Organizaciones van por 8 mil mdp; en marzo arreciarán protestas por recursos

Jaime Guerrero

Oaxaca, Oax.- De acuerdo al último diagnóstico del Gobierno del Estado, las organizaciones sociales (de mayor presencia en las regiones), demandan al gobierno más de 8 mil millones de pesos en programas, obras, apoyos y recursos que pretenden canalizar para hacerlo llegar sus militantes o simpatizantes, para que al final se convierta en clientelismo político electoral.

Por la dispersión de los recursos que hará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Oaxaca, en el mes de marzo, se prevé se intensifiquen las manifestaciones, para exigir cumplimiento a las demandas de las organizaciones, en medio del proceso electoral.

Por lo pronto, el Gobierno del Estado, estableció en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2022, que las organizaciones sociales que operan en la entidad se han radicalizado, eso las ha hecho crecer e identifica 425 organizaciones que operan en regiones del estado.

En medio de esas pretensiones económicas de las organizaciones sociales, en la LXIII Legislatura, el coordinador de los diputados locales del PAN, Juan Mendoza Reyes, ha exhortado al gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, informarle el monto que destina en apoyos financieros  a las organizaciones sociales, los criterios para su asignación, así como el nombre de las organizaciones beneficiadas y la periodicidad con la que se hace.

Organizaciones redentoras

De acuerdo al diagnóstico del Gobierno del Estado, tan solo el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) que dirige, Rufino Merino Zaragoza, ha exigido ante el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, 2 mil 100 millones de pesos en demanda “social” para sus agremiados y de su zona de influencia.

Mientras que el Frente Amplio de Lucha Popular (FALP) que dirige el violento, Gervasio García Martínez, ha solicitado más de 650 millones de pesos en programas, obra pública, entre otros esquemas de beneficios para sus agremiados.

Cabe destacar que actualmente García Martínez fue desconocido por sus agremiados por presunta malversación de recursos que recibió en ejercicios fiscales pasados.

Las organizaciones sociales, provienen de todos los partidos políticos, principalmente del PRD, PT, MC, Morena, magisterio, PSD, PUP, PRI, PAN, PES, Nueva Alianza. Todos incurren en el clientelismo.

De acuerdo con fuentes de la Secretaría General de Gobierno son cerca de 80 los más activos, que cierran carreteras o calles; marchan o vandalizan periódicamente por recursos y exigiendo atención a sus demandas.

En el 2016 se reveló en medios de comunicación que desde el primer año del gobierno de Gabino Cué se daba anualmente aproximadamente 325 millones de pesos a unas 50 organizaciones. Entre los más beneficiados se encontraban el MULT, Codeci y FALP, éstas últimas las más radicales.

Lo mismo la priista, Antorcha Campesina, de Gabriel Hernández, que en la víspera reclamó programas sociales, recursos y apoyos para los pobres.

Otras de las organizaciones del PRD, con mayor presencia en la región del Istmo de Tehuantepec, fue la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), y uno de sus fundadores fue Héctor Sánchez López, cuya hermana, Gloria, es actualmente presidenta municipal de Juchitán.

Otras de las fracciones es encabezada Roberto López Rosado, Leopoldo de Gyves, y sus hijos y sobrinos lo mismo tienen membretes con los cuales lucran con la pobreza.

Por otro lado, el PUP de Uriel Díaz Caballero, y la “23 de Octubre”, de Alejandro Escobar Sánchez y Saúl Pazos, hijo del finado líder, tiene su propia agenda y demandas.

En tanto, la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) es arropada por la diputada del PVEM, Nallely Hernández.

Comuna Oaxaca, de Flavio Sosa Villavicencio, César Mateos y Efraín Alinarez, han protagonizado movilizaciones y se han inmiscuido en conflictos políticos, agrarios y electorales que han derivado en la muerte de personas. Como es el caso de Santiago Choapan, Santa María del Mar, San Agustín de las Juntas y San Sebastián Nopalera.

Lo mismo, Sosa Villavicencio ha sostenido encuentros con el gobernador del Estado, para plantear soluciones a sus demandas de diversa índole.

La organización Corriente del Pueblo “Sol Rojo” realizó una “jornada de lucha” para exigir solución a sus demandas, la mayoría de carácter presupuestal.

Cabe señalar que Sol Rojo encabeza una protesta frente al Palacio de Gobierno. Mujeres viudas triquis solicitan el reconocimiento de su estatus como desplazadas de la comunidad de San Miguel Copala desde 2010, mientras que pobladores de San Blas Atempa acusan despojo de tierras para instalar en dicha localidad istmeña una subestación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Yolanda Ruiz ha amagado con endurecerse en caso de no ser escuchados.

De paso, utilizan la bandera de los damnificados de los sismos de septiembre de 2017 del Istmo y la del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud.

El Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca (FACMEO) es una agrupación arropada por la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, también la que lidera Germán Mendoza Nube, del Frente Popular Revolucionario (FPR), que lo mismo se ha reunido con Murat Hinojosa.

De su lado, Macario Otalo Padilla, líder del Frente Popular Revolucionario (FPR), que ha tenido también dos divisiones, una de las cuales es “Sol Rojo” y otra es el Frente Popular “14 de Junio”. No obstante, Otalo Padilla ha sostenido encuentros con el Gobierno del Estado.

En tanto, “Lubizha” Manuel Antonio López Pacheco, recientemente exigió al Gobierno del Estado, 50 millones de pesos para sus afiliados; para ello, cerró la gasolinera Fonapás el 8 de febrero. López Pacheco ha sido señalado de presunto desvío de recursos y rasurar el dinero de los beneficiarios, junto con su papá.

El Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi), de Abraham Ramírez, es característica por su violencia para exigir millonarios recursos y beneficios para sus afines y zona de influencia. Mientras que en la Cuenca el Comité de Defensa de Derechos Ciudadanos (Codeci), lo mismo cierra carreteras que “toma” casetas de cobro y autobuses para movilizarse.

En tanto, el recién electo (por el Consejo Nacional del PRD), como candidato a diputado federal y actual coordinador de los diputados locales del PRD, Carol Antonio Altamirano, pidió un peritaje internacional del accidente aéreo que se suscitó en el municipio de Santiago Jamiltepec, del cual resultaron 14 personas muertas y 17 heridas.

En un franco lucro político-electoral, pidió sanciones administrativas y penales “y en su caso, impongan la sanción correspondiente a los servidores públicos federales, estatales y del fuero militar”, por el accidente aéreo del pasado el 16 de febrero en Santiago Jamiltepec.

PED diagnostica organizaciones

En medio de la vorágine monetaria que significan las organizaciones sociales, el PED 2016-2022 de Murat Hinojosa, establece que en buena medida la evolución de las organizaciones sociales se debe a la transformación de solicitudes en exigencias de atención a sus demandas, y la radicalización de las formas utilizadas para generar presión al gobierno a favor de sus objetivos, ello mediante actos o acciones que provocan la sensación de ingobernabilidad.

En su diagnóstico, el PED indica que la mayoría de las organizaciones son de tipo político y social, que exigen: infraestructura básica, vivienda, proyectos productivos, apoyos agrícolas, educación, concesiones de transporte, becas, entre otros.

“El desarrollo político-social y económico de Oaxaca se ha visto identificado con la aparición de organizaciones de tipo político y social, principalmente”, plasma.

Sin embargo, concede que los principales conflictos que se presentan son postelectorales, con organizaciones sociales, de tipo agrario y sindicales.

No obstante, el PED atribuyó a las organizaciones sociales el surgimiento de conflictos en las comunidades, principalmente indígenas.

Y es que en el diagnóstico de “Gobernabilidad y paz social” del PED 2016-2022, la administración de Alejandro Murat Hinojosa señala que estos grupos organizados asumen la representación de los gobiernos municipales indígenas y se convierten en sus “portavoces” a pesar que son agentes externos a la comunidad.

“Esta correlación vuelve también a dichos agentes en intermediarios que solicitan e incluso exigen y reclaman apoyos en favor y a nombre de las propias comunidades, y ese circunstancia, cuando no encuentra respuesta a la totalidad de sus demandas, usualmente se traduce en situaciones de conflicto”.

Y es que para presionar al cumplimiento de demandas, lo mismo cierran carreteras, “toman” casetas de cobro y autobuses para movilizarse, cierran vialidades en la capital, crean caos urbano y social, violentan derechos de terceros al impedir el libre tránsito, entre otras muchas acciones para que el Gobierno del Estado cumpla a sus demandas.

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