Con perito, SICA defiende contratación para operar relleno sanitario; fue negocio de Cué, Castillo y Varela

Jaime Guerrero

Oaxaca, Oax.- El perito del Colegio de Ingenieros Ambientalistas de México, Luis Alberto Pineda, contratado por la empresa Sistemas de Ingeniería y Control Ambiental (SICA), encargada hasta marzo de este año de la operación, mantenimiento y monitoreo ambiental del relleno sanitario de Zaachila, salió a defender a ese consorcio favorecido por el Gobierno de Gabino Cué Monteagudo, para que vuelva a ser contratada, luego de que el Gobierno de Alejandro Murat Hinojosa ya no requiriera sus servicios.

La empresa SICA, S.A. de C.V., inició con las labores de rescate, saneamiento, conversión a relleno sanitario, clausura, habilitación de áreas recreativas y aprovechamiento de biogás, con una inversión de 160 millones de pesos, aplicada en el periodo 2011-2016, por el Gobierno de Cué Monteagudo.

Fue a través de la adjudicación directa, influida por el extitular de Sinfra, Netzahualcóyotl Salvatierra López; de Administración, Alberto Vargas Varela, así como Jorge Castillo Díaz, operador económico y político de Cué Monteagudo, como obtuvo los contratos para operar el relleno sanitario ubicado en el municipio de Zaachila.

Cabe señalar que empresa SICA informó en la víspera que el contrato con el Gobierno de Oaxaca culminó el 31 de octubre de 2016; no obstante, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de Oaxaca (Semaedeso), se les pidió continuar con los trabajos que venían realizando en tanto se firmaba otro contrato; sin embargo, al final no fueron favorecidos y ahora reclaman al titular de la dependencia, 10 millones de pesos por trabajos realizados.

Acusan que no hubo licitación pública y bajo adjudicación directa se entregó la operación del relleno sanitario a la empresa Alianza Empresarial Larbin.

Este miércoles, Luis Alberto Pineda, apoyado por la asesora legal de SICA, Edna Franco Vargas, hermana del exsecretario general de Gobierno, Jorge Franco Vargas, en el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz, defendió los trabajos que realizó la empresa.

Opinó que durante 6 años con la empresa SICA, el relleno logró una infraestructura impresionante, su red fue hecha con mediciones técnicas y había canchas en el lugar.

Sin embargo, acusó que con la nueva administración, el relleno se ha convertido en un riesgo, hay lixiviado en las calles y parte del norte por la falta de controles que se están generando en los sitios, literalmente para defender a SICA y le retornen los trabajos.

Y al ir más allá, al decir que es necesario realizarse un proyecto de clausura, advirtió que se perdería la infraestructura que se desarrolló durante 6 años (por SICA), estando en riesgo por el manejo de la basura a cielo abierto, que ya tiene una altura de 40 metros.

No obstante, el perito contratado por SICA fue cuestionado por su relación con la empresa quien hasta marzo de este año tuvo a cargo el mantenimiento y operación del relleno sanitario.

Y es que SICA contrató al perito para verificar las condiciones actuales del tiradero de basura en Zaachila, propiedad del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.

Tras la salida de SICA, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría del Medio Ambiente de Oaxaca contrató a la empresa Alianza Empresarial Larbin.

SICA obtuvo contratos sin licitación

En la víspera, el secretario del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de Oaxaca, José Luis Calvo Ziga, reveló que en el Gobierno de Gabino Cué Monteagudo, SICA fue favorecida 6 años sin licitación para operar en basurero municipal. Afirmó que la decisión de cambiar a la empresa fue en base a la ley.

Calvo Ziga pidió a la empresa SICA comprobar la presunta estafa de 10 millones de pesos, además del abuso de poder, confianza y uso indebido de la función pública en que habría incurrido, como acusa el gerente general de la empresa, Jorge Sánchez Gómez y la abogada, Edna Franco Vargas.

“Tenemos notarialmente registrado que la empresa fue la que abandonó los servicios. Ellos fueron los irresponsables. Hablan de una licitación, cuando la empresa SICA fue favorecida 6 años sin licitación”, atajó.

Calvo Ziga pidió a Sánchez Gómez decir a qué intereses obedecen, porque en el Gobierno de Alejandro Murat no se permitirá corrupción y actos ilegales.

Justificó que tomaron la decisión de contratar los servicios de la empresa Alianza Empresarial Larbin, para no provocar una contingencia ambiental para la capital de Oaxaca y 24 municipios conurbados.

En el caso de la denuncia en su contra, dijo que presentará los alegatos de defensa ante los órganos de la Contraloría y órganos jurisdiccionales.

Del fraude de 10 millones que acusa la empresa, pidió a ésta comprobarlo porque se defenderá cada peso público.

Además, anunció que se hará una revisión al desempeño de la empresa porque no se dejará pasar por alto los procedimientos que realizó al no tener licitación en 6 años.

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