¿Cuándo logrará el gobierno ganar credibilidad con el castigo al saqueo de Cué?

+ Proveedores y economía, detenidos; denuncias, politizadas; Contraloría, en silencio

Adrián Ortiz Romero

Cómo pensar que sí existe el Estado de Derecho, cuando ante un escenario económico como el de Oaxaca, todos están o en el pasmo, o en la equivocación, o en la abulia. Es lo que ocurre con la economía local, que sigue detenida —y trabada— por la inexplicada situación en la que el gobierno de Gabino Cué entregó las cuentas de las arcas estatales; por un sector privado que no alcanza a establecer alguna otra coordenada que no sea la de los lamentos; y por un gobierno entrante que simplemente no da pautas de poder resolver este problema. No sólo se trata de eficacia, sino también de demostrar que algo se está haciendo en contra de quienes generaron esta situación de crisis para la entidad.

En efecto, de manera reiterada los sectores productivos de Oaxaca han señalado no sólo que la administración de Gabino Cué los dejó en una situación de incertidumbre con adeudos que no fueron liquidados, sino que además han tenido problemas para que la nueva administración reconozca los compromisos institucionales pendientes de pago y, además, comience a tener el flujo de efectivo para reactivar la economía local.

No alcanzan a decirlo —quizá porque su prioridad es el pago de los adeudos— pero en realidad la demanda de reactivación económica tendría que venir necesariamente acompañada del fincamiento de responsabilidades directas en contra, primero, de quienes provocaron esta situación de incertidumbre y, segundo, de quienes generaron la inmovilidad económica que hoy lastima a prácticamente todos los sectores productivos de la entidad que de una u otra forma dependen de la actividad y el presupuesto gubernamental.

Y es que aún cuando el argumento parece hasta un lugar común, es claro que en general la economía local depende en gran medida de la movilidad económica que se genera desde el gobierno, que es el mayor consumidor de bienes y servicios en todos los rubros de la economía, y es también la más importante —y casi única— fuente de empleos de la entidad, no relacionados con el llamado sector terciario que corresponde a la provisión de servicios como pudiera ser el turismo sino que, de manera indirecta, la gran mayoría de los empleos y la economía de la entidad dependen del gasto gubernamental. Ello explica, en términos simples, por qué cuando se detiene la economía que se impulsa desde el consumo gubernamental, sufren todos los sectores que directa o indirectamente dependen de ello, que son prácticamente todos en la economía estatal.

Esto es algo que a estas alturas nos queda perfectamente claro, pero debería ser también un acicate importante a que el gobierno encontrara medidas para enfrentar esta situación desde todos los frentes. Pues resulta que así como todos exigen que la reactivación económica llegue a través de los apoyos y las políticas gubernamentales —estatales o federales— que pudieran ser aplicables, también debiera haber una dosis importante de voluntad para establecer responsabilidades por esta situación que indudablemente fue creada por la indolencia o la acción deliberada de quienes no lograron planear correctamente el gasto y enredaron a toda la economía local en su crisis.

DEMANDA SOMETIDA

Debiéramos preguntarnos cuál es la razón por la que hasta ahora ninguno de los sectores productivos se ha agrupado, más que en sus respectivas cámaras y sectores empresariales, para exigir la reactivación económica y el castigo a los responsables de esta crisis. Curiosamente, nadie lo ha hecho y, en esas condiciones, resultan voces y demandas aisladas en contra de una situación que implica una afectación generalizada. ¿Por qué nadie lo ha hecho?

Es muy probable que nadie lo haya hecho por el mal fario que le imprimió a esa demanda legítima, las eternas ambiciones y aspiraciones electorales del michoacano Benjamín Robles Montoya, que desde que inició el año emprendió una campaña para —según— agrupar a todos los empresarios, comerciantes, arrendadores y prestadores de servicio a los que el gobierno de Cué les quedó a deber. Su intento, eminentemente político y carente de todo sentido de solidaridad con los sectores productivos que hoy padecen una severa crisis económica, trató de ser agrupado en un nuevo organismo denominado Consejo Ciudadano contra la Corrupción y la Impunidad, el cual resultó ser encabezado por la esposa de Robles, Maribel Martínez Ruiz.

Durante los meses de diciembre y enero, Martínez Ruiz y Robles Montoya emprendieron una intensa campaña para convocar a los defraudados a la creación de un frente que exigiera justicia. Hasta ahora ha sido poco claro el resultado de dicha convocatoria y, sobre todo, las acciones que habrían emprendido no para seguir haciendo campañas políticas sino para lograr que verdaderamente los comerciantes, prestadores de servicios y empresarios quebrantados, sean restituidos en los bienes y servicios que ya entregaron al gobierno y por los que no se les pagó.

Lejos de eso, pareciera que el intento de Robles Montoya en realidad ha resultado ser una ayuda disimulada a la impunidad con la que se conduce Gabino Cué Monteagudo y sus principales colaboradores frente a este problema de grandes dimensiones. ¿Por qué la afirmación? Porque pareciera que la invitación lanzada a través del Consejo Ciudadano contra la Corrupción y la Impunidad, en realidad constituyó la dinamita a los cimientos de un posible movimiento genuino de empresarios y comerciantes agraviados por el gobierno, para exigir justicia.

Pues resulta que hasta hoy, no hay un solo llamado grupal, ni una exigencia robusta y bien sostenida, que pudiera conminar al gobierno de Alejandro Murat a exigir tanto el pago de sus adeudos como el castigo a los responsables del saqueo. Todas, son demandas disimuladas y aisladas que lamentablemente se pierden en la inmensidad y complejidad de los otros problemas que aquejan a Oaxaca. Por eso, si no logran ser capaces de generar esa inercia de presión al gobierno, mucho menos lograrán que éste se vea obligado a emprender acciones para aliviar no a un grupo de dueños del capital, sino a toda la economía local que se mengua cada día más por la inmovilidad económica.

En todo eso, deberíamos preguntarnos nuevamente dónde están las instancias que hoy en día tendrían que estar emprendiendo acciones en contra de todos aquellos que generaron esta situación. Pues sospechosamente nadie ha resultado responsable de ninguna de las acciones por las que hoy padece toda la economía local, y del lado del gobierno a nadie se le ha ocurrido establecer coordenadas básicas de responsabilidad para luego ir a la persecución de las irregularidades o delitos que pudiera haber en este irresponsable manejo de los recursos de la entidad.

Al final, es muy lamentable que la indolencia gubernamental, la poca cohesión entre los sectores productivos locales, y los cálculos políticos de gente como Robles, estén socavando de fondo la posibilidad de que haya justicia y claridad frente a un tema tan sensible como el de la inmovilidad de la economía local. A ver hasta cuándo.

PROBLEMÁTICOS

Un sector político que ahora comienza a darse a notar, conformado por los hijos de varios viejos políticos, que ahora debutaron en la administración pública estatal, se dicen agraviados por las conductas de Carlos Heliodoro Díaz Aguirre. Pagan, dicen, justos por pecadores. Ojalá que, en cabeza ajena, logren ver el tamaño de los problemas que se generan por las conductas irresponsables y, en general, comiencen a entender que no todo el tiempo el paternalismo de sus ascendientes —entendido éste como la protección de la familia tradicional, pero llevada a las relaciones sociales, políticas, laborales y hasta jurídicas— estará ahí, ni tendrá la capacidad para defenderlos de sus propias acciones. Están a tiempo.

 

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