y legal, para que los diputados la aprobaran).

Hoy, López Obrador dice que el mecanismo será una iniciativa preferente. ¿Qué significa esto? Que, en caso de ganar, y utilizando sus facultades constitucionales, Andrés Manuel buscaría meter formalmente la propuesta de derogación al Congreso, para que ahí fuera discutida. El hecho de que pudiera presentar la iniciativa con el carácter de preferente, tendría la finalidad de “forzar” la discusión legislativa, independientemente de su resultado.

Según establece la Constitución, cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.

AMLO NO CONOCE LA CONSTITUCIÓN

Al final, algo que quizá Andrés Manuel no sabe, porque no conoce, ni le interesa conocer la Constitución, es que el artículo 71 constitucional contiene una disposición expresa que dice lo siguiente: “No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución.” ¿Qué significa? Que la derogación de la reforma tendría que salir a través de un proceso legislativo ordinario, en el que participen las dos cámaras federales y las entidades federativas. Algo que será mucho más complicado de lograr, de lo que hoy parece. Ya lo veremos.

 

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