Amenazan de muerte y quitan servicio de agua potable a indígenas por impugnar elección

Jaime Guerrero

Oaxaca, Oax.- Un grupo de mujeres de San Esteban Atatlahuca, municipio ubicado en la región de la Mixteca, violencia política en su contra, derivado de una impugnación que presentaron en contra del presidente municipal, Ángel Velasco. La revancha política contra las mujeres indígenas, denunciaron, ha pasado de las amenazas de muerte, hasta el corte del suministro de agua potable.

Paula Florencia Bautista Sandoval, Felipa Paz, Alicia Vásquez y Emilia barrios, denunciaron que la autoridad las amenaza con encarcelarlas por ser “viejas revoltosas” y en la comunidad de Benito Juárez, les quitan el servicio de agua potable, para que se alineen al gobierno municipal.

Responsabilizaron de la seguridad de 80 integrantes de su grupo a las autoridades municipales. Las mujeres, cuestionaron que las utilice para votar, pero no para ser votadas, bajo el argumento que las mujeres no están capacitadas para tener ningún cargo.

Por lo pronto, acudieron ante la Defensoría de Derechos Humanos por persecución y atropellos de parte de la autoridad municipal.

Y es que denunciaron que han recibido amenazas de muerte, agredidas verbalmente y psicológicamente, así como de ser hostigadas por un grupo allegado al edil.

“Nosotros presentamos una impugnación porque durante la asamblea del pasado 14 de agosto no se permitió que una mujer compitiera para ser autoridad municipal. Todos fueron hombres y salió electo el señor Ángel Velasco.

“Y es que además de modificaciones de actas y firmas, fue lo que nos motivó a impugnar la elección ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), así como a la Sala Xalapa. Sin embargo, también ha provocado que seamos víctimas de persecución política, de viejas revoltosas no nos bajan y piden cárcel para nosotras”, denunciaron.

“Ellos nos dicen que o nos alineamos o no vamos a tener agua, que nosotras las mujeres no tenemos la capacidad para gobernar”, reveló Bautista Sandoval.

Informó que ya presentaron su queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por lo que se han emitido medidas cautelares a su favor; sin embargo, la Secretaría General de Gobierno no las han cumplido.

Ante la violencia política en su contra exigieron al gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, tomar cartas en el asunto, argumentando que sólo están agotando las instancias que marca la ley.

Y responsabilizaron a las autoridades municipales de esa población de todo lo que les pueda suceder a ellas y a sus familias.

Condenaron que sucedan ese tipo de situaciones, cuando el órgano electoral ha presumido constantemente que las elecciones fueron democráticas y con la participación de las mujeres.

 

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