Jucopo evitará desvíos de recursos en la Cámara de Diputados

* A través de la auditoría interna del Poder Legislativo se esclarece la situación de plazas informales otorgadas por la anterior Legislatura

San Raymundo Jalpan, Oax.- La transparencia y rendición de cuentas son prioridades de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso local, así lo ha demostrado la Junta de Coordinación Política (Jucopo) al congelar plazas irregulares otorgadas de manera ilegal por la pasada Sexagésima Segunda Legislatura.

Esta política de transparencia y de Parlamento Abierto de cara a la sociedad ha traído como consecuencia que los beneficiados de las plazas irregulares promuevan una campaña de denostación contra el actual presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura, el diputado Irineo Molina Espinoza.

Las campañas de denostación carecen de fundamentos legales y emanan de personas afectadas por la depuración de plazas irregulares que han visto amenazados sus intereses personales a partir de la política transparente y de anticorrupción de la actual Legislatura, que ha respondido de manera inmediata a las denuncias presentadas.

En días pasados, las y los trabajadores sindicalizados del H. Congreso local denunciaron ante integrantes de la actual  Junta de Coordinación Política  que el exdiputado Gerardo García Henestroza, expresidente de la Jucopo en la Legislatura pasada, había buscado otorgar plazas a amigos y familiares de manera ilegal.

Debido a estas demandas, las y los diputados que integran la Junta de Coordinación Política han consolidado un trabajo conjunto para erradicar esta realidad que amenaza la legalidad y el trabajo transparente del trabajo legislativo.  Esta acción ayuda a la construcción de una administración legislativa con finanzas sanas encaminada a la rendición de cuentas para la ciudadanía oaxaqueña, que además abone a la reivindicación de un trabajo legislativo descuidado por las y los integrantes de la Legislatura pasada.

Este ejercicio de transparencia ha sido un trabajo en conjunto con la contraloría del Poder Legislativo que ha buscado esclarecer la legalidad de los nombramientos entregados en los últimos días del trabajo de la Sexagésima Segunda  Legislatura. La intención de esta política es el respeto al trabajo de los colaboradores que se encuentran en la formalidad y que han demandado de manera publica sus exigencias.

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